Un grupo de personas compran ropa usada en la feria de la 16 de Julio. Foto: El Diario
La Paz, 16 de abril (ANF).- Ante la intención del Gobierno de transferir a las alcaldías el control, sanción y decomiso de prendería usada, los ropavejeros reiteraron su interés de tributar por sus productos y así evitar que su rubro desaparezca. En caso de que el Gobierno no tome en cuenta el pedido de “regularizarse” en el mercado, la dirigente máxima del sector, Elizabeth Verástegui, amenazó con protestas a nivel nacional.
“A lo largo de estos años siempre hemos querido regularizarnos, pero nunca nos han escuchado y ahora el Gobierno habla de un proyecto de ley para que las alcaldías hagan los controles y no sabemos qué tipo de controles. Por eso queremos un diálogo para ser parte de la reglamentación y estamos dispuestos a tributar para que no nos traten como a delincuentes ni decomisen nuestras prendas”, afirmó a ANF.
De acuerdo a Verástegui, las más de 250 mil familias a nivel nacional que se dedican a vender prendería usada están preocupadas de quedarse sin fuentes de empleo, ya que sus bases temen que los municipios, en caso de hacerse cargo del control, les quiten “sin piedad” sus productos.
“Somos más de 250 mil familias a lo largo y ancho del país, sin contar a las personas que por falta de empleo y necesidad venden ropa usada en calles y áreas rurales. Nuestro sector está absorbiendo a la mayor parte de los desocupados del país y por eso este rubro no puede eliminarse. Por eso nos hemos declarado en emergencia”, sostuvo.
Ampliado de emergencia
La dirigente señaló que el próximo martes sostendrán un ampliado de emergencia en Oruro en el que participarán los representantes de los nueve departamentos y donde decidirán las futuras acciones en defensa de sus fuentes de ingreso.
“Está bien que haya control para evitar que la basura ingrese al país, pero se debe especificar qué tipo de controles harán las alcaldías. Porque nosotros no podemos quedarnos sin trabajo porque sabemos que nos van a quitar sin motivo nuestras prendas. Eso nos tiene que aclarar bien el Gobierno, es su obligación porque hasta ahora desconocemos ese proyecto de ley”, dijo.
Entretanto, la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, declaró el jueves que la intención del Gobierno con el proyecto de ley solo busca deslindarse de responsabilidades y por ello quiere asignar esa labor a los municipios.
“Si quieren delegar otros trabajos, también deben delegar nuevos recursos para poder cumplir. Porque implica hacer seguimiento, contratación de personal y varios otros aspectos” aseveró.
El proyecto de ley
La anterior semana, el vicepresidente Álvaro García Linera informó que el Órgano Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que modifica la ley de Autonomías y otorga a los municipios la responsabilidad de controlar, sancionar y decomisar la venta de ropa usada en el país.
La importación de ropa usada está prohibida en Bolivia desde 2006, pero se la condicionó a una reconversión productiva de las personas que se dedican a esta actividad, es decir los ropavejeros tenían que ser capacitados en otros rubros, empero la propuesta no avanza hasta la fecha.
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