ESPECIAL PERSEGUIDOS POLÍTICOS

Nancy Vacaflor G.

La Paz, 22 de abril (ANF).- Atravesaron el umbral del penal de San Pedro y ese día se convirtió en el peor de sus vidas, está en su memoria como si hubiera sido ayer. Damián Condori, Elsner Larrazabal y Franclin Gutiérrez comparten una desdicha en común: haber sido detenidos y enviados a la cárcel.

Les privaron de su libertad encerrándolos entre cuatro paredes, lo más doloroso alejados de sus familias; convivieron entre cientos de detenidos preventivos sin justicia, los menos con condena por delitos de asesinato, narcotráfico, violaciones y robos.

Damián estuvo detenido durante dos años y dos días y Larrazabal seis meses y cinco días, en el sector de la Posta; mientras que Franclin hace más de siete meses está en Chonchocorito, el sector donde están los internos considerados más peligrosos.

En un contrasentido los tres luchan para probar su inocencia, cuando el Ministerio Público debiera probar su culpabilidad con pruebas fehacientes de los delitos que ha tipificado en las imputaciones y garantizar que sus derechos no se les vulneren.

Los tres son líderes políticos y cívicos que estuvieron al frente de diferentes causas; su mala suerte no fue por los delitos que los acusan, sino porque de militantes o afines del MAS pasaron a ser críticos y cuestionaron e hicieron públicas sus divergencias con el oficialismo y el Gobierno.

Los tres casos estuvieron precedidos, además de un discurso y una posición contraria al Gobierno de movilizaciones masivas; de por medio represión de la Policía, aprehensiones de decenas de personas, en particular, en el caso de Achacachi y de los productores de coca de los Yungas.

Para el Gobierno son delitos comunes los que han cometido, pero los líderes desbaratan esa teoría mostrando pruebas y presentando testigos, ni el Ministerio Público tildado de ser el instrumento de “persecución” ni la justicia sometida al Ejecutivo han valorado los documentos presentados como prueba de su inocencia, denuncian.

En los tres casos se generaron hechos penales: un supuesto caso de corrupción, un presunto secuestro y una sospechosa emboscada con saldo de un muerto y heridos, por lo tanto, sin presumir de la inocencia sino de la culpabilidad para el Gobierno los hechos “delictivos” se sancionan con cárcel.

Condori después de su candidatura a la Gobernación se lo imputó por irregular manejo en dos casos del extinto Fondo Indígena, a Larrazabal se lo acusó de secuestro en las movilizaciones de Achacachi y a Gutiérrez tras su lucha por la coca de los Yungas y una anunciada candidatura fue detenido por una “emboscada” a efectivos de la FTC.

Aferrados a la Constitución Política del Estado

Los tres implicados en delitos penales reclaman la aplicación de la Constitución, que es garantistas de derechos humanos; Condori recuerda que defendió su redacción en la Asamblea Constituyente, a costa de ser declarado enemigo de Sucre.  “La Constitución es linda, pero no se aplica”, se lamenta.

Aunque en el texto constitucional establece que el Estado se fundamenta en la independencia y separación de los órganos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, en los hechos los críticos al Gobierno no creen en este postulado.

El gobernante MAS preselecciona y elige en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a los candidatos a los más altos cargos del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Consejo de la Magistratura, en base a esas listas recién los ciudadanos “eligen” a las autoridades por voto popular.

El Fiscal General del Estado también es designado con los dos tercios del MAS en la ALP. Es así que Ramiro Guerrero, habiendo sido Constituyente por el oficialismo, fue designado por el presidente Evo Morales magistrado en la transición de la extinta Corte Suprema de Justicia.

Fue precisamente Guerrero a través de sus fiscales quien ejecutó los mandamientos de aprehensión, impulsó las imputaciones y la detención de los líderes sindicales, pero sus fiscales no probaron las sindicaciones en contra de ninguno.

Gualberto Cusi, magistrado suspendido del TCP, en octubre de 2015, puso en evidencia esta ausencia de independencia, cuando denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que hay injerencia política y persecución en el sistema judicial de Bolivia.

"El Ejecutivo y Legislativo han adquirido una mala costumbre. Antes de la audiencia hacen visitas y hacen llamadas, si son asuntos de interés político piden que se emita una resolución a favor de ellos (…) El día de las audiencias llegan con arrogancia y dicen: ‘tú, juez, si fallas contra el poder, contra el proceso de cambio, vas a ver lo que viene’. Ese es el mensaje”, dijo Cusi en ese entonces.

