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Politica

21 de abril de 2017 13:33

Europarlamentarios preocupados por informes sobre la falta de independencia judicial en Bolivia

Los parlamentarios visitaron el país y sostuvieron diferentes reuniones con instituciones y organizaciones. Hicieron un llamado al Gobierno para evitar restricciones a las libertades de prensa y asociación a propósito del caso CEDIB.

IMG_20170421_131430 Los parlamentarios europeos en su visita a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La Paz, 21 de abril (ANF).- Una delegación de parlamentarios europeos terminó su visita a Bolivia expresando su preocupación sobre los informes de falta de independencia judicial; advirtieron que una democracia respeta la separación de poderes y los derechos de los opositores e hicieron un llamado al Gobierno boliviano a evitar restricciones a las libertades de prensa y asociación.

Cinco miembros de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Christian Dan Preda, Joaquim Zeller, Ana Gomez, Francisco Assis e Ignazio Corrao, visitaron Bolivia los días 18 y 20 de abril y sostuvieron diversas reuniones con instituciones y organizaciones.

Al término de su visita, el presidente de la delegación Dan Preda declaró que uno de los objetivos de su llegada al país fue para recoger información sobre los logros del Gobierno y alentar para mejorar aún más la situación de los derechos humanos en Bolivia.

“Escuchamos informes de condiciones difíciles impuestas a varios periodistas y ONGs, por ejemplo contra el CEDIB que ha sido amenazado con el desalojo, y por lo tanto llamamos al gobierno boliviano a evitar restricciones a las libertades de prensa y asociación”, señala el comunicado que emitieron tras los dos días de actividad en Bolivia.

Precisaron que una democracia en funcionamiento requiere de la separación de los poderes, “un poder judicial independiente y el respeto de los derechos de la oposición. Nos preocupaban los informes sobre la falta de independencia del poder judicial, que genera graves repercusiones en el funcionamiento del sistema de justicia”, afirmaron.

Acogieron con beneplácito el plan del Gobierno de reformar el Código Penal y adoptar un nuevo enfoque en relación con el sistema penitenciario, ya que la sobrepoblación en las cárceles y las detenciones preventivas que a menudo duran varios años son motivo de preocupación. Pero lamentaron no haber podido reunirse con el Ministro de Justicia, Héctor Arce, como se había planeado para discutir estos importantes asuntos.

La delegación se reunió con el Ministerio de Relaciones Exteriores, representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre ellos el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Con representantes de la OEA y UNICEF,  partidos políticos, ONGs, asociaciones de mujeres y de un sindicato boliviano de niños trabajadores.

Los europarlamentarios reconocen los “importantes progresos realizados en determinados ámbitos, como los derechos económicos y sociales, la representación de los indígenas en el Parlamento, así como el acceso a la educación, la atención sanitaria y el agua potable”.

Así como la importante representación política de las mujeres en la Asamblea Legislativa, pero que esto “no sustituye la voluntad política necesaria para combatir los feminicidios y la violencia doméstica generalizada” para brindar protección plena a todas las mujeres víctimas de violencia y abuso doméstico y para la promulgación de estrategias de empoderamiento.

Asimismo, manifestaron su preocupación por el trabajo infantil porque “Ningún niño debe trabajar en condiciones peligrosas”, afirmaron, no obstante reconocieron la complejidad del problema vinculado en particular a los niveles de pobreza. Sin embargo alientan al Gobierno a aceptar la asistencia de UNICEF y la OIT en la aplicación de la ley y con vistas a futuras mejoras legales e institucionales.

Las conversaciones con los interlocutores se centraron especialmente en los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres (especialmente la violencia contra las mujeres), las condiciones carcelarias, la libertad de asociación, la situación de la sociedad civil, las reparaciones a las víctimas de la dictadura militar y la independencia del sistema judicial.



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