Bolivia es uno de los países relegados respecto a los avances que se registran en la región sobre el derecho de acceso a la información.
La Paz, 14 de diciembre de 2022 (ANF).- Ramiro Orias, oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso, señaló que en Bolivia si bien hay avances respecto al ejercicio del derecho a la información pública, éstos todavía son parciales, por lo que el gobierno debe ponerse a tono respecto a los grandes avances que se registran en la región y en el mundo.
El jurista hizo un inventario de las normas que existen en el país, respecto al derecho de acceso a la información, como la Constitución Política, el Decreto Supremo N° 28168 del año 2005 en el gobierno de Carlos Mesa y la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de 2017.
“Sí bien esta Ley (974) es un avance, es un avance todavía parcial porque si la institución pública no entrega la información y el ciudadano tiene que reclamar al superior jerárquico que es la misma máxima autoridad ejecutiva de la institución que no está entregando la información, entonces no hay garantías al ser una especie de juez y parte”, dijo a ANF.
Por lo tanto, agregó, se necesita una Ley que establezca autoridades independientes para que supervisen la administración del sistema de acceso a la información pública y que tengan la capacidad de recibir denuncias cuando no se entrega la información de forma oportuna ni con calidad.
Destacó la Ley Modelo Interamericana, elaborada en el espacio de la Organización de Estados Americanos, de la que Bolivia es parte, con recomendaciones de buenas prácticas y estándares internacionales de lo que debe contener una buena Ley, la designación de autoridades independientes, la necesidad de que haya un principio de publicidad activa y que no solamente se espere que el ciudadano pida la información, que se brinde la mayor información posible a través de los portales web y campañas de divulgación.
“Es importante ponerse a tono con los grandes avances que se están dando a nivel internacional para generar gobiernos más transparentes, más abiertos y con mayor capacidad de rendición de cuentas al público a través de este mecanismo”, dijo.
Bolivia es
uno de los países relegados respecto a los avances que se registran en la región sobre el derecho de acceso a la información. Está entre los cuatro países de Latinoamérica sin una Ley de Acceso a la Información Pública y es el segundo de Sudamérica después de Surinam.
Pese a ser estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y haber sido parte de la aprobación de la Ley Modelo Interamericana en su primera y segundo versión, que incorpora estándares de vanguardia y mejores prácticas para la promoción de la transparencia y del derecho de acceso a la información, no da el paso para tener una Ley.
El Gobierno afirma que la normativa existente es suficiente para garantizar el derecho de acceso a la información, pese a que existen serias deficiencias en la atención de solicitudes.
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