ESPECIAL PERSEGUIDOS POLÍTICOS

Nancy Vacaflor G.

La Paz, 24 de abril (ANF).- Estar alejado de su familia y la muerte de su hijo menor son las dos circunstancias que quiebran el espíritu del dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca, Franclin Gutiérrez. Detenido hace ocho meses en la cárcel de San Pedro por una “emboscada” en la que murió un policía. Varias contradicciones rodean el caso.

Confiado en la administración de justicia, se presentó al Ministerio Público para contribuir en las investigaciones sobre la muerte del teniente Daynor Sandóval y de otros heridos en la supuesta emboscada del 24 de agosto de 2018.

Brindó sus declaraciones, explicó que se encontraba distante a la comunidad de San Antonio donde sucedieron los hechos entre los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y los productores cocaleros. Dio detalles de las personas con quiénes se encontraba y que no ordenó ningún enfrentamiento.

Pero el 28 de agosto, la Fiscalía lo imputó y pidió su detención bajo el argumento que había riesgo de fuga, porque no tenía domicilio permanente ni un trabajo legal, solicitud que accedió el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal, desde entonces está encerrado entre cuatro paredes.

El 24 de agosto, Franclin ingresó a La Asunta en atención a sus bases que le pidieron que visite las comunidades para verificar los abusos de la FTC en la erradicación de coca, viajó flanqueado por una comitiva de dirigentes. No estuvo solo y no lo vieron comandar la “emboscada” a los policías.

El periodista Rubén Aranibar y el dirigente José Luis Laime estuvieron con el dirigente de la Adepcoca, durante todo ese día, en declaraciones a ANF el 2018 coincidieron que Gutiérrez no estuvo en la zona donde se desató el conflicto.

Nadie imagino que en medio de su recorrido se produciría un enfrentamiento con el saldo de siete heridos y un muerto del lado de los policías.

Solo pasaron algunas horas y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, había acusado directamente a Adepcoca de ser el autor de la “emboscada”, además de aludir a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal.

“Responsabilizo de la muerte del teniente a Adepcoca y a la señora Carvajal de Derechos Humanos, que es patrocinadora de organizaciones criminales”, había sentenciado Romero el 27 de agosto.

Entonces, Gutiérrez se enteró por el periodista Aranibar no solo que había un muerto, sino que el ministro Romero lo identificó como uno de los responsables de esos hechos.

Rosario de delitos en contra del líder cocalero

Franclin Gutiérrez fue imputado por los delitos de porte y portación ilícita, fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas, asfixiantes, atentados contra la seguridad de los transportes, atentados contra miembros de organismos de seguridad del estado e instigación pública a delinquir.

En la imputación, la Fiscalía también estableció que adecuó su accionar al delito de asesinato respecto al fallecimiento del teniente Sandoval y como instigador en el caso de los policías heridos.

La defensa de Gutiérrez sostiene que “ninguno de estos delitos” vinculan a una actuación del dirigente de Adepcoca. “No existe nada, no hay indicios” para imputarlo, afirma el abogado Eusebio Vera, quien califica la imputación de excesivamente “subjetiva”.

¿Qué pruebas hay en contra de Gutiérrez?

Al menos siete contradicciones e imprecisiones existen en las sindicaciones del Ministerio Público en contra del líder cocalero de los Yungas, Franclin Gutierrez, detenido hace ocho meses en el penal de San Pedro en La Paz.

Los abogados del dirigente cocalero, Antonio Loza y Eusebio Vera describieron cada una de ellas. ANF buscó la versión de la Fiscalía en La Paz, aguardamos un mes, pero no se nos concedió ni información ni una entrevista con los fiscales a cargo del caso.

Asimismo, solicitamos revisar el cuaderno de investigaciones, pero respondieron que solo las partes tienen este derecho. Aunque ni los abogados pudieron acceder, solo les entregaron copias de dos cuerpos a pesar que ya son cinco.

¿Encuentro o emboscada?

