Javier tiene 45 años, es delgado, camina despacio para no fatigarse; un silbido siempre resuena en su pecho y se combina con su fatigosa tos. “Tengo el mal de mina”, dice. Su vida como minero empezó a los 14 años, en las cooperativas que operaban en el distrito de Huanuni. Huérfano de padre, solo le quedó esa opción para ayudar a su mamá y a sus tres hermanos menores. Hoy, Javier es jubilado de la Empresa Minera Huanuni, ingresó a la estatal luego del conflicto de 2006 que dejó 16 muertos.

La falta de insumos de protección y ausencia de políticas de prevención se combinaron para garantizar la enfermedad de la silicosis en Javier, así como en miles de trabajadores de interior mina que se ganan la vida extrayendo mineral mientras respiran el polvo de sílice, micropartícula responsable de la silicosis; esta enfermedad pulmonar es prevenible, pero cuando inicia no se detiene, y no tiene cura.

Pese a ser Bolivia un país tradicionalmente minero y que vive de la minería, los gobiernos de turno no se preocuparon por precautelar la salud de este sector. Un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1970 estableció que por cada 100 mineros 25,5 tienen silicosis en Bolivia, en Chile 4,2 de cada 100 y en Perú 3,7. Al 2022, 52 años después del estudio de la OIT, un promedio de 30 de cada 100 trabajadores mineros bolivianos evaluados tiene silicosis, según datos de la Caja Nacional de Salud (CNS).

En 1995 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establecieron el Programa Global de Erradicación de la Silicosis a cumplirse hasta 2030. Perú y Chile desde 2009 cuentan con un Programa Nacional de Erradicación de Silicosis, mientras que Bolivia desde 2022, pero aún sin ejecución.

“La anterior gestión ya hemos hecho el Plan Nacional de Erradicación de Silicosis que lo hemos tenido bastante descuidado, en este momento está siendo revisado por la OPS (Organización Panamericana de la Salud)”, dijo a ANF Luis Fernando Céspedes, jefe de la Unidad Técnica de Medicina del Trabajo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO) en 2023. 

El Plan aún no es de conocimiento ni divulgación en el sistema de salud como lo evidencia Janeth Flores, jefa de la División Nacional de Medicina del Trabajo de la Caja Nacional de Salud, que tiene entre sus asegurados a un 20% de trabajadores mineros.

“En general, el Estado Plurinacional de Bolivia no tiene un Plan de Erradicación (de la silicosis), pero como Caja hemos empezado el 2022 un Plan de Disminución de la Silicosis y en nuestro tercer año tratamos de tener un programa, y son distintas las variables que necesitamos, como laboratorios, expertos profesionales higienistas, médicos del trabajo, equipamiento e infraestructura, entonces se requiere todo eso que al momento no se lo tiene”, refirió.

Flores indicó que este plan debería ser nacional y no solo de la Seguridad Social, y tendría que involucrar al INSO, institución que debería llevar la batuta, los ministerios de Minería, Medio Ambiente, Trabajo y Salud, pero “actualmente Bolivia no tiene una política como tal y tampoco está en esas vías”.

El INSO nació en 1962 para dar respaldo sanitario a los trabajadores mineros, y por los años 70 y 80 se constituyó en un referente y propulsor de la Salud Ocupacional en Latinoamérica, sin embargo, tras el decaimiento del auge de la minería el INSO perdió fuerza y “quedó prácticamente dormido”, sobre todo por la falta de recursos al ser una entidad descentralizada, refirió Céspedes.

Destacó que en los dos últimos años el INSO ha ido cobrando fuerza retomando contactos con la OIT y la OPS y hoy cuenta con asesoramiento internacional para aplicar los planes para contrarrestar la silicosis.

