Infografía sobre la justicia. Foto: OCD
El estudio de la OCD refleja que el 80% de las personas cree que debe existir una reforma en la administración de justicia
La Paz, 26 de noviembre (ANF).-
Un 55% de las personas consultadas en la encuesta de la Observación Ciudadana
de la Democracia (OCD) cree que siempre o muchas veces la justicia está
controlada por el Gobierno, mientras que un 80% opina que el sistema judicial
debe ser reformado.
A la pregunta: ¿Usted considera
que la administración de la justicia está controlada por el Gobierno?, un 28%
respondió que “siempre”, un 27% “muchas veces” y un 24% “algunas veces”. Un dato menor de gente
entrevistada, un 12%, opinó que “pocas veces” la justicia está controlada por
el Gobierno.
La encuesta de percepción ciudadana sobre Institucionalidad Democrática se aplicó a 1.466 personas, 1.073 en el área urbana y 393 en el área rural, en nueve ciudades capitales y El Alto, y en 28 municipios de los nueve departamentos. La encuesta se desarrolló del 12 al 19 de octubre.
Una pregunta completaría al tema
de la justicia era: ¿Usted considera que el actual sistema judicial debe ser
reformado?, la mayoría de las personas en un 80% respondió que sí, solo un 9%
piensa que no debería cambiar el sistema judicial y un 11% dijo que no sabe no
responde.
En interpretación del analista política Franklin Pareja ¿Si
la justicia no brinda un margen razonable de imparcialidad y probidad en su
accionar, a quien sirve? Del estudio
realizado se infiere con claridad que entre justicia y gobierno existe una
correa de trasmisión evidente, cuyo desempeño tiene una alta correlación; por
eso, la reforma a la misma, es un imperativo apabullante reflejado en la
encuesta.
Considerando que la mayor parte de la población boliviana es
urbana (70%) y que en el eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) se concentra
el 65% de la población urbana, se infiere que una mayoría de bolivianos apoya
la necesidad de una reforma judicial.
Más datos de la ficha técnica
El muestreo cuantitativo (encuestas) fue de tipo probabilístico o aleatorio, estratificado (por pisos ecológicos y área geográfica), por conglomerados (zonas) y por cuotas (edad y género).
El encuestador entrevistó al ciudadano de forma presencial, se tomaron todas las medidas de bioseguridad considerando que el país todavía vive una cuarta ola de la pandemia del Covid-19.
En el octubre, un equipo de cuatro personas capacitó a 91 encuestadores en temáticas referidas a la Institucionalidad Democrática. También fueron capacitados en el uso del aplicativo web, la inserción de datos y su transmisión, respetando todas las normas de control de seguridad de encuestas. El 9 del mismo mes se realizó un simulacro en todo el país.
La boleta de la encuesta está compuesta de 18 preguntas agrupadas en las siguientes áreas temáticas de: Ejercicio en libertad de derechos políticos, inclusión política, participación en el ámbito electoral, integración de los ciudadanos en la definición y gestión del Estado, instituciones.
Para el levantamiento de datos se utilizó un aplicativo web, al cual se accedió a través de un usuario y contraseña personalizados y georreferenciados. El aplicativo cuenta con tres datos que fueron utilizados para el control individual de cada encuestador y cada encuesta.
Por ejemplo, las encuestas tenían una geolocalización en el momento de su envío; el aplicativo contaban con un temporalizador que ofrece el dato sobre cuantos minutos se tardó desde el ingreso del primer hasta el ingreso del último dato.
Asimismo, cada encuestador poseía un enlace para cada encuesta, es decir que el aplicativo no permitía dos ingresos con el mismo enlace. Este criterio es utilizado en encuestas que se realizan mediante aplicativos para evitar el llenado de varias encuestas a través del mismo enlace. El enlace corresponde a un único código irrepetible.
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