En 2019 en la comunidad Chontalaca-Yuyo una empresa minera ingresó y pese a la pandemia y la cuarentena explotó oro hasta 2020. Dirigentes de la comunidad Correo la denunciaron tras conocer el daño ambiental que provocaba, como la contaminación al río Yuyo. Tras la denuncia a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa (AJAM) se conoció -además- que la empresa no contaba con el permiso para explotar el mineral.

Los comunarios decidieron expulsarla, pero grande fue su sorpresa, cuando sus dirigentes fueron aprehendidos y procesados por una contradenuncia. Se dispuso para los dirigentes detención preventiva en el penal de San Pedro por cuatro meses. Las víctimas permanecieron dos meses y luego obtuvieron detención domiciliaria, para ello tuvieron que pagar cerca de $us 6.000 dólares, confirmó el exdirigente a la ANF.

“Nos han tratado como delincuentes. Salir de la cárcel nos ha costado dinero, nos dejaron en la calle. En Bolivia no hay justicia. Con tal de que ganen dinero, lo demás no les importa como las peleas entre las mismas comunidades. Ese tipo de destrucción hacen”, protestó.

Es justamente en esta zona, que es parte del pueblo indígena Leco, que el 31 de mayo de 2022 se registró un enfrentamiento que dejó ocho heridos por arma de fuego. Cuatro meses después, el 1 de noviembre, se denunció que la empresa minera habría “dinamitado” y destruido las casas de los indígenas lecos que protestaban.

Medios de prensa informaron que estos conflictos también se dieron entre comunarios de Correo y Unión Pauje, unos estaban a favor del trabajo de la empresa minera y los otros protegían más su ambiente natural.

Actualmente, este dirigente que pasó otros 13 meses con detención domiciliaria aún continúa en proceso, no tiene trabajo y no pude salir de su comunidad. También debe pagar las deudas que adquirió, como el pago de una fianza de Bs 50.000. Aseguró que la empresa continua con la extracción.

ANF realizó una investigación para conocer cuáles son las maniobras que realizan estas cooperativas y empresas mineras para entrar a las tierras y apoderarse ávidamente de este mineral, obtener la confianza de los comunarios y conseguir la autorización y su contrato administrativo minero para ingresar con personal y maquinaria para extraer todo el oro posible. La información obtenida se basa en denuncias de los principales actores y entrevistas a personas que conocen del tema.

Las cooperativas mineras son grupos de personas que se asocian voluntariamente para satisfacer sus necesidades productivas y de servicios. Son autónomas y no tienen mucha diferencia con una empresa minera - que también es un actor minero- pues el objetivo es el mismo, solo que para la segunda las autorizaciones son más rápidas, señaló Luis Dipapuri, expresidente del Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (Pilcol).

De acuerdo con datos del Viceministerio de Cooperativas Mineras, en Bolivia, hasta mayo de 2023 se registraron cerca de 30.000 cooperativas mineras en general en el país, de las cuales, cerca de 1.800 se dedican exclusivamente a la extracción del oro. De esta última cantidad, al menos el 85% se constituyen en el norte de La Paz.

Para el viceministro Mauricio Guzmán, los conflictos entre comunarios y actores mineros también surgen porque los primeros se resisten a que las empresas puedan trabajar, pese a que tienen todo legal. La autoridad afirmó que al ver que la cooperativa extrae el mineral, algunos pobladores se quieren quedar con una buena parte, por lo que los dirigentes los denuncian indicando que dañan su medio ambiente.

Miguel Supa, indígena tacana y oriundo de San Miguel de San Buenaventura fue detenido el 27 de marzo de 2022 en la comunidad de Chushuara, en el municipio de Apolo, cuando se produjo una pelea por tierras entre interculturales y campesinos. Los primeros defendían la producción agrícola y los segundos la explotación minera de oro.

En el enfrentamiento, al menos 15 personas resultaron heridas por arma de fuego y se detuvieron a otras 18 a quienes el Ministerio Público en Apolo inició una investigación por los delitos de tentativa de asesinato, asociación delictuosa, portación de armas y portación de sustancias explosivas. Supa quien se estaba yendo a descansar se vio en medio del conflicto y lo acusaron de ser uno de los que disparaban, pese a ser inocente. De un día para otro fue recluido en el penal de San Pedro, tampoco contaba con su certificado de nacimiento y carnet de identidad. Luego de casi cuatro meses fue liberado.

Pero no todo el oro que brilla es oro. Para la senadora Cecilia Requena, estas empresas y cooperativas también generan intimidación en los mismos comunarios o en las personas que hacen inspecciones (11); dividen a los pueblos ya que unos los apoyan y otros no (12); generan violencia incluso con el uso de armas de fuego entre ellos (13); y abren procesos judiciales a los dirigentes que los denuncian hasta encarcelarlos (14). Igualmente, crean comunidades fantasmas (15).

En febrero de este año, un enfrentamiento por tierras entre comunarios de Mapiri, en la provincia Larecaja de La Paz, dejó una decena de heridos por impacto de bala. Una empresa minera entregó tierras para que los comunarios trabajen en la explotación del oro; sin embargo, se enfrentaron entre ellos porque no llegaron a un consenso.