Fue un “encuentro” o una “emboscada” entre los productores de coca y los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta, se preguntan los abogados, creen que la precisión de conceptos es importante, porque va a definir las características de los hechos.

En el acta de la declaración informativa testifical el teniente Saúl Ayala Cáceres menciona un “tumulto” de gente, lo que significa en criterio de los abogados que hubo contacto directo entre las  personas que se encontraban en el hecho, lo que desbarataría la supuesta emboscada.

¿Por qué trasladan al teniente Daynor Sandoval al hospital de Palos Blancos y no a Caranavi?

El hecho sucedió en San Antonio, en La Asunta, el teniente Sandoval fue trasladado en una ambulancia de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) al hospital de Palos Blancos, sin embargo, para llegar a ese municipio, solo hay un camino troncal, por lo tanto, necesariamente debían pasar por el municipio de Caranavi.

“Nos extraña bastante en este caso (…). ¿Por qué no lo atendieron en Caranavi, por qué lo llevaron a Palos Blancos?, cuestiona el abogado Antonio Loza. Más aún cuando la situación de salud del teniente era delicada y exigía una atención urgente.

Informe en hospital de Palos Blancos reporta herida pero no de bala

De acuerdo al informe del investigador de homicidios, Carlos Jiménez Chambi, el policía Daynor Sandoval al llegar al hospital de Palos Blancos, presenta una “herida contuza cortante de 15 cm por 8 cm, en región cara externa que abarca desde tercio inferior del muslo izquierdo hasta la rodilla con exposición de plano muscular”. 

El paciente de 31 años llegó al hospital a las 20.15 de acuerdo al informe del doctor Ever Vilca Zurita, acompañado por las doctoras de la FTC AnadIr Reyes y Patricia Segovia, “refiriendo que el paciente sufrió agresión por terceras personas, no refieren que fue en una emboscada o por arma de fuego, dice agresión”, precisa el abogado Loza.

El jurista detalla a ANF que al llegar a emergencias en el nosocomio en Palos Blancos encontraron al teniente con un torniquete en el muslo izquierdo a nivel  tercio superior, pero la bala ha tenido otro ingreso y otra salida y no donde hicieron el torniquete.

Añade que en el informe señala que “se evidencia herida de 12 por 6 cm que compromete piel  tejido celular subcutáneo y muslo. Este es el primer informe y en la primera intervención al teniente en ningún momento menciona herida de bala. Lo que si menciona es el corte que lleva en la pierna”.

El informe forense recién reporta herida de bala

El sargento Jiménez Chambi informa sobre la realización de la autopsia a la que fue sometido el teniente, en el que describe las heridas en el cuerpo producto de las intervenciones médicas; pero también identifica la herida contuza cortante de 15 por 8 cm y establece una “herida de forma de óvalo 1 cm y 0.50 cm en cara interna de tercio superior  externo compatible con arma de fuego”.

“Aquí recién indican que el teniente tenía impacto de bala en la pierna izquierda, pero no en la intervención en Palos Blancos”, precisa Loza, al referir que “Son contradictorios ambos informes, el informe forense y el informe de Palos Blancos”.

De acuerdo al informe forense que mostraron los abogados se puede advertir que sí existe una herida de bala.

Llega con paro respiratorio y con presión arterial cero

A los abogados de Gutiérrez también les llama la atención que en el informe de Palos Blancos refieren que el paciente llegó “en mal estado” con una “frecuencia cardíaca de 56 L/min en paro respiratorio con presión arterial de cero”. 

Si llegó con esa frecuencia cardíaca, entonces, el teniente estaba vivo, sin embargo, contradictoriamente dicen en “paro respiratorio” y “presión arterial cero”, en consecuencia la persona ya habría fallecido. ¿Cómo podemos entender, es decir, (estaba) vivo o muerto?.

Según los juristas no se hicieron otros exámenes específicos pese a que el informe señala que el paciente murió a las dos horas de haber llegado al hospital de Palos Blancos, mínimamente tomar el pulso, la temperatura, la frecuencia respiratoria, entre otros, para determinar su muerte.

