Mundo, 11 Jul. (ANF).- El Papa Francisco puso en vigencia tres leyes en materia penal y sanciones administrativas, mediante el llamado “Motu Proprio”, que anula la cadena perpetua, introduce nuevas figuras criminales relativas a delitos contra la humanidad y endurece las penas para los casos relacionados con abusos sexuales de menores.
De acuerdo con el comunicado del Vaticano, el “Motu Propio”, que entrará en vigencia el 1 de septiembre próximo, se constituye en una iniciativa exclusiva del Santo Padre, el cual determina que la venta, la prostitución, el reclutamiento y la violencia sexual contra los menores, la pornografía infantil y actos sexuales con menores, sean consideradas bajo la denominación amplia de crímenes contra los menores.
“En nuestro tiempo, el bien común está cada vez más amenazado por la delincuencia organizada y transnacional, el uso indebido de las condiciones económicas y del mercado, así como el terrorismo (…) Por tanto, es necesario que la comunidad internacional adopte instrumentos jurídicos adecuados que permitan prevenir y combatir la criminalidad, favoreciendo la cooperación judicial internacional en materia penal”, señala la Carta Apostólica del Papa Francisco.
El “Motu Proprio” tiene el objetivo de extender la aplicación de las leyes penales aprobadas por la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano también al ámbito de la Santa Sede, el Comunicado de Prensa del Vaticano añade que las leyes penales adoptadas este jueves prosiguen la adecuación del ordenamiento jurídico vaticano, en continuidad con las acciones emprendidas, a partir del año 2010, durante el pontificado del Papa Benedicto XVI.
Las tres leyes aprobadas, que establece normas complementarias en materia penal, enmiendas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal y sanciones administrativas, tienen contenidos aún más amplios, proveyendo la actuación de múltiples convenciones internacionales, entre ellas las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 contra de los crímenes de guerra, la Convención Internacional de 1965 sobre la eliminación de toda formas de discriminación racial; la Convención de 1984 contra la tortura y otras penas, y tratos crueles, inhumanos y degradantes, la Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos del año 2000.
“Hay que señalar la introducción ya producida del delito de tortura y la amplia definición de la categoría de delitos contra los menores, entre los cuales se señalan: la venta, la prostitución, el reclutamiento y la violencia sexual contra los menores; la pornografía infantil, la posesión de pornografía infantil; actos sexuales con menores”, señala el comunicado.
También se han introducido figuras criminosas relativas a los delitos de lesa humanidad, a los que se dedica un título aparte, pues se añade la pena específica de delitos como el genocidio y el apartheid, en el sentido de lo dispuesto en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998, así como se ha revisado el título sobre los delitos contra la administración pública, en relación con la Convención de las Naciones Unidas de 2003 contra la corrupción. “Desde el punto de vista de las sanciones, además, se decidió abolir la pena de cadena perpetua, reemplazándola con la pena de prisión de 30 a 35 años”, indica el documento.
De acuerdo con las últimas directrices en ámbito internacional, explica el comunicado, se ha introducido también un sistema de sanciones a cargo de las personas jurídicas, en todos los casos en que éstas aprovechen de actividades criminosas cometidas por sus órganos o dependientes, estableciendo en ellas una responsabilidad directa con sanciones de interdicción y pecuniarias.
En cuanto a las disposiciones de procedimiento penal se han introducido los principios generales de un juicio justo en un plazo razonable y la presunción de inocencia del imputado, pues se han potenciado los poderes cautelares a disposición de la autoridad judicial (con la actualización de la disciplina de confiscación, potenciada por la introducción del bloqueo preventivo de bienes).
Se destaca dentro del que “un sector muy importante de la reforma concierne a la reformulación de la normativa relativa a la cooperación judicial internacional, de antigua fecha, con la adopción de medidas de cooperación adecuadas a las convenciones internacionales más recientes”.
El Vaticano informó, también, la ley en materia de sanciones administrativas tiene carácter de normativa general, al servicio de disciplinas particulares que, en las distintas materias, preverán sanciones destinadas a favorecer la eficacia y el respeto de normas para la tutela de los intereses públicos.
Estarán sujetos a las nuevas normas todos los funcionarios vaticanos y empleados de la curia, además del nuncio apostólico, el personal diplomático de la Santa Sede y todos los empleados de organismos e instituciones relacionados con el gobierno de la Iglesia.
La decisión del Papa se produce después de que, el pasado lunes, el Comité de los Derechos de la Infancia de la ONU urgiera por primera vez al Estado de la Ciudad del Vaticano a que diese explicaciones detalladas sobre los abusos sexuales y la violencia cometidos contra niños en el seno de Iglesia católica. El Vaticano tendrá que responder por escrito antes del próximo mes de noviembre a una serie de preguntas elaborados por expertos de la ONU.
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