“Esto se da porque uno: Bolivia tiene limitaciones para crear empleo alternativo, y (los desempleados) se van a la minería aurífera, y dos, porque el Gobierno concede demasiadas ventajas a los cooperativistas. Por lo tanto, es un incentivo”, señaló el analista minero.

Igualmente, estos actores mineros provocan la expulsión o el despido de gente que los denuncia, como le sucedió a la exgobernadora Genoveva Espinoza quien reveló la minería ilegal en Apolo. El 30 de junio de 2022, ella fue despedida de su cargo por el gobernador Santos Quispe (16). "Ganó la minería ilegal y también dominó a la Gobernación", sostuvo en esa oportunidad la exautoridad.

“Lo que prevalece es la ilegalidad. Hay gente que ha sido expulsada, por ejemplo, de la comunidad Chushuara, o los enfrentamientos en Pauje Yuyo y Correos que prueban esta división amarga que en muchos casos ha llegado a enfrentamientos con arma de fuego. Ha habido desplazamiento interno en Azariama, los expulsaron del lugar para que se instale otra cooperativa, lo he confirmado”, dijo la senadora.

Justamente, la asambleísta nacional denunció en 2022 que fue víctima de agresión por presuntos explotadores de oro y que existe un descontrol en la zona norte de La Paz. Es tal el poder económico de la minería del oro que quienes se oponen a ellas terminan en la cárcel, pues “los acusadores terminan siendo los acusados”.

“También hay comunidades fantasmas, las inventan para reclamar luego ante la AJAM un cierto derecho prioritario para explotar. Fundan comunidades donde no hay nada ni camino, luego abren caminos”, prosiguió Requena.

Para el viceministro de Cooperativas Mineras, estos acuerdos entre las empresas y cooperativas con las comunidades se dan entre ellos y no están plasmados en ninguna normativa minera. “Eso ven de manera interna, eso no podemos regular, (hasta) pueden hacer adoquinado”, dijo el viceministro Guzmán.

En todo caso, la autoridad también confirmó que existen actores mineros, especialmente los irregulares que convencen a los comunarios con dádivas para que actúen en favor de ellos y los protejan según sus intereses.

“Hay sobornos para que los protejan (a los actores mineros). Hay comunarios que están siendo engañados y saqueados, y los recursos no son renovables. Hay que entrar con la socialización. Algunos pobladores no están tomando en cuenta el daño que se está produciendo”, dijo la autoridad estatal.

Un asambleísta departamental –el cual pidió no ser identificado- y es representante de la provincia Larecaja, denunció a ANF que una cooperativa minera, que ya está trabajando desde 2016 en el municipio de Quiabaya no solo contamina el río Zoque con el mercurio que usa, también es responsable de la perdida de sus cultivos de tomates.

“A mediados de este año, constatamos una notable pérdida y muerte de los cultivos tomatales y otras hortalizas que viene realizando la comunidad Hurta de Yoro y demás comunidades aledañas, que tiene como principal fuente de riego al río Zoque. Notamos un asentamiento notable en el sector de arriba en el que personeros van realizando como principal actividad la explotación minera utilizando mercurio y debido a esta actividad los desechos se van desembocando al río. El río Zoque proporciona el líquido elemento a varias comunidades, lo cual genera considerables daños al medio ambiente y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que habitan en el sector”, se lee en la carta enviada el 2 de septiembre de 2022.

Ante esta situación, el asambleísta continúa investigando y también denunció el caso a la Comisión de Madre Tierra y Medio Ambiente de la Asamblea Departamental. “Estamos viendo este caso, lamentablemente la cooperativa tampoco ha cumplido las obras sociales que prometió a la comunidad, cuando ingresaron, ya en 2016”, dijo.

Justamente el acuerdo de reunión de consulta previa firmado entre la empresa unipersonal minera, los comunarios y la AJAM, el 11 de noviembre de 2016, en la comunidad Cotañani, del municipio de Quiabaya se establece de cumplimiento obligatorio: a no dañar ni contaminar el medo ambiente, a la creación de proyectos en beneficio de la comunidad, siendo lo primero la creación de un centro de capacitación apenas comience los trabajos de la actividad minera. También se estableció en este contrato que la empresa minera iba a dar trabajo a los miembros de la comunidad, principalmente.

“Nada se cumplió y el centro de capacitación apenas quedó en obra gruesa y abandonado, estoy reuniéndome con los afectados para ver qué medidas asumir”, dijo el asambleísta departamental.

El viceministro afirmó también que existen ocasiones en que las obras no se cumplieron, pero no fue intencional, sino que no se encontró el debido oro correspondiente que genere dinero también para la comunidad.

En este acuerdo tampoco se menciona cuando la empresa culminará su trabajo. Para Córdova, hasta antes de 2014, todas las empresas que lograron los contratos administrativos podrán explotar de por vida las cuadrículas seleccionadas; sin embargo, la autoridad estatal dijo que son 30 años y que puede renovarse el contrato.

