Nueve muertes en tres conflictos sociales contra el Gobierno quedaron en la impunidad
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7JUN
El conflicto entre Adepcoca y el Gobierno dejó el saldo de tres fallecidos: un policía y dos mineros. Foto: RRSS
7 de Junio, 2019
El Ministerio Público cerró la investigación por la muerte de dos mineros, en el caso de los cocaleros de Los Yungas no avanzan las indagaciones y por el fallecimiento de dos estudiantes de Caranavi desde hace nueve años no se identifica a los autores.
Luis Callisaya
La Paz, 7 de junio (ANF).- La impunidad campea en torno a tres casos y nueve muertos, uno de ellos ocurrido hace nueve años. Estudiantes, cocaleros y mineros murieron por impactos de bala en conflictos con el Gobierno, pero no hay imputaciones ni acusaciones ni sentencias en contra del autor o autores de los hechos mortales.
Dos estudiantes murieron en el municipio de Caranavi; cinco cooperativistas mineros fallecieron entre La Paz, Oruro y Cochabamba, y dos cocaleros en los Yungas. El Ministerio Público abrió investigaciones, pero ninguno ha sido esclarecido hasta la fecha.
¿Quién disparó a los estudiantes en Caranavi en 2010?
La vida de los estudiantes Fidel Mario Hernani (19) y David Calizaya Mamani (17) quedó truncada aquel 5 de mayo de 2010, cuando dos balas asesinas impactaron en sus cuerpos y les arrebataron su existencia.
Ambos se habían sumado a las movilizaciones de los pobladores en Caranavi, para exigir al gobierno de Evo Morales la construcción de una fábrica de cítricos, que buscaba mayor desarrollo en esa zona.
Aquel día la Policía intervino la movilización con uso de agentes químicos, pero también con armas de fuego, aunque el Gobierno negó que hubiera autorizado su uso. El resultado de la desmovilización fue dos muertos y al menos 21 heridos.
La Fiscalía abrió una investigación, pero durante estos nueve años no hubo ni un detenido y el caso se archivó, a pesar de que varios policías fueron imputados. La defensa planteó que se reabra el proceso, en los próximos días se pondría a disposición el cuaderno de investigaciones.
Tras el hecho se responsabilizó al entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, a los jefes policiales de ese entonces, Oscar Nina (Comandante de la Policía) y Ciro Farfán (Comandante Departamental de la Policía de La Paz).
El abogado de las víctimas, Jorge Quiroz, refirió que el caso que sigue en etapa preliminar investigativa fue archivado, porque el Ministerio Público no promovió las suficientes acciones investigativas para esclarecer las muertes.
“El caso desde 2010, definitivamente por injerencia del Estado, por diferentes motivos tanto en las fiscalías y en los juzgados, no ha podido avanzar y en los últimos meses el proceso inclusive ha sido archivado por el juzgado que está llevando el caso”, lamentó Quiroz.
El jurista anunció que plantearán “ampliar la denuncia contra el presidente Evo Morales (…), porque él ha manifestado en varias ocasiones que él ha ordenado el desbloqueo”.
¿Quiénes dispararon contra los cooperativistas mineros en 2016?
En agosto de 2016, los cooperativistas mineros se movilizaron en rechazo a la creación de sindicatos en las cooperativas, el conflicto se activó cuando la Asamblea Legislativa debatía la norma y estalló cuando el presidente Evo Morales promulgó la reforma.
En protesta contra el Gobierno bloquearon las carreteras de La Paz, Oruro y Cochabamba, la tensión aumentó en la zona con la intervención de la Policía que derivó en un escenario de violencia con un saldo de seis muertos: cinco mineros y el viceministro Rodolfo Illanes y hubo varios heridos.
Más de 6 mil cooperativistas se movilizaron en esas jornadas de conflicto. Durante los enfrentamientos entre el 10 al 26 de agosto, al menos 230 mineros fueron detenidos por la Policía y unos 40 uniformados fueron tomados como rehenes. De por medio hubo negociaciones para intercambiar detenidos.
El 24 de agosto de ese año murieron los mineros, Severino Ichota y Fermín Mamani, por disparos de arma de fuego en las carreteras de las localidades de Kami y Sayari, Cochabamba.
Las muertes agravaron el conflicto y los mineros exigieron al Gobierno la atención a sus demandas y la liberación de sus detenidos.
