La vergonzosa deriva de la justicia en Bolivia

La Paz, 3 de noviembre (ANF).- El exfiscal general del Estado, Pedro Gareca, de manera contundente afirmó que en el país hay un “gobierno de jueces y fiscales”, con una tendencia a la arbitrariedad complementó la abogada Rebeca Delgado. Ambos coincidieron que sin política criminal no se podrá avanzar en una verdadera reforma de la justicia que está en descomposición.

“Estamos en una situación tan frágil de autoritarismo, de un gobierno de jueces y fiscales, pero dándole la espalda a la Constitución Política del Estado, por eso hablo de arbitrariedad, cuando deberían respetarse las normas”, sentenció Gareca, al referirse al uso de la detención preventiva.

No habría estos casos si existirían las garantías del debido proceso y eso significa que una persona denunciada de un presunto delito tiene derecho a la información sobre los cargos que le acusan, derecho a una defensa, derecho a la presunción de inocencia y a su libertad.

La detención preventiva según el código de procedimiento penal es la “excepcionalidad”, la garantía general es la libertad del ciudadano, es decir, que asuma su defensa en libertad, salvo que existan requisitos que hagan presumir que el ciudadano va a interferir en la justicia, detalló.

Gareca es enfático, al explicar que si los fiscales llegan a forzar las detenciones sus actos se trasladan a un ámbito muy peligroso que es la “arbitrariedad”.

“Entonces, la arbitrariedades mucho más grave y dañosa que la propia ilegalidad. En Bolivia estamos en esa faceta de la arbitrariedad porque aplicamos como regla la detención preventiva”, insistió.

La Fiscalía es la encargada de solicitar y sustentar las detenciones preventivas o sustitutivas, mientras que el juez dicta la medida cautelar con base en la información del fiscal. En el país la tendencia es la detención en la cárcel, un hecho considerado abusivo por el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Situación que sucede cotidianamente, un estudio de caso puede ser el de la expresidenta Jeanine Áñez, precisa Rebeca Delgado, considera que si la “arbitrariedad” sucede con una exsenadora y exmandataria no es posible imaginar lo que está pasando con la gente en los centros penitenciarios del país donde están a la espera de una sentencia que no llega.

En su criterio, el problema es que no funciona el “guardián” de la Constitución. “El punto de partida es que no tenemos guardián de la Constitución, si tuviéramos un Tribunal Constitucional que garantice y ponga límites a cualquier órgano de poder, que puede ser el Órgano Ejecutivo, el Legislativo, incluso el Electoral”, sostuvo.

La también constituyente dice que para esta situación hay una explicación que es la “manipulación” y la “instrumentalización político partidaria”. Un diagnóstico de identificación de los problemas para definir una política criminal podría permitir identificar que hay “miles de Jeanines Áñez”, indicó.

Gareca y Delgado coinciden que una falencia en el país es –precisamente- la ausencia de una política criminal, sin este diagnóstico no es posible pensar en una reforma de la justicia la que está en una crisis aguda y en descomposición.

Ambos analizaron el estado de situación de la administración de justicia, en el segundo conversatorio denominado "La vergonzosa deriva de la justicia", organizado por la ANF.

Delgado remarca que el problema de la justicia no es reciente y que deviene de hace años, identifica que una de sus causas es "que no existe una política criminal en el país, ese es el tema central", afirma.

Alertan que urge una política criminal para encarar la reforma judicial

Gareca coincide con este criterio, precisa que en el país es necesario trabajar en una política criminal y posteriormente, avanzar –recién- en una reforma o transformación integral del poder judicial

“Urge una política criminal en el país, en primer lugar; en segundo lugar, si tenemos nosotros una política criminal el segundo paso tendrá que ser necesariamente la reforma integral del poder judicial", afirma.

Una política criminal que empiece por un diagnóstico para establecer qué reformas institucionales son necesarias en el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el sistema Penitenciario y otras instituciones vinculadas a la administración de justicia hasta la revisión de las leyes.

Tras identificar las dificultades, el Estado -no el Gobierno- debe trabajar en una política enmarcada en la Constitución Política del Estado (CPE). Delgado insiste que es fundamental tener una visión global del problema y no tocar “parcialidades” que no van a solucionar los problemas graves que aquejan a todo el sistema.

El exfiscal General argumenta que hace más de una década la justicia atraviesa por una "crisis muy aguda" y que se encuentra en una etapa de "descomposición casi completa", al igual que el Ministerio Público, atribuye este escenario a la falta de "verdaderos garantes" de los derechos para resolver los conflictos jurídicos, sin que se haya logrado satisfacer a los ciudadanos que demandan una justicia pronta y proba.