Varios factores concurren para que la silicosis, en lugar de reducir, haya ido en aumento y sea prácticamente imposible cumplir con la meta de erradicación al 2030, como lo reconoce el propio presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Reynaldo Pardo: “Si la normativa indica que a esa fecha se tiene que tener silicosis cero, un poco lo dudo”. Pardo aclara que Comibol como corporación tampoco cuenta con un programa de erradicación de la silicosis.

Ausencia de una política nacional, sin datos sobre la cantidad exacta de mineros enfermos, desconocimiento del impacto en el sistema de salud y en la economía, condiciones laborales desfavorables e incumplimiento de recomendaciones sanitarias, insuficiente cantidad de especialistas y equipamiento, y factores culturales han contribuido a estancar el avance en la lucha contra esta enfermedad prevenible.

Factores culturales

“En Huanuni antes nos daban el bono de insalubridad de 670 bolivianos a cambio de nuestros pulmones, ahora no hay nada”, recuerda Javier. Señala con resignación que los mineros saben que se exponen a contraer silicosis y otras enfermedades. No son conscientes que esta enfermedad es prevenible o “nunca quieren reconocer que tienen esa enfermedad”, dice el presidente de Comibol sobre los trabajadores.

Céspedes explicó que, de acuerdo a las recomendaciones, en caso de silicosis o sospecha de ésta, se debe cambiar al trabajador a otro puesto laboral y se deben hacer controles para que la enfermedad no avance, pero el paciente “muy difícilmente va a querer cambiar su puesto de trabajo, porque probablemente sea el único oficio que sepa hacer, entonces la recomendación laboral no la cumple, el uso de los equipos de protección muchas veces tampoco”.

A los controles anuales de neumología “nunca más va, para nada”, entonces, “hay informalidad de parte del trabajador o del paciente al que se le detecta silicosis; son muy pocos los que dicen: ‘tiene razón, para que no se afecte mi pulmón iré a otra área y haré mis controles’”. 

La informalidad en la salud es mayor en las cooperativas mineras, y Mauricio Guzmán, viceministro del sector, dio fe de ello en junio de la gestión pasada. “Actualmente no tenemos un dato exacto (de trabajadores con silicosis) porque hemos descuidado este tema, y no solo el Ministerio de Salud (lo ignora), sino también las federaciones departamentales y regionales de las cooperativas”.

Guzmán indicó que con el INSO vienen realizando coordinaciones para afrontar los casos de silicosis que han venido en aumento. Dijo que se realizará un trabajo científico y estadístico para saber con exactitud la cantidad de trabajadores afectados.

Por temas culturales, incluso muchos trabajadores no usan los elementos de protección personal y algunos mineros tratan de “niña” a sus similares cuando usan sus implementos. “Pareces mujercita, pareces niña, cubriéndote todo, yo trabajo así nomás”.

Polvo, humedad, gases tóxicos, disparos (perforación y uso de explosivos) afectan al trabajador minero y le es muy difícil utilizar los filtros, dice el exejecutivo del Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni, Ronald Mamani.

Indica que en algunos sectores es imposible usar los filtros por las altas temperaturas o el agua que moja como ducha e inhabilita los equipos, mientras que el trabajador tiene que aguantar así toda la jornada, “haciendo daño a los pulmones por el sobreesfuerzo que hace al inhalar el aire”.

Mantener la salud en la mina se complica debido a que año tras año se ingresa más hondo y “mientras más profunda, es más difícil respirar”. Las chimeneas para el aire no llegan a esas profundidades.

De acuerdo a norma, las actividades de prevención se realizan en tres ámbitos: en el lugar de la perforación, en el ambiente y en el trabajador. La perforación se la debe realizar acompañada de agua para evitar la dispersión del polvo; en el ambiente se debe garantizar la ventilación con chimeneas y otros medios; y, para el trabajador se debe realizar capacitaciones sobre el uso de elementos de protección personal y crear una cultura de prevención, “que asista al sistema de salud a sus evaluaciones periódicas y no solo cuando esté enfermo”. Pero los resultados actuales hablan por sí solos.

