JAIME LOAYZA ZEGARRA
La Paz, 3 Nov. (ANF).- La apertura a un proceso de concertación sobre el pacto fiscal es incierta y muy complejo de encarar, porque el gobierno difícilmente podrá acceder a este debate, debido a que está claro que las finanzas públicas o los ingresos fiscales son insostenibles en el mediano y largo plazo, señalaron por separado los analistas económicos, Oscar Heredia y Armando Méndez.
Heredia señaló que las regiones que fijaron expectativas en el Censo de Población y Vivienda 2012 para recibir mayores ingresos por coparticipación, tendrán que esperar hasta pasadas las elecciones de 2014, debido a que abrir un debate de pacto fiscal en este momento afectaría políticamente al gobierno del presidente Evo Morales, en cuya administración de siete años y nueves meses multiplicó en seis veces el Presupuesto General de la Nación a comparación del año 2005, gracias a los nuevos contratos con las empresas petroleras extranjeras.
“La población se dará cuenta que las finanzas públicas son altamente dependientes de la renta extractiva, es decir, por las ventas de gas y minerales. Nadie sabe hasta cuándo tendremos reservas de gas asegurado, pues si estas se acaban la economía estatal se iría a pique”, dijo Heredia, a tiempo de señalar que otro factor que impedirá un pacto fiscal es la ampliación del universo de contribuyentes.
Manifestó que en un debate así, cada región podría plantear su manera de generarse recursos económicos, en aplicación a la Ley Marco de Autonomías, tomando en cuenta que el Ejecutivo por un cálculo político impedirá incorporar a otros sectores de la economía informal, que no tributa
PRIMERO EVALUACIONES: Por su parte, el analista económico y ex presidente del Banco Central de Bolivia, Armando Méndez, dijo que el debate del pacto fiscal no es una novedad, pues fue planteado hace diez años por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Recomienda que antes de encarar cualquier proceso de debate y diálogo, se haga primero una evaluación del comportamiento de los presupuestos aprobados y de los presupuestos ejecutados de los últimos diez años, que servirá de base para buscar el mejor mecanismo de consenso.
“Este resultado reflejará los problemas y las posibles soluciones, pues de lo contrario será puro discurso político. “El pacto fiscal es algo difícil que debe ser evaluado sobre lo que se hizo hasta ahora y qué es lo que se va hacer en adelante. Hacer de esto un hecho inminentemente política como lo harán las regiones, sólo convertirán este tema muy delicado en un discurso político. El Pacto fiscal debe ser evaluado previamente para luego encarar la construcción de una nueva metodología que será la base central para hacer el Presupuesto General del Estado a partir de adelante”, dijo Méndez.
Considera que el pacto fiscal es hablar en el fondo de cómo se hará en adelante un presupuesto público de la Nación, que responde a la política fiscal que cada gobierno tiene como el caso de Bolivia. El lugar donde se lo discute en una sociedad democrática es en la Asamblea Legislativa, pero también debe haber un debate entre las nueve gobernaciones y los 339 municipios del país.
COCALEROS: Oscar Heredia advirtió que algunas regiones podrían plantear por ejemplo la incorporación de los cocaleros al sistema de tributos, tal como surgió en Cochabamba, donde la coca del Chapare, mueve decenas de millones de bolivianos en negocios que ni siquiera con controlados por el gobierno.
Dijo que se abriría un caos en la discusión, porque incluso los municipios propondrían manera de financiar sus ingresos, algo que es de competencia exclusiva del gobierno central a través de la coparticipación tributaria, emergente del impuesto indirecto a los bolivianos: “Llevar al país a un debate sobre pacto fiscal sería grave políticamente para el gobierno; así que haber puesto un plazo de seis meses para generar una propuesta fue un mal cálculo político del MAS porque de hecho podría convertirse en una bandera electoral”.
Señaló que la venta de recursos naturales nunca da sostenibilidad financiera a largo plazo, porque algún rato se acabará o finalmente pueden desplomarse las cotizaciones internacionales, por tanto, los ingresos fiscales caerán poniendo en aprietos al gobierno porque tendrá que darse maneras para financiar los ingresos que pueda acordar un pacto fiscal.
Explicó un pacto fiscal supone incorporar una previsión hacia adelante ante una eventualidad de esa naturaleza y la única posibilidad es ampliar el universo de contribuyentes que significa incorporar a más agentes económico al sistema de recaudaciones impositivas, y esto puede afectar a sectores informales como los gremiales o cuentapropistas que no tributan y si lo hacen, aportan poco.
Señaló, también, que los actuales ingresos provienen de regalías por hidrocarburos, minería y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que tiende a agotarse y sus ingresos de distribución dependen de las cotizaciones internacionales. “Aquí se ve que hasta la aparente bonanza financiera es un espejo que puede quebrase en cualquier momento”, acotó.
Aseguró que el mismo gobierno se puso “chalecos de fuerza” con el pago de bonos, renta dignidad que dependen de los recursos del gas y de los impuestos tributarios que no alcanzarían a cubrir una nueva distribución fiscal.
Dijo que el mismo sistema impositivo ya no corresponde a la realidad, porque fue concebido durante una época neoliberal y debería ser ajustado para que todos los bolivianos paguen de acuerdo a su capacidad económica, y en ese plano, se haría necesario incorporar a los gremiales, algo que el gobierno lo hará por un cálculo electoral.
Explicó que el actual sistema tributario además de fomentar la evasión no es equitativo ni universal y si se cayeran las cotizaciones internacionales, las recaudaciones por impuestos al Valor Agregado, a las Transferencias, RC-IVA, sobre Utilidad de las Empresas se caerían también.
La capacidad recaudadora del país es insuficiente e ineficaz hasta cobrar la deuda tributaria, por tanto, un debate sobre pacto fiscal solo afectaría al gobierno que no estará dispuesto a enfrentarlo por los costos políticos que le significará, manifestó finalmente.
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