Ambos juristas comparten en la necesidad de una reforma judicial, sin embargo, Delgado cuestiona que la propuesta se origine en el Ministerio de Justicia y no en el Consejo de la Magistratura y que el Ejecutivo no recoja las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las que debieran ser el punto de partida para una verdadera reforma del sistema.

"No lo van a hacer" sostiene Gareca que se muestra pesimista, cree que si habría voluntad se convocaría a diferentes actores del derecho penal, constitucional, organizaciones del ramo para apuntar a una reforma transversal y horizontal, y no vertical como está enfocando el Gobierno.

En ese análisis, Delgado sostiene que el tema principal es definir cómo se va a "garantizar la independencia del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional" esta institución que está fuera del Órgano Judicial, precisamente porque su función es ser el guardián de la preeminencia de los derechos y la Carta Magna.

Argumenta que por falta de independencia se ha generado vulneraciones de los derechos humanos, que lo sucedido el 2019 tiene una raíz que es la Resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional que estableció la reelección indefinida y que es contraria a la CPE. “Esto es hablar de una política de Estado, y eso es tener responsabilidad con los ciudadanos”, comenta.

En ese contexto plantea “liberar” el TCP para tener garantías en el debido proceso, el derecho de defensa y lo esencial, la presunción de inocencia “como el mayor valor” que actualmente está totalmente vulnerado para todos.

Asimismo, carga contra el Ministerio Público con base en las observaciones del GIEI, cuestiona que el Ministerio de Justicia no haya incorporado entre sus reformas a esta institución venida a menos, por haber sido instrumentalizada por el gobierno de transición y por la actual administración de Luis Arce.

“No tenemos un guardián constitucional y tampoco tenemos un Ministerio Público” y resulta que ese Ministerio Público que estuvo de septiembre a diciembre de 2019 y luego el 2020 “ha bailado la música que tocaban en ese momento, ese mismo debe responder a este informe”, afirmó.

Delgado el 10.09.2021 cuando se realizó ese conversatorio sugirió que por ética el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, renuncie, por su rol específicamente entre el 2019-2020. “Corresponde procesarlo, mientras la gente se quede impune por vulneración de derechos”, no van a entender que existen consecuencias para quienes vulneran derechos.

El abogado Gareca considera que la ausencia de independencia y autonomía funcional de la justicia es un elemento “tóxico para el Estado de derecho, situación que debe ser enfrentada con una política criminal y no una “simple reforma como plantea el ministro de Justicia, Iván Lima.

Explica que la situación es crítica porque el 63% del hacinamiento es producto de los detenidos preventivos, sin sentencia ejecutoriada, lo que muestra un déficit de justicia y un desprestigio para la imagen del país.

“Ese porcentaje de hacinamiento de detenidos resulta siendo una pena anticipada y que el Estado a través de sus instituciones no está resolviendo si son inocentes o culpables”, alerta Delgado.

Para el exfiscal, cuando hay “voluntad”, “probidad”, “honestidad” y responsabilidad en el servicio de los magistrados y sus asesores, entonces existirán resultados para la ciudadanía. Más aún cuando ahora los magistrados cuentan con más asistentes, con mejores medios tecnológicos, es decir, “tienen más posibilidades de evitar las injusticias”, sostiene.

Delgado refuerza que es fundamental la “voluntad” para mejorar la administración de justicia a partir de una política criminal responsable, detalla que no depende de la elección de las autoridades judiciales, porque puede ser la designación mejor pensada, perfecta, pero “si no hay voluntad política y se sigue echando mano a otros órganos del poder, no va a suceder nada”, advirtió. 

En el conversatorio, Gareca propuso tocar las “raíces profundas de los males, hay que extirpar el cáncer”, dijo, al reflexionar que los magistrados elegidos el 2012 y el 2017 por voto popular de una preselección de la Asamblea Legislativa Plurinacional controlada por el MAS, no han respondido a las necesidades del país.

“Nos han sorprendido con jurisprudencias contrarias a la Constitución, a las normas internacionales, y eso es ser arbitrario, no es ser respetuoso, ni ser garante de la Constitución. (Es) muy necesario y urgente que se tomen en cuenta desde el Estado de que hay que hacer esa política criminal, todos estamos dispuestos aportar al Estado, no por remuneración, sino porque la sociedad necesita ser protegida”, afirmo.

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