Ciberdelitos sexuales: el lado oscuro de las redes sociales
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29JUL
Foto ilustrativa.
29 de Julio, 2018
“Operación Tantalio”, el megaoperativo supranacional que ha desmantelado la principal red internacional de distribución de pornografía infantil a través de WhatsApp, ha puesto en evidencia las limitaciones estructurales de la política criminal en Bolivia y la incapacidad del sistema de justicia para sancionar estos delitos.
La Paz,
29 de julio (ANF).- En marzo de
2017 ,una compleja investigación de Europol, en colaboración
con Interpol, desarticuló una vasta red de pornografía infantil a través de
mensajería móvil que detectó a cuatro ciudadanos bolivianos entre los 136
integrantes de grupos de pedofilia de 18 países.
Durante
tres meses, ANF realizó una investigación para seguir la pista de las acciones
que el sistema de justicia ha tomado para sancionar a los responsables de estos
delitos y encontró que uno de los principales responsables fue beneficiado con
detención domiciliaria, que se vulneró la cadena de custodia y se reemplazó
importantes evidencias, que la fiscalía demoró un año en formular la acusación
y que desde hace cuatro meses no se instala el juicio público.
En
tiempos del mundo virtual, fiscales y abogados admiten que el ordenamiento
legal no contempla la tipificación y la sanción de los ciberdelitos. Y
ciberactivistas e investigadores alertan sobre los peligros del lado oscuro del
Internet y los riegos que tomamos como usuarios del Internet y cuando nos
sobreexponemos en las redes sociales.
Esta
investigación fue posible gracias al Fondo Spotlight de Apoyo a la
Investigación Periodística en los Medios de Comunicación que ejecuta la
Fundación para el Periodismo (FPP), con el apoyo del European Journalism Centre
(EJC).
A
continuación le invitamos a leer el reportaje multimedia. (Pulse el recuadro verde para leer el reportaje)
“Operación Tantalio”, el megaoperativo supranacional que ha desmantelado la principal red internacional de distribución de pornografía infantil a través de WhatsApp, ha puesto en evidencia las limitaciones estructurales de la política criminal en Bolivia y la incapacidad del sistema de justicia para sancionar estos delitos.
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