Imagen ilustrativa . Foto: Internet
La Paz, 12 de mayo (ANF).- De
acuerdo a la normativa nacional los menores de seis años pueden vivir en las
cárceles de mujeres junto a sus madres, pero está prohibido que vivan en los
penales de varones, aunque la realidad vulnera el Código del Niño Niña y
Adolescente.
Según cifras oficiales 615
menores viven en las cárceles del país. Las normas establecen que los niños y
niñas deben permanecer de manera prioritaria con el progenitor o progenitora
que se encuentra en libertad, no obstante, si ambos están recluidos podrán
mantenerse con la madre hasta los seis años.
A partir de la promulgación del
Código Niña Niño Adolescente (NNA) el año 2014, queda terminantemente prohibida
la presencia de menores en centros de adultos, sin embargo, a la fecha no se
logró generar un programa de intervención que permita su retiro paulatino,
pacífico y coordinado.
De acuerdo a Régimen
Penitenciario, hasta febrero de este año, 615 menores de edad convivían con sus
padres y/o madres en las cárceles del país; 420
en La Paz; 99 en Santa Cruz y 55 en Cochabamba; 550 niños son menores de
seis años y 132 mayores de seis, quienes deben salir de las cárceles. Pero las
cifras no oficiales siguen apuntando a un número mayor a 1.000 que viven
expuestos a violencia física, emocional y psicológica.
Cárcel de mujeres de Obrajes . Foto: ANF
Niños en cárceles de mujeres:
atacar la causa del problema
La activista en derechos humanos
Marisol Quiroga se plantea una interrogante al momento de analizar la situación
de las mujeres madres en las cárceles en
relación con sus hijos. “¿Por qué las mujeres están en las cárceles?”,
cuestiona, para quien ahí está el origen del problema.
Sostiene que desde una
perspectiva de derechos humanos el dilema no es sacar o dejar a los niños y
niñas con sus madres, porque en ambos casos se violentan los derechos de los
menores.
“Si los dejamos ahí adentro los
niños van a cumplir una pena privativa de libertad junto a sus madres,
entonces, les estamos quitando el derecho a la libertad que ellos tienen. Si
los sacamos y dejamos a sus madres ahí dentro, estamos rompiendo el derecho del
menor a vivir con su familia, y ese es un derecho humano fundamental para el
desarrollo de los niños”, asegura Quiroga.
Pero además, afirma que el
problema de fondo es que el Estado y la sociedad deben analizar soluciones para
que las mujeres y sus hijos no estén en una situación de privación de libertad,
más aún porque en la mayoría de los casos las mujeres están acusadas por
delitos de bagatela como hurto sin agravante, deudas menores, la Ley 1008,
delitos contra la propiedad, entre otros.
La profesional sostiene que esas
mujeres denunciadas por delitos menores “no deberían estar privadas de
libertad”, lo que exige un cambio en la forma de ver y encarar la problemática.
“Veamos el principio de ponderación, ¿cuántos bienes jurídicos estamos
vulnerando por una mínima cuantía?", vuelve a cuestionar.
Reclama que la administración de
justicia no aplique medidas sustitutivas a la detención preventiva como la
detención domiciliaria o el pago de garantías que están vigentes en el país.
Las autoridades jurisdiccionales,
en el marco del sistema penal, al momento de decidir la situación jurídica de
las mujeres deben tomar en cuenta el “principio de prioridad social”, es decir
si hay niños al cuidado de estas mujeres se debiera aplicar las medidas
alternativas.
La experta en DDHH cuenta que
hace cuatro años más o menos, de acuerdo a ley, se intentó sacar a los niños
mayores de 6 años de las cárceles, para lo cual se planteó construir una casa
para los menores en la cárcel de Obrajes.
El proyecto pretendía ofrecer
infraestructura adecuada para los menores, con espacios de recreación, comedor,
ambientes de aseo, de descanso, pero los niños no quisieron dejar a sus madres.
“Cuando se les dijo que no irían con sus madres, ellos dijeron que no,
comentaron que preferían dormir en los pasillos a estar sin sus progenitoras”,
comenta.
En Bolivia no hay penales que
tengan las condiciones de vida digna para los niños y niñas, todos han sido
adaptados, en su mayoría no existen guarderías, no hay programas educativos ni de salud,
situación que no mejora la calidad en el crecimiento de los menores.