El 25 de agosto, el entonces viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, viajó a Panduro, centro del conflicto, para buscar diálogo con los cooperativistas, pero fue secuestrado y asesinado.
Los mineros cooperativistas reaccionaron con violencia, presuntamente porque mientras pedían el repliegue de los efectivos, se enteraron que murió por impacto de bala su compañero Rubén Aparaya Pillco.
Posteriormente, se reportó la muerte del minero Pedro Mamani Massi, a causa del impacto de un proyectil durante los enfrentamientos con la policía; también falleció el minero Freddy Ambrosio, pero por mala manipulación de una dinamita.
El Ministerio Público abrió dos procesos por la muerte de Illanes; uno contra 14 mineros (tres prófugos) y un abogado, actualmente está en juicio oral; y otro contra tres funcionarios policiales por incumplir sus deberes en el resguardo de viceministro, el que sigue en fase de investigación.
Por la muerte de los mineros también se abrieron procesos, pero la Fiscalía no logró identificar a los autores ni detuvo a ningún sospechoso; los casos se estancaron en la fase inicial de la investigación.
En el caso de Ichota y Mamani, la Fiscalía Departamental de Cochabamba cerró el proceso sin encontrar culpables. Nadie objetó la resolución fiscal.
Rubén Arapaya Pillco murió tras recibir un impacto de bala durante los enfrentamientos con los policías en la localidad de Panduro; mientras que su primo, Ángel Aparaya Condori, dijo en el juicio oral del caso Illanes, que durante las movilizaciones sus dirigentes le informaron que “al Rubén le han disparado en el hombro, dos balas”, versión a la que accedió ANF.
Además, el mismo Aparaya Pillco declaró en dicho juicio que “cuando la Policía estaba retrocediendo, parece que ya no tenían mucho gas, porque ya no nos lanzaban mucho gas, nos ha disparado bala, tres veces ráfaga, y en ese rato yo me (he) echado al piso, donde la carretera, y me revolqué hacia abajo, había un río que estaba en mi costado”.
A estos datos se suma el informe de la Defensoría del Pueblo que estableció en un informe que los policías usaron armas letales en Panduro; esta versión fue ratificada por algunos mineros y el chofer de Illanes.
La Fiscalía Departamental de La Paz abrió de oficio un proceso por este caso e imputó al coronel José Luis Aranibar, excomandante Departamental de la Policía en La Paz, por el delito de incumplimiento de deberes y homicidio culposo, es decir, que las causas de la muerte se habrían producido sin intención.
“El imputado omite el oportuno repliegue de las tropas policiales dando lugar a que los mineros se aproximen y protagonicen un enfrentamiento teniendo como resultado la muerte del minero Rubén Aparaya Pillco”, según refiere la imputación contra el exjefe policial a la que accedió ANF.
La fiscalía colectó varios indicios, tomó declaraciones a 115 testigos, entre mineros y policías, y determinó la presunta participación de Aranibar del que pidió su detención preventiva. Fue imputado el 28 de febrero de 2018, hasta la fecha las autoridades judiciales no convocaron a la audiencia de medidas cautelares. El caso está paralizado.
Pedro Mamani Massi recibió un impacto de bala en la cabeza, fue trasladado al hospital Obrero de Oruro, seis días después falleció con muerte cerebral. No hubo detenidos por su muerte y el caso quedó en el olvido.
El fiscal departamental de Oruro, Orlando Zapata, sobre el avance de las investigaciones de este caso dijo “hice buscar en el sistema y no refleja ningún dato sobre él (Pedro Mamani Massi)”.
Conflicto entre Adepcoca y el Gobierno también dejó muertos
El lío entre la Asociación Departamental de Productores de Coca de Los Yungas (Adepcoca) y el Gobierno se agravó desde la gestión 2017, debido a la aprobación de la Ley General de la Coca.
La norma fue observada porque reconocía una mayor cantidad de hectáreas de cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba y no así en la región yungueña del departamento de La Paz.
El inicio del conflicto se remite a marzo de 2018, cuando dos grupos de cocaleros, uno afín al MAS y otro a Adepcoca entraron en una pugna por el control de la dirigencia de la organización cocalera.
