Frontis penal de San Pedro . Foto: Archivo
El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, explicó que el Gobierno central a través del Ministerio de Justicia, ente rector, debe generar las políticas, la reglamentación y controlar a los otros actores.
La Paz, 11 de mayo (ANF).- El Gobierno nacional no cuenta con un programa ni cumple con los protocolos internacionales establecidos para la protección de niños que viven en las cárceles, situación que desencadena en acciones del Ejecutivo poco programadas y preocupantes, ya que colocan a los menores en una situación de mayor vulnerabilidad.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, el pasado 7 de mayo, admitió ante medios de comunicación que el Ministerio de Justicia aún no cuenta con un programa de protección para los niños que viven en las cárceles del país.
“Nosotros recién estamos trabajando en una mesa, una mesa técnica que está a la cabeza el doctor Héctor Arce (Ministro de Justicia), la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Gobierno, los Gobiernos Departamentales y Municipales, justamente para hablar el tema de cárceles”, sostuvo.
Al ser consultada sobre la aplicación de otras políticas gubernamentales orientadas a la protección de los menores que viven en cárceles, dijo: “recién estamos trabajando en ello. Porque los niños no pueden estar en cárceles, eso dice el Código (Niño Niña Adolescente), ahorita no hay”.
Morales comentó que se debe ver a toda la población vulnerable que habita en las cárceles, como ser ancianos y niños, principalmente. “Ahora nosotros estamos preocupados por los niños, evidentemente hemos coordinado con el Ministerio de Gobierno para que no se encuentren más niños en cárceles”, comunicó y añadió que también se está trabajando con las Defensorías de la Niñez, para el traslado de estos menores.
Penal de San Pedro . Foto: Yoyocobu
Acciones poco planificadas
El año 2013 un hecho estremecedor desató la alerta nacional e internacional, cuando se conoció que dos niñas fueron violadas durante años por su tío, padre y padrino recluidos en el penal de San Pedro de La Paz; tras los vejámenes una de ellas resultó embarazada.
Desde entonces existe el compromiso de aplicar acciones consensuadas y planificadas a través de políticas estatales y dar solución a la problemática, pero hasta 2018 no se cuenta con un programa de protección para estos menores.
En abril, la Defensoría del Pueblo aseguró que hay “falencias” en las políticas para resguardar la integridad de los menores que ingresan a las cárceles y remarcó la importancia de “no quebrar el núcleo familiar” para evitar traumas.
En Bolivia la normativa establece que los hijos e hijas menores de edad deben permanecer prioritariamente con el progenitor o progenitora que se encuentra en libertad, no obstante cuando ambos se encuentren recluidos de manera excepcional podrá permanecer con la madre hasta los 6 años de edad. Caso contrario será entregado a la familia ampliada y en último caso a centros de acogida.
En general, algunos estudios realizados sugieren el establecimiento de programas de intervención que operen en tres fases: Antes del ingreso a la cárcel; durante la privación de libertad; y, antes de la puesta en libertad.
“En todos los casos, el padre y la madre deben tener la posibilidad de intervenir”, recomendó la directora de la Fundación Construir, Susana Saavedra.
Foto: Internet
Medidas reactivas
En febrero de 2018, tras la vejación de una niña de ocho años en Palmasola, el Gobierno volvió a poner la mirada sobre la problemática y dispuso que los menores sean retirados de los recintos penitenciarios del país.
La justicia emitió una resolución de “cumplimiento inmediato y obligatorio” para que no se permita la permanencia de menores en los cárceles, indicando que en caso de que se incumpla la disposición, los padres o madres podrían perder la tutela de sus hijos.
Ese mismo mes desde Régimen Penitenciario se comunicó que 615 menores (550 niños de seis años y 65 mayores de seis) permanecen en cárceles.
Competencias institucionales
El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, explicó que las normas nacionales establecen claramente las competencias de cada nivel de Gobierno y que el incumpliendo surge de cada uno de éstos.
“El tema central es el cumplimiento de la ley, las normas constitucionales establecen competencias y atribuciones inherentes al gobierno central, gobernaciones y municipios. Sin embargo nadie quiere cumplir la ley, todos se tapan los ojos. (...) Hay un descontrol total”, sostuvo el exdirector.
Indicó que las competencias están determinadas por la Constitución Política del Estado (CPE); el Código Niño Niña Adolescente (CNNA), que indica que no puede haber desprotección a los niños. “La autoridad judicial no debe permitir el ingreso de los niños a las cárceles de varones. Lo que se busca es que cada una de las instancias cumpla su papel y con eso se solucionaría”, señaló.
Pero asegura que todos los niveles de gobierno deslindan responsabilidades con justificaciones como la falta de recursos. Explicó que el Gobierno central a través del Ministerio de Justicia, ente rector, debe generar las políticas, la reglamentación y controlar a los otros actores.