Aunque sus colegas y las autoridades gubernamentales negaron estas afirmaciones; cuando los magistrados concluyeron su gestión, el Gobierno les otorgó cargos en el Ejecutivo, como funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y/o en otros puestos en entidades públicas. Los claros ejemplos: Ruddy Flores, Macario Lahor, Neldy Andrade y Ramiro Guerrero.

La persecución política y sus formas de expresión

Los casos de Larrazabal, Gutiérrez y Condori son solo un ejemplo, porque otros como los de Félix Becerra y Adolfo Chávez, podrían ingresar en este grupo de líderes que se declaran perseguidos políticos por “pensar diferente” y tener una posición crítica al Gobierno.

Desde las acusaciones verbales de autoridades que tienen el poder del Estado, el inicio de acciones judiciales y las detenciones son formas modernas en la “persecución política” coinciden el exdefensor del Pueblo, expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y actual rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín y el diputado Wilson Santamaría.

“Hay formas sofisticadas, menos groseras, pero más efectivas. Se trata de amedrentarte, no te detienen, pero te amenazan, te implementan juicios y, como ejercen control sobre la fiscalía y la justicia, pueden mantenerte años en la cárcel”, afirma Albarracín.

Diferencia la época de la dictadura con las actuales formas de persecución política en gobiernos de corte “autoritario”, donde circunscribe a Bolivia y por ende al gobierno de Evo Morales a casi 14 años de administrar el Estado.

Santamaría abre el paraguas, explica que también existen mecanismos de “persecución” cuando se atenta contra la libertad de expresión; cuando se activan acciones legales; y cuando se desarrolla mecanismos de amedrentamiento.

La persecución política va de la mano de la criminalización de la protesta, más aún cuando son movilizaciones críticas al Gobierno, son vinculadas a la oposición, como una forma de descalificación y la retórica está dirigida a mantener la idea que existen fines “desestabilizadores”.

La estrategia de descabezar las movilizaciones de sus líderes a través de su detención ha funcionado de manera efectiva. No solo en el caso de Achacachi o los Yungas; la movilización en defensa del TIPNIS ha sido dividida hasta debilitarla.

El caso Porvenir, las movilizaciones contra el Gobierno fueron respondidas con una contramarcha de campesinos, una decena de ellos murió en circunstancias que hasta ahora son cuestionadas; la detención del exprefecto Leopoldo Fernández terminó con las tensiones entre la llamada “media luna” y el Gobierno.

Condori comenta que en ningún Gobierno de los denominados “neoliberales” se había sentido que “Las luchas sociales se criminalizan, judicializan, satanizan”, aunque cree que lo más grave es sentir que el objetivo de la administración de Morales es “causar daño” como un acto para “ejemplarizar”.

Recuerda que los movimientos afines al MAS en el pasado bloquearon, protestaron, a diferencia de ahora, que no hay caso de apoyar los bloqueos, porque si son contrarios al Gobierno “son reprimidos, (los dirigentes) son detenidos, llevados a la cárcel o detenidos en sus domicilios”, solo para acallarlos, en una clara estrategia de “judicialización y criminalización”.

Larrazabal refuerza esta posición, “a todos los líderes están persiguiendo políticamente, los está ahogando con juicios inventados en Bolivia, haciendo que salgamos del país a la fuerza de que no estemos con nuestras familias, al final, el Gobierno quería detenernos sí o sí”, asegura desde su refugio en Perú.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, ha visto pasar ya varios gobiernos, desde dictatoriales y democráticos, su experiencia en la defensa de derechos es de décadas y cumple esta misión con toda la firmeza.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, sin pruebas la acusó de ser “patrocinadora de organizaciones criminales” y la responsabilizó de la emboscada en La Asunta. Carvajal sabe de los ataques más feroces, pero no esperaba que estas arremetidas sean del actual Gobierno.