De acuerdo con Córdova, nada de estas situaciones sucederían si los precios del oro estarían tan altos en el mercado internacional. Según el portal del Banco Central de Bolivia, en 2015 esta unidad de medida alcanzó a los $us 1.083 y en 2016 a los $us 1.339. Para 2020, se cotizó a $us 2.067 y hasta el 24 de abril de este año a $us 1.982. Debido a estos precios, un gramo de oro es comprado hasta en Bs 420 en las tiendas que funden este mineral en la ciudad.

En una cuantificación general solo en el departamento paceño, las exportaciones de oro en los últimos cinco años casi se cuadruplicaron, elevándose aproximadamente en un 76%, eso significa que hubo mayor explotación. Información del Instituto Nacional de Comercio Exterior (IBCE) –con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)- dan cuenta de que, desde La Paz, mientras en 2018 se exportaron un poco más de 14 toneladas de oro en bruto por un valor de $us 463 millones, en 2022 fueron cerca de 50 toneladas por un valor de $us 2.268 millones. (Ver infografías).

El Anuario Estadístico y Situación de la Minería 2022, publicado por el Ministerio de Minería y Metalurgia dan cuenta de que India es el mayor comprador del oro boliviano, con el 34% de las exportaciones de minerales; seguido por Japón con 14%; China con 10%; Corea del Sur con 8%; Emiratos Árabes Unidos con 4%; Bélgica con 4% y Estados Unidos con 3%

“Mi comunidad es Alcala, por el río Coroico y cuando era presidente vino una cooperativa unipersonal, nos ha concesionado todos los ojos de agua y como comunidad hemos hecho la representación ante la AJAM; pero fue en vano, han hecho caso omiso a nuestro pronunciamiento y ha seguido avanzando el actor minero. Por defender los territorios de la comunidad estaba perseguido por la justicia, pero gracias a los comunarios me han dado de baja la aprehensión”, recordó Dibapuri, que pese a todo aseguró que seguirá defendiendo a su comunidad, aunque también es barranquillero.

Sobre el uso del mercurio, Guzmán aseguró que no usan, y que es una exageración de las denuncias; asimismo, “todas” las cooperativas cuentan con licencia ambiental, y solo unas 500 están en proceso de trámite, pues en la pandemia se paralizaron muchas solicitudes, dijo.

“Todas tiene licencia ambiental o manifiesto ambiental. Ahora hay que ver el monitoreo, que es otra cosa, que estén cumpliendo, eso es competencia del Ministerio de Medio Ambiente (y Agua). Gravimetría usan, tal vez algunos sectores (usen mercurio). Bolivia es tránsito de mercurio, los que están contaminando creo que son los odontólogos. Están de acuerdo las cooperativas de sustituirlo, el cianuro también es peligroso, Las cooperativas van a esperar que haya otra sustitución, no se les puede quitar (el mercurio) por quitar, estamos trabajando intensamente con Oro Responsable”.

ANF sacó en abril de este año un reportaje sobre el daño ambiental que se realiza en el municipio de Tipuani, desde desmontar cerros, desviar el cauce del río del mismo nombre, deforestar, abrir caminos para el ingreso de maquinaria, desplazar la agricultura; un conjunto de actividades que también dañan la salud de la población y de los mineros, entre otras consecuencias.

Requena aseguró además que, como consecuencia de todos los daños ambientales, solo se va a contribuir a acelerar los efectos brutales del cambio climático pues se está destruyendo las regiones que servirían como resiliencia o de defensa contra los peores efectos de este cambio. Otro efecto es el etnocidio, “las personas que son responsable en esto ojalá un día respondan, porque de este daño saben y está denunciado, por otro lado, la pérdida de biodiversidad y la falta al Convenio de Minamata”.

La demanda por explotar oro es tal, que según el viceministro Mauricio Guzmán, diariamente al menos de 10 hasta 20 nuevas cooperativas ingresan sus pedidos de autorización para explotar oro.

El expresidente de Pilcol, Luis Dibapuri aseguró que, debido a esta falta de control del Estado y la falta de empleo, los comunarios se ven obligados a crear sus propias cooperativas. “En un día se gana hasta cuatro sueldos mínimos, por ello hasta los barranquilleros defienden a las cooperativas, nos da una migaja, pero nos dan”.

El viceministro Guzmán aseguró que la cantidad de sobrecarga de cooperativas que existen es alarmante pues crecen diariamente, especialmente en las comunidades, “De que sí, hay comunidades de que están haciendo la minería ilegal, se está trabajando conjuntamente en ello de poder socializar y trabajar como manda Ley de Minería y Metalurgia (N° 535).

Pese a todo, en algunos sectores, son los comunarios quienes abusan de su autoridad y obligan a las cooperativas auríferas a pagar “peaje” por cada camión o maquinaria pesada que pasa por el camino, dijo Córdova. En otros casos, los pobladores les exigen cierto dinero, como “regalías” que al final les beneficia con obras sociales.

“Es algo ilegal, son exageraciones que tendríamos que ver y regularizar, puede haber algunos convenios internos en el marco de la cooperación, pero tampoco podemos aceptar que estén chantajeando, porque ellos aportan con las regalías (que luego se distribuyen)”, dijo Guzmán.