Los afiliados a Adepcoca a la cabeza de Franclin Gutiérrez se movilizaron para recuperar su sede que por varios días había sido tomada por un grupo cercado al Gobierno con un comité Ad Hoc, que al final entregó a Gutiérrez la conducción.
En agosto de 2018 los problemas llegaron a su clima de máxima tensión. El Gobierno acusó a Gutiérrez de usar grupos armados para amedrentar a sus detractores y para oponerse a las tareas de erradicación.
El dirigente denunció que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) estaba realizando operativos de erradicación de coca en La Asunta vulnerando los derechos de los productores.
Pero las actividades de erradicación de coca “ilegal” continuaron el 25 de agosto, ese día, según el Gobierno, los uniformados fueron emboscados y atacados por grupos armados, hecho que dejó un saldo de un policía fallecido y siete heridos.
Denunciaron a Gutiérrez de ser el autor intelectual del hecho y de armar a los cocaleros. La Fiscalía actuó con celeridad para aprehender, imputar al dirigente, mientras que la justicia ordenó su detención en el penal de San Pedro. Además, se emitieron una serie de órdenes de aprehensión contra otros implicados.
“Estamos conscientes de que Franclin es un preso político (…) Ya hemos visto la irresponsabilidad de la Fiscalía, porque en estos seis meses ni siquiera avanzó en las investigaciones ni hubo pericias en La Asunta”, protestó Sergio Pampa, dirigente de Adepcoca a ANF.
Sergio Pampa denuncia que Gobierno continúa con la persecución a dirigentes de Adepcoca.
Pero el conflicto se agravó el 29 de agosto, cuando producto de los enfrentamientos en La Asunta resultaron dos cocaleros muertos: Eliseo Choque y Carlos Vega.
El Comandante de la Policía, Faustino Mendoza, informó que los uniformados abatieron a los productores en defensa propia. En esa oportunidad declaró que se usó armas de fuego para “neutralizar el embate de estos grupos irregulares”.
Según la autoridad las dos personas pertenecían a un “grupo irregular” de 30 personas que “emboscaron” a los efectivos del orden que ingresaron armados al lugar para proteger a los erradicadores.
El general Faustino Mendoza en conferencia de prensa. Video: Página Siete
La Fiscalía anunció abrir de oficio la investigación de este hecho. Luis Atanasio, quien hasta fines de 2018 era responsable de la entonces Fiscalía Corporativa de Provincias, sobre el estado de situación del caso dijo que en esa gestión aún no había emitió ninguna imputación, porque el hecho seguía en investigación.
La fiscal asignada al municipio de La Asunta, Yanet Usnayo, lugar donde sucedió el hecho, manifestó que solo recibió el caso que se sigue contra Franclin Gutiérrez y otros; mientras que por la muerte de los cocaleros se indaga por una comisión de fiscales en La Paz.
Pampa lamentó que no exista ningún avance en las pesquisas para dar con los autores por la muerte de dos cocaleros humildes que murieron cuando defendían sus cultivos de coca.
“Se ha tapado ahí no más (el caso). Nosotros hemos pedido inclusive que se haga sus exámenes de médico forense (…) El tema de los fallecidos que hemos tenido eso se ha quedado impune”, sentenció Pampa.
Comentó que los familiares de las víctimas no cuentan con muchos recursos económicos motivo por el que no pueden hacer seguimiento, ni contratar abogados, “los familiares de los fallecidos se han quedado impotentes de hacer algo”, sostuvo.
REPORTAJE ESPECIAL. Durante el conflicto entre el Gobierno y los cooperativistas mineros en agosto de 2016, fallecieron cinco mineros en los enfrentamientos con la Policía, cuatro por impacto de bala y uno por mala manipulación de dinamita.
El Ministerio Público cerró la investigación por la muerte de dos mineros, en el caso de los cocaleros de Los Yungas no avanzan las indagaciones y por el fallecimiento de dos estudiantes de Caranavi desde hace nueve años no se identifica a los autores.
El exministro de Defensa Javier Zavaleta y los analistas en seguridad Samuel Montaño y Jorge Santiestevan plantearon que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas ha quedado lesionada tras la toma militar de la plaza Murillo por el general Juan José Zúñiga.
Raúl Uría, dirigente de la Juventud yungueña, está detenido en la cárcel de San Pedro hace 20 meses. Su abogado dice que no hay prueba de que es un "traficante de armas"; su madre suplica que sea liberado.
