Dícese del trastorno psicótico en el que dos o más personas comparten una creencia paranoica o delirante. Podemos afirmar que la clase política y gran parte de la sociedad boliviana se mantiene presa por conveniencia en la misma distorsionada realidad en una especie de acuerdo o pacto consagrado por el silencio.
Existen varias muestras donde el sentido común y la objetividad se encuentran ya no ausentes sino que no existe rastro alguno de su existencia previa. ¿Cómo es que se puede explicar que un hecho de corrupción sea hábilmente justificado con el derecho al trabajo?
Eso sucedió en el Municipio de Sucre, en el marco de los Juegos Bolivarianos de la Juventud 2024 y la contratación de un servicio de catering fue adjudicada a la hermana de una concejal “opositora libre pensante” Jhenny Montaño. Fue el propio Alcalde Municipal de Sucre el encargado de desmentir las denuncias y argumentar que una persona no puede estar al tanto de las actividades de los demás, tratando de zanjar el tema que más allá de tratarse de un partido oficialista es un verdadero insulto a la inteligencia de las personas considerar si quiera que la persona en cuestión no tiene idea del poder y la envestidura de la señora Montaño y los diferentes intercambios de favores entre concejales y miembros del ejecutivo so pretexto de garantizar la gobernabilidad.
¿Cómo es posible que los legisladores aprueben millonarios créditos que constituyen deuda cuando el Gobierno defiende la tesis de estabilidad macroeconómica con tipo de cambio paralelo, informalidad y perspectivas de crecimiento de apenas el 1,6%?
Las acciones de los legisladores ratifican la desesperación en las autoridades nacionales por postergar la implosión del modelo Económico Social Comunitario Productivo hasta el año 2