La Paz, 02 ago (ANF).- Las colas y bloqueos de amas de casa y garrafas exigiendo suministro de gas licuado de petróleo (GLP) serán historia, aseguran en el gobierno. Sin embargo, ya podía haber sido historia desde hace cuatro años, puesto que en agosto del 2009 debía estar produciendo gas licuado de petróleo la separadora de Río Grande.
El 14 de julio del 2008, con la participación del Jefe de Estado, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, actual presidente de YPFB, se suscribía el contrato con la sociedad boliviano-argentina Catler-Uniservice.
Ese día se anunció para agosto del 2009, justo cuatro años atrás, el inicio de la producción. Pero aunque ni se comenzaron las obras, sí se depositaron millones de dólares en cuentas de empresas que ni relación contractual tenían con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Cuatro años después, con una inversión distinta, 156 millones de dólares financiados por el Banco Central de Bolivia (BCB), comienza la producción de GLP que liberará al país de la importación y, lógicamente, del costo, pues el combustible se compra a precio internacional.
En la planta separadora de licuables del flujo de gas natural que se exporta a Brasil el país invirtió 168,10 millones de dólares, desde los primeros estudios 4,10 millones, la construcción desde el diseño 159,46 millones y la supervisión 4,54 millones.
La construcción de la planta estuvo a cargo de la argentina estatal Astra Evangelista SA (AESA) bajo la fiscalización de la nacional BOLPEGAS.
La mayor producción de GLP debió ocurrir ya en el 2009. Sin embargo, denuncias de “corrupción” que llevaron al entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, a la cárcel, impidieron que el proyecto primigenio marche.
A poco más de seis meses de la firma del contrato YPFB-Catler-Uniservice ocurrió un asalto y el asesinato del dueño de la socia privada boliviana, Uniservice, Jorge O´Connor D´Arlach en un barrio de La Paz.
Este hecho delictivo destapó varios hechos de “corrupción”, como en su momento lo calificaron tanto en la petrolera estatal como en el Ministerio de Transparencia. Dejando una cuenta sin cobrar de varios millones de dólares, pues, YPFB abrió una carta de crédito a nombre de Gulsby, con la que no tenía ninguna relación contractual. //JTI//Jlc//