“Yo voy sintiendo que la gente vive con un temor increíble (…). Es que estamos tan controlados, tan controlados, que nos siguen a todas partes, es un momento amenazador. Siento en el ambiente que estamos un poco enfermos de temor, de miedo, aquí tenemos las sombras que nos atemoriza”, dijo a ANF. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, niega cualquier tipo de persecución política. “Ningún caso es de persecución política”, afirma, los que se cometieron son “hechos delictivos” que deben ser procesados en ese contexto dice a ANF, al referirse a Damián Condori, Elsner Larrazabal y Franclin Gutiérrez.

¿Existe un “modus operandi” en las acciones del Gobierno?

Condori y Larrazabal no dudan en decir que “sí, totalmente”. Su reflexión no se limita a su situación, sino a otras en las que el Gobierno ha implementado una forma de actuar con características similares.

Los líderes sindicales y cívicos sostienen que, al no existir ninguna irregularidad, las autoridades que tienen todo el apoyo estatal “buscan indicios de corrupción, si deben en impuestos, si tienen juicios pendientes “con el objetivo de deslegitimar a los dirigentes y la movilización”.

“Entonces, lo que hace el Gobierno central es inventan falsos juicios, alimentar falsos delitos, los encarcelan como el caso de Franclin Gutiérrez y ahí termina con el movimiento”, relata Elsner.

Pero se anima a ir más allá en sus acusaciones “la forma de acusarlos es plantando pruebas”, solo para criminalizar la protesta y crear argumentos para la desmovilización social.

Damián también cree que es parte de una estrategia que empieza por la identificación de los líderes “que podrían armar un proyecto político y perjudicar políticamente al MAS”. Cuestiona que Evo Morales quiera ser el único presidente vitalicio de la Coordinadora de las Seis Federaciones de Cocaleros; pero el MAS no acepta que Franclin Gutiérrez sea un dirigente vitalicio.

El legislador del Movimiento al Socialismo, por el contrario, insiste que no conoce ningún caso de persecución política. “Los delitos políticos son aquellos que son materializados cuando se emite un criterio contrario al Gobierno y ese criterio es penalizado, pero eso no hemos observado en el país”.

La democracia y el estado de derecho en cuestión

Sin embargo, la criminalización de la protesta y la persecución política es una consecuencia de socavar la democracia y el estado de derecho que se constituyen en los pilares de cualquier Estado democrático como la propia Constitución postula.

¿Qué es la democracia?, si no esa forma de organización del Estado, esa forma de convivencia social en la que los ciudadanos son libres e iguales y cuyas relaciones se establecen en base a normas y leyes que facilitan esa organización.

El Gobierno sostienen con total certeza que en Bolivia existe plena democracia y vive su mejor momento, apela a la redistribución de la riqueza como principal puntal, asegura que existe libertad de expresión, incluso habla de un “exceso” en los medios de comunicación.

Bolivia a través de la Constitución Política del Estado promulgada el 2009, ha introducido además de la democracia representativa la democracia participativa y directa, para fortalecer las capacidades de los ciudadanos de organizarse y asociarse para influir en las decisiones públicas.

Así como la participación directa del pueblo a través de mecanismos como los referéndums vinculantes, elecciones entre otros; aunque es precisamente este tipo de democracia que actualmente está en entredicho, argumentan los opositores.

Después que el gobernante MAS ha decidido repostular a sus candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera, independientemente los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, proceso en el que ganó el rechazo a que ambos mandatarios se repostulen en los comicios de 2019.

“Estamos viviendo un estado en el que menos se vive la democracia”, sostiene Albarracín, al resumir la situación política en el país; idea que la refuerza Santamaría “No vivimos una democracia plena ni un estado de derecho garantizado”.

Si estaríamos viviendo en estado de derecho todas las personas estaríamos sujetas a las leyes, pero no es así, dicen los opositores críticos al Gobierno, el diputado Santamaría sostiene que las normas se aplican dependiendo si eres del MAS o no.

Aseguran que el Gobierno aplica la “ley del embudo”, ancho para los oficialistas y angosto para los opositores. Samuel Doria Medina, Carlos Mesa y Jorge Quiroga han coincidido que en el país se ha “judicializado la política”, los tres tienen  o han tenido encima procesos en su contra.

“El gobierno está aplicando una estrategia de persecución. Es un sistema muy inteligente astuto pero muy inhumano, el de judicializar la relación política, criminalizar la protesta social, el de amedrentar o desprestigiar”, sentencia Albarracín.

ANF pidió la versión de la Fiscalía hace un mes, pero no se facilitó información ni entrevistas con los fiscales.

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