Quiroga apunta a la necesidad de
una política criminal que oriente en los motivos por los que las mujeres
delinquen, “lo hacen porque hay una situación económica precaria”, por eso
están generalmente involucradas en los delitos a la propiedad, en su mayoría no
son autoras si no encubridoras, ya sea de sus parejas, familiares y otros,
argumenta.
Sólo el 12% de las mujeres tienen
sentencia, denuncia la Oficina Jurídica de la Mujer con sede en Cochabamba, esta
retardación de justicia desemboca en que deban permanecer más tiempo con sus
hijos en las cárceles y sean más propensas al abandono de sus parejas o sus
familiares.
Las mujeres madres intentan crear un ambiente familiar en el
penal, trabajan de lavanderas, hacen artesanía, y otras laborales para mantener
y hacer estudiar a sus dependientes, ya que el Gobierno otorga un pre diario de
Bs. 8 al día.
Cárcel de Palmasola . Foto: Archivo Correo del Sur
Niños en cárceles de varones:
mayores niveles de vulnerabilidad
El Código del Niño Niña y
Adolescente prohíbe la presencia de menores en los centros penitenciarios de
varones, una disposición que no se cumple porque hay padres que tienen la
tutela de sus hijos.
La norma es clara: “En forma
excepcional, la niña o niño que no alcanzó seis (6) años de edad podrá
permanecer con su madre, pero en ningún caso en los establecimientos
penitenciarios para hombres”.
El argumento es que “en las
cárceles de varones hay mayores niveles de vulnerabilidad. El Código es claro y
nos dice que solamente las madres puedan vivir con sus hijos, (pero) también en
las cárceles hay padres que por diferente circunstancias se han visto con la
tutela y guarda de sus hijos”, dice Quiroga.
El tema es una disyuntiva latente
para las autoridades y para la sociedad. Entre mantener o sacar a los menores
de las cárceles. Su permanencia en los recintos es una permanente vulneración
del derecho a la seguridad porque están expuestos a riesgos, sobre todo en las
cárceles de varones.
Pero por otro lado “no se puede separar a un padre
de sus hijos, es una violación al derecho a vivir en familia y crecer en un
entorno de amor, cariño y protección. El Estado también debería dar una mirada
a estos casos especiales de padres con niños en las cárceles. Ver la situación
jurídica de estos padres, cuántos podrían obtener la libertad”, refiere.
Imagen ilustrativa . Foto: Internet
Los niños deben salir de las
cárceles
El pastor de la iglesia
Adventista Heber Michel, que trabaja con voluntarios en el penal de San Pedro,
afirma que los menores que viven en la cárcel son fuertemente influenciados por
el entorno. “Para que haya niños debe haber condiciones. Además hay un marco
legal que debe cumplirse”, para que no permanezcan ahí.
Añade que además de los problemas
de falta de seguridad, hay hacinamiento, en las celdas o cuartos habitan niños, adolescentes y adultos en medio de
muchos riesgos; no hay higiene lo que genera enfermedades; incluso el lenguaje
de los reclusos no es el mejor y los menores están expuestos a ese tipo de
convivencia. Además del consumo de bebidas y drogas, violencia, violaciones, hechos que se registran al interior del penal.
“Hay una alta tasa de
reincidentes, si son reincidentes no tienen la intención de rehabilitarse,
después de eso vuelven a reincidir. Con ellos conviven los menores”, contó, al
sentenciar que “lo que se tiene que hacer, aunque es duro, es sacar a los niños
de las cárceles”, señala.
Imagen ilustrativa . Foto: Internet
Derecho a la familia
En abril de este año el Defensor
del Pueblo, David Tezanos Pinto aseguró que la salida de los menores que viven
en las cárceles está afectando el derecho a vivir en familia.
“Este tiempo que se ha estado
evacuando la salida de las y los niños de las cárceles, ha quedado afectado la
temática del derecho de la niñez a vivir en familia”, sostuvo.
La declaración contradice la
política anterior de la Defensoría, que buscaba que los niños abandonen las
cárceles, y también la del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y de
la Unión Europea. Esas entidades han pedido que el Estado boliviano retire a
los niños de un lugar tan peligroso como los penales.
/MAMP/
