La Paz, 17 May. (ANF).- “Es necesario un pacto social para fomentar la actividad económica en el país, a la que el sector privado está dispuesto a aportar con su ímpetu y experiencia, para encontrar las mejores soluciones de consenso, que permitan lograr la paz social, fundamental para el desarrollo económico del país”, afirman los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio en su pronunciamiento dado a conocer en la ciudad del valle.
En su evaluación, reiteran que el sector privado empresarial es un actor central en la economía nacional, puesto que aporta con dos tercios del Producto Interno Bruto (PIB), contribuye en forma importante a la inversión total, producción y la generación de empleo digno en el país.
En ese contexto, ponen de manifiesto su profunda preocupación “por el deterioro de la paz social, que afecta el clima de negocios, la economía y las inversiones en los nueve departamentos”.
“Las medidas que asume el Gobierno Nacional producto de la negociación con los diferentes actores económicos y sociales del país, en materia salarial, laboral, tributaria, pensiones, inversiones y otras, deben precautelar la sostenibilidad de las actividades económicas y las finanzas públicas, evitando generar déficit fiscal, que afecte la actual situación macroeconómica del país”, señalan en su pronunciamiento.
También dan cuenta que actualmente, en el marco de la Nueva Constitución Política del Estado, “el Gobierno viene aplicando políticas públicas y aprobando normas jurídicas sin un amplio consenso con el sector privado, que afectan el desempeño empresarial, comprometiendo el presente y el futuro de la sostenibilidad económica por el incremento constante de los costos para el sector formal”.
PLANTEAMIENTOS: La reunión de los presidentes de todas las cámaras de comercio del país, pone en el tapete de la discusión nueve propuestas con el propósito de afianzar el aparato productivo nacional y precautelar, fundamentalmente, por la sostenibilidad de los empleos garantizando la actividad privada.
“Apoyamos la política de formalización y universalización en materia tributaria, puesto que es imperioso que el Gobierno busque asegurar la estabilidad de las finanzas públicas, mediante un sistema tributario eficiente, equitativo, proporcional, simple y estable”, da a conocer en un primer punto.
También considera que la Ley de Inversiones debe ser un medio que proporcione condiciones favorables a la iniciativa empresarial privada, elaborada en consenso con el sector empresarial.
Afirman que las políticas públicas destinadas a proteger mercados vulneran los principios de igualdad de oportunidades de participación en el mercado y disminuyen el bienestar de la sociedad en su conjunto.
También plantean la necesidad de proteger y ampliar la política del “Hecho en Bolivia” complementada por el “compre lo formal”, además de generar escenarios de mayor participación y coordinación entre el sector público y privado en la definición de las políticas públicas y normativas jurídicas conducentes a lograr el fomento a la inversión, el crecimiento y la generación de empleo para contribuir al bienestar colectivo del país.
También observan como necesario impulsar medidas de desburocratización y simplificación de trámites junto a los incentivos para la formalización de la economía.
En ese marco, sostienen como “necesario establecer una estrategia aduanera en las fronteras con las repúblicas de Argentina, Perú, Chile, Brasil y Paraguay, puesto que la informalidad invadió con sus productos el mercado, destruyendo las posibilidades de crecimiento de la industria nacional”.
De la misma manera, postulan que es necesario el fortalecimiento de las zonas francas para que sean instrumentos de desarrollo y atracción de inversiones.
Finalmente, proponen al Gobierno central asegurar la provisión de energía “mediante la diversificación de la matriz energética con un necesario equilibrio entre las inversiones y la protección del medio ambiente”.
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