La Paz, 25 de abril de 2024 (ANF). - El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que las investigaciones que se desarrollan en Santa Cruz por el caso Terrorismo, apuntan a los supuestos hechos de tortura y vejámenes que se produjeron después del operativo en el hotel Las Américas, del 16 de abril de 2009.
“Estamos en otro caso, nosotros no estamos hablando de lo sucedido el 15 de abril (de 2009). Nosotros estamos investigando, en este caso, hechos sucedidos posteriormente al 15 de abril. Hechos relacionados a torturas y vejámenes. Hechos que se habrían producido en las personas que han presentado la denuncia”, explicó la autoridad.
Hace dos semanas se conoció que el Ministerio Público abrió una investigación por las ejecuciones extrajudiciales en el operativo del hotel Las Américas, donde fallecieron Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer.
El procurador general del Estado, César Siles, aclaró que se reabrió una denuncia que presentaron Elöd Tóásó y Mario Tadic quienes fueron víctimas de torturas y otros hechos de vulneración a sus derechos humanos. El caso radica en la ciudad de Santa Cruz y está a cargo de la fiscal Marioly Torrez.
En ese contexto, la autoridad indicó que existen avances en el proceso de investigación por la comisión de fiscales que se conformó. Ante la consulta de si se convocará al expresidente Evo Morales, Lanchipa insistió que no se investiga el operativo, sino los hechos posteriores a la intervención.
“Simplemente referirles que, en el departamento de Santa Cruz, ya se halla radicada la investigación por torturas y vejámenes, ese caso está siendo adelantado en sus investigaciones a través de una comisión de fiscales que se ha conformado, luego de la reapertura del proceso”, puntualizó.
En un informe de fondo del 21 de diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determino que en el operativo en el hotel Las Américas hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el Gobierno en contra de cinco miembros de un supuesto grupo armado.
A la vez, recomendó al Estado boliviano asumir una reparación integral a favor de las victimas que constaba en la reparación de los daños, iniciar una investigación contra quienes fueron responsables de los vejámenes con el fin de evitar un juico internacional.
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