Sin datos para tomar decisiones

En Bolivia el INSO realiza estudios sobre silicosis y evalúa a potenciales enfermos para el tema de bajas médicas. El sector asegurado atiende a sus afiliados de las mineras estatales y de las cooperativas y realiza exámenes de detección. No existe una entidad pública que centralice todos los datos, por lo tanto, no se conoce la cantidad exacta de enfermos con silicosis y el grado de desarrollo de la enfermedad. Además, hay un amplio sector informal no regulado.

“Datos precisos y oficiales todavía no tenemos, porque hemos tenido un problema de descentralización de la información, porque mucha de esta información o se queda en la cooperativa o se queda en las Cajas y muy pocas veces nos llega al INSO, pero estamos trabajando en ello”, refirió Céspedes.

Por la falta y pérdida de datos es imposible valorar el impacto económico de la silicosis en la CNS y en las empresas y cooperativas, al igual que establecer la tasa de mortalidad, dijo en una entrevista con ANF el jefe de la Unidad de Medicina del Trabajo de Oruro, Ronald Cahuana, quien dirige una de las unidades de Medicina del Trabajo mejor implementadas del país.

En Oruro, de acuerdo al Control Periódico de Salud 2022 de la CNS, hay 1.639 trabajadores mineros con silicosis, lo que equivale al 32,6%. 

“Del sector de las empresas privadas hemos encontrado 23 trabajadores que corresponde al 30,7%; del sector de empresa minera estatal (Huanuni) tenemos 1.182 trabajadores con silicosis, el 42%; y, del sector cooperativista 434 trabajadores, un porcentaje de 20,3%”, informó Cahuana.

Para este reportaje se pudo acceder a datos de CNS, de evaluaciones realizadas a cooperativas y empresas estatales afiliadas, donde hay tasas de prevalencia que llegan al 60%.

El exdirigente de Huanuni, Ronald Mamani, indicó que muchos trabajadores no quieren jubilarse al ser detectados con silicosis o alguna otra enfermedad profesional debido a que, luego de cumplir los 65 años, el monto de la renta que perciben cae drásticamente. “Evidentemente en este momento puedes acogerte a la jubilación por riesgo y dejas de trabajar, pero los aportes para la jubilación de vejez ya no existen y quién puede vivir a estas alturas con 500 bolivianos”, señaló.

Dijo que, viendo estos antecedentes, los mineros prefieren seguir trabajando hasta que les dé la edad y las fuerzas. “Son 35 años de trabajo que yo debo de cumplir, aportando en interior o exterior mina, pero debo aportar a la AFP (hoy Gestora), y lo peor es que desde hace dos gestiones ya no se llega a tener un resultado favorable mediante Medicina del Trabajo, todos los trabajadores que se someten al catastro pulmonar dan como resultado un 15% (de afectación al pulmón) cuando la realidad no es esa, apenas están caminando”. 

Especialistas y equipamiento insuficiente

En Bolivia solo hay 60 Médicos del Trabajo para atender a los mineros asegurados y que se encuentran formalmente establecidos. En la CNS aproximadamente el 20% de los afiliados son trabajadores mineros, de 1,5 millones (unos 300.000), para los cuales solo hay 29 médicos.

“De estos 60 médicos obviamente tenemos ya algunos que están jubilados, otros que se dedican netamente al sector de evaluación de invalidez y operativos en Cajas; en el sector no debemos llegar ni a los 30 o 40 que se dedican a hacer controles en minería”, señaló Céspedes.

La poca cantidad de profesionales y las distancias en que se encuentran los centros mineros hace muy complicado el trabajo para las detecciones. Céspedes refiere, como ejemplo, que al ir a Colquiri es difícil trasladar a los 900 mineros al centro médico. “Muchas veces optamos por ir al lugar, y el hecho de que el médico viaje con el equipo de rayos X es una limitante. Por día podemos atender entre 30 a 50 trabajadores, así que el número de personal para hacer la detección no está siendo el adecuado a nivel Bolivia”.