El ingreso de la bala fue de abajo hacia arriba

El dictamen pericial que se realizó al teniente Sandoval establece la presencia de un orificio a una altura de 36 centímetros desde el talón del pie de la víctima al orificio de entrada de la bala con la salida en la parte superior.

El principal cuestionamiento de Loza es cómo se puede explicar que la bala ingresó de abajo hacia arriba, porque se supone que el lugar donde sucedieron los hechos es una pendiente; bajo la teoría de una “emboscada” los efectivos tuvieron que ser rodeados por cocaleros ubicados a una altura. 

“Si supuestamente se encontraban ahí arriba (los cocaleros) para la emboscada ¿cómo es que ha llegado la bala a ingresar por el lado inferior de la rodilla?. Una persona tendría que estar botado en el suelo cerca del él (teniente Sandoval) para que ingrese (la bala) de esa forma”, explica Loza.

Pero el informe pericial no da mayores detalles, sino el lugar de entrada y salida de la bala, pero aún no existen los informes que determinen desde dónde se disparó, la distancia entre el que disparó y la víctima, por ende dónde estaban los cocaleros y dónde los efectivos de la FTC.  

“Es algo inadmisible como una persona pudo haber sido herida de esa forma”, añade Loza.

A la fecha, pese a que la defensa de Gutiérrez pidió realizar una planimetría, no se lo hizo; tampoco se ha realizado una “inspección ocular y una reconstrucción de los hechos”, actuaciones que para la defensa de Gutiérrez son fundamentales. 

“Tenemos que determinar una prueba de campo en qué lugares estaban los efectivos y los comunarios y es necesario e imperioso una inspección técnica ocular, hemos solicitado en el mes de enero de este año ese actuado, que se ha suspendido por falta de notificaciones atribuibles al Ministerio Público”, dice el abogado EusebioVera.

Informe reporta sobre laceración en la vena popítea

Pero el teniente Sandoval también presentó, de acuerdo a un informe, “laceración en la vena popitea o poplítea”, es una arteria que forma parte de la vena femoral, recibe sangre de la vena tibial anterior y posterior a la safena que son dos vasos venosos en las extremidades inferiores cuya misión es conducir la sangre venosa del pie, la pierna y el músculo.

El informe no fija que la laceración hubiera sido causada por el impacto de bala, tampoco que se hubiera afectado alguna otra arteria; se describe que la laceración es una lastimadura, una herida, “si hablamos de rotura hubiera sido el proyectil, pero no hubo, dice laceración, es decir, que tenía que ingresar hasta la vena para dañarla, ¿pero cómo ingresó hasta la vena?, con el corte, no la bala”.

“Entonces podemos entender que tal vez la muerte del teniente no fue por un proyectil o por los comunarios sino por otra razón, en la investigación tiene que salir la verdad”, señala el abogado Loza.

¿Con qué arma dispararon al teniente Sandoval?

La bala que habría ocasionado la herida en el teniente Daynor Sandoval supuestamente fue de un arma de fuego de grueso calibre. En el informe del investigador se establece que sería un disparo con ráfaga de arma de fuego de grueso calibre y sería un fusil automático fall, esto se extrae de la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria del Ministerio Público donde señalan que los policías fueron heridos con ráfaga  de fuego de arma de grueso calibre.

El abogado Vera pone en duda que los comunarios tengan acceso a un arma de esta naturaleza, y que si tienen algún arma son las de tiro por tiro o las antiguas máuser o escopeta, pero no un arma automática, los únicos que tienen este tipo de armamento es el Ejército Boliviano.

El Ministerio Público no ha podido demostrar la relación de Gutiérrez con la “emboscada”

Vera, sostiene que el Ministerio Público no ha podido probar a la fecha la relación de Franclin Gutiérrez con la “emboscada” del 24 de agosto en La Asunta, porque “sencillamente no se encontraba en el lugar de los hechos”.

