La situación de los detenidos se agrava cuando de por medio hay un interés político gubernamental.
La Paz, 28 de septiembre (ANF).- La justicia boliviana ha ido en un franco proceso de descomposición y en los últimos años se hizo más evidente por su abierto sometimiento al Órgano Ejecutivo, incluso hasta la máxima autoridad de la cartera de Justicia, el ministro Iván Manolo Lima, tuvo que reconocerlo.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado mediante acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado boliviano, confirmó esa situación en su informe de agosto de este año: en Bolivia no hay independencia en la administración de justicia; hay ausencia de garantías del debido proceso e instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política por fiscales y jueces; existe uso abusivo de la prisión preventiva; y, hay obstáculos para acceder a la verdad y la justicia.
Las reformas a la justicia en los últimos 26 años (1991-2017) no han logrado resolver la independencia de este órgano ni la imparcialidad de la autoridad judicial. En otros casos, la falta de voluntad política se impone, como en el de la Cumbre Nacional de Justicia de junio de 2016, que concluyó con seis propuestas para transformar la administración de la justicia en el país. A más de cinco años, no se han cumplido sus mandatos.
ANF le presenta un reportaje que refleja la forma de operar del sistema de justicia en el país. (PULSAR EL BOTÓN VER EN EL SIGUIENTE RECUADRO)
El exministro de Defensa Javier Zavaleta y los analistas en seguridad Samuel Montaño y Jorge Santiestevan plantearon que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas ha quedado lesionada tras la toma militar de la plaza Murillo por el general Juan José Zúñiga.
Raúl Uría, dirigente de la Juventud yungueña, está detenido en la cárcel de San Pedro hace 20 meses. Su abogado dice que no hay prueba de que es un "traficante de armas"; su madre suplica que sea liberado.