Cahuana indicó que atender a 3.086 trabajadores mineros asalariados, cooperativistas y de empresas privadas en Oruro, en dos gestiones, “fue una tarea titánica”, pero departamentos como La Paz, Potosí y Cochabamba donde hay más mineros afiliados están mucho menos equipados que Oruro.

Un Instituto que no avanza

En septiembre de 2019, el senado aprobó la ley de transferencia a título gratuito de un terreno de la gobernación de Oruro a favor de la CNS, con destino exclusivo para la infraestructura del “Instituto Nacional de Silicosis Oruro”, hoy Instituto de Medicina de Trabajo. Cuatro años después, el predio permanece cercado, pero sin ningún tipo de construcción.

“Estamos esperando que salga el reglamento de esta Ley para que podamos cumplir el sueño de contar con un Instituto que permita hacer análisis a gran escala de todo el occidente de Bolivia, con datos de accidentabilidad, de prevalencia, de incidencia de enfermedades profesionales”, señaló Cahuana en una anterior entrevista.

Refirió además que se requiere implementar laboratorios para toxicología y con capacidad para valorar el tipo de tierra, “porque de las variedades de sílice que existen en la superficie, hay dos que generan por teoría la enfermedad de la silicosis”.

“Necesitamos valorar el tipo de tierra, el tamaño de las partículas y demás, porque si en todo Oruro contamos con gran cantidad de esos dos tipos de partículas, realmente sería muy riesgoso el trabajo de minería, pero todo eso queda en mera suposición” sin el estudio.

Qué dice el plan nacional

Céspedes explicó que, de manera general, en el Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis se contempla hacer mediciones sobre la calidad de aire que debe tener toda el área de trabajo en la mina; identificación y prevención de riesgos, niveles de ventilación y cantidad de agua para perforar.

“En la parte técnica, establecer los límites hasta cuánto podría no causar daño la sílice, un límite permisible, también queremos establecer un criterio de valor nacional, porque los que utilizamos ahora son de referencia internacional”, apunta.

En la parte médica, dice, se debe hacer un examen antes, durante y después a todos los mineros para verificar si son susceptibles a sufrir silicosis y qué cuidados hay que tener; un control por lo menos una vez al año con placas de rayos X, con valoración de espirometría, valoración de especialista, para detectar de manera precoz, es decir, “ni bien está empezando la silicosis o intentando iniciar la silicosis, intervenir para que ya no desarrolle, y en el último, si ya tiene una silicosis establecida, darle opciones terapéuticas para que la repercusión disminuya y la afectación a la salud no vaya a ser alta”.

Incluso, dijo, cuando un minero a sus 55 años se retire y no tenga silicosis, “hay un lapso que vamos a dar para ver si realmente no desarrolla la enfermedad, porque no es algo que se desarrolla de un día al otro, es algo que con los años se va haciendo”.

El 27 de febrero, en la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2023, Céspedes informó que el Plan Nacional de Erradicación de Silicosis “se está todavía puliendo para su implementación”, pero la investigación de incidencia de la silicosis del INSO muestra que cada año se diagnostican alrededor de 650 nuevos casos de sectores que no pertenecen a la seguridad social. “Si vamos a la seguridad social, seguramente este número va a aumentar”, dijo.

Javier dice que le hubiera gustado que los controles sean más rígidos en su época de trabajador, que alguien le hubiera advertido. Cuando joven ingresaba a los yacimientos del Posokoni luego de los disparos de los mineros, bajo una nube de polvo que no permitía ver nada, para acarrear el mineral en su condición de “jucu”. En ese entorno no había posibilidad de control. Como perforista tampoco se cuidó mucho. Hoy se lamenta y siente que es una carga para su familia.