A ocho meses del hecho, la Fiscalía no tiene identificado al “autor material” del disparo a Sandoval ni de los disparos al resto de los policías.

No ha recolectado el “arma homicida”, es decir, “no hay arma homicida”, no se ha colectado ningún arma.

El Gobierno denunció la presencia de súbditos colombianos “pero hasta ahora no tenemos ni un ciudadano colombiano, ni siquiera un nombre”, observa el abogado Vera.

La Fiscalía también argumenta que Gutiérrez viajó a Colombia, pero no aclara que su destino era Ecuador en junio de 2016, donde participó de un Seminario sobre la hoja de coca. Su itinerario de viaje fue: La Paz-Lima-Quito; mientras que de retorno: Quito-Colombia-La Paz. “Pero su paso por Colombia fue en tránsito o escala, no se quedó, estuvo en el aeropuerto”, precisa Vera.

“Migración extrañamente no ha mostrado una información clara, en su flujo migratorio solo señala Colombia-La Paz, ni siquiera qué lugares. Si ellos acusan que demuestren”, emplazó el abogado.

Observa que los acusados tienen que probar su inocencia, pero el Ministerio Público a más de seis meses no ha demostrado sus sindicaciones.

No hay prueba fehaciente de que el dirigente cocalero hubiera dirigido u ordenado el ataque a los efectivos de la FTC. “No existe indicio o elemento de que Franclin Gutiérrez haya instado como señalan en la imputación. Nunca señaló Gutiérrez que se vaya a disparar o matar, jamás”, dice Vera.

Lamentó que el Ministerio Público haya basado su imputación en publicaciones de prensa en las que el presidente de Adepcoca anuncia una defensa férrea de los cultivos de coca en la zona de los Yungas.

Constitucionalmente toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, no al revés. “Es una imputación subjetiva, sin elementos concretos, sin participación de Franclin ni que lo vinculen con esos hechos”.

Es más, ante el cumplimiento de los seis meses de investigación, el Ministerio Público ha pedido ampliar ese tiempo a 18 meses, presuntamente porque el líder cocalero de los Yungas hubiera cometido otros delitos más que tienen que ser indagados.

“Soy un preso político”

Este 23 de abril, la justicia nuevamente le negó la cesación a su detención preventiva. Se declaró un “preso político” del gobierno de Evo Morales; pero no descansará en demostrar su inocencia a pesar del estado de la justicia.

El rechazo a la Ley General de la Coca y su aspiración de disputarle a Evo Morales la silla presidencial, sellaron el destino del presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca, Franclin Gutiérrez.

Antes de su detención, dos hechos marcaron las circunstancias del dirigente. La lucha que emprendió con sus bases en defensa de la producción tradicional de la coca y su anunciada creación de un partido político.

El 2017, terminó el romance de los productores de coca de los Yungas con el Gobierno, ese fue el momento de ruptura política, después que se promulgó la norma que legalizó 22.000 ha los cultivos de la hoja: 7.700 ha para el Trópico de Cochabamba y 14.300 ha para los Yungas de La Paz.

En este escenario los cocaleros también apuntaron a crear su propio instrumento político para enfrentar al MAS en las elecciones, pero Gutiérrez no aspiraba a una alcaldía, gobernación, diputación o senaturia, soñaba en grande, quería disputar a Morales la presidencia.

Así el 5 de mayo del año 2018, lanzó su candidatura “Vamos a ir a las elecciones nacionales, vamos a ser un partido incluyente, esta alternativa va a hacerle frente al presidente Evo Morales”, proclamó.

Desde ese día, no cesaron en trabajar su proyecto político, se organizaron para recolectar firmas, trabajaron su estatuto, su plan de gobierno, diseñaron su bandera, eligieron sus colores y sus símbolos; pero el día que iban a solicitar libros al Tribunal Supremo Electoral, fue detenido.

Pero el infausto día fue el 24 de agosto de 2018 en el municipio de La Asunta del departamento de La Paz.

/NVG/