El Gobierno en los últimos cinco años elaboró planes de exploración y anunció inversiones millonarias para el sector que hasta el momento no dan resultados en la dimensión que se necesita para garantizar los proyectos de industrialización y exportación en el mediano plazo.
La Paz, 19 de diciembre (ANF).- De 2006 a la fecha la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las empresas operadoras no lograron descubrir un nuevo megacampo para acrecentar las reservas probadas de gas natural del país, que según la última certificación llegan a 10,45 TCF (Trillones de Pies Cúbicos). Los aumentos de reserva se debieron a perforaciones en campos en explotación actual, muchos ya viejos y en declinación, refiere el especialista Hugo del Granado. En 2009 la certificación de reservas registró 9,94 TCF, pero en 2004 fue de 26,7 TCF.
Las primeras gestiones del presente Gobierno solo utilizaron al sector de hidrocarburos como fuente de cosecha y generadora de impuestos y “no hubo preocupación por sembrar” con políticas de exploración, señala Mauricio Medinaceli, exministro del sector.
Muestra de estas aseveraciones es que, en los últimos 10 años, entre 2006 y octubre de 2016, YPFB Corporación, sus subsidiarias y operadoras privadas concluyeron la perforación de 45 pozos exploratorios, a razón de 4,5 pozos por año, muy por debajo del rango conseguido por los países vecinos, según datos de la propia Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
En Brasil o Argentina se perforaron en el mismo periodo 1.581 y 881 pozos, respectivamente, lo que significa un promedio de 100 por año.
“Somos un país exportador de gas con reservas menguantes, entonces cómo revertimos la situación, la única manera es extremar los recursos y esfuerzos para perforar la mayor cantidad posible de pozos”, señaló Del Granado.
Para el especialista, se debería estar hablando de por lo menos 30 pozos exploratorios como mínimo al año.
Remarcó que los planes exploratorios a largo plazo de un gobierno “no podemos dejarlo librado a la suerte del pinchazo exitoso, se tiene que diseñar una política que prometa éxitos, y eso es lo que no saben hacer”.
Bolivia tiene compromisos de exportación de gas con Argentina, hasta el 2027, y Brasil, hasta el 2019, pero los envíos ya sufrieron reducción por la falta cantidad disponible del carburante. En julio de 2016 el envío a Argentina registró su nivel más bajo desde mayo y alcanzó 9 millones de metros cúbicos día (MMmcd), cuando el contrato entre YPFB y Enarsa establece un mínimo de 19,9 MMmcd. Para el caso de Brasil también fue variable porque durante algunos días estuvo en 24,1 MMmcd y en otros 31,6 MMmcd. El contrato establece un máximo de 30,8 MMmcd.
En agosto de este año, mientras repuntó el envío de gas a Brasil, el promedio del envío de gas a Argentina, entre el 1 y el 27 de junio, fue de 19,19 MMmcd cuando el mínimo establecido es de 20,3 MMmcd.
Pero la escasez de pozos exploratorios y la mínima cantidad de nuevas empresas petroleras interesadas en invertir en Bolivia –solo se interesaron YPF de Argentina y Gazprom de Rusia en 12 años, Petroandina de PDVSA se fue- tiene su explicación en varios factores que identifican Del Granado y Medinaceli. Un régimen fiscal duro y la falta de seguridad jurídica son dos aspectos a considerar.
El Gobierno siempre divulgó que Bolivia tiene un potencial hidrocarburífero de unos 50 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) de gas natural en reservas, pero el problema, a decir de Del Granado, es que están muy dispersos en el territorio nacional.
La pregunta es qué debemos hacer para posibilitar en el país el mayor número posible de empresas que hagan exploración.
El Gobierno en los últimos cinco años elaboró planes de exploración y anunció inversiones millonarias para el sector que hasta el momento no dan resultados en la dimensión que se necesita para garantizar los proyectos de industrialización y exportación en el mediano plazo.
Un primer factor identificado para la ausencia de empresas y la consiguiente escasez de pozos exploratorios es la falta de un árbitro confiable, al cual las empresas que tengan conflictos puedan acudir.
El sistema regulatorio actual está deshecho, dice Del Granado, y al único al que las empresas pueden acudir después de la ANH es al Ministerio de Hidrocarburos, que no es ninguna instancia superior a la que se pueda acudir en recurso de apelación.
Un segundo factor es el duro régimen fiscal para las empresas operadoras, hecho que desincentiva la mayor inversión porque los márgenes de ganancia son mínimos.
Un tercer aspecto es el mercado monopólico en manos de YPFB, que en el mercado interno es subvencionado y “al que las empresas no les interesa vender la producción porque prefieren exportarlo”. “Esto hace que el mercado no sea interesante para las empresas”, señala Medinaceli.
La falta de seguridad jurídica es otro de los factores que se suman al desincentivo de las empresas petroleras.
“Si vamos a insistir en el mismo camino (que actualmente seguimos), vamos a tener los mismos resultados”, subraya Del Granado.
En 11 años de Gobierno los resultados de la exploración hidrocarburífera no marcaron un antes y un después en el aumento de reservas, al parecer el sistema de planificación no está funcionando bien, y por la cantidad de pozos exploratorios al año parecería que solo se busca el golpe de suerte para conseguir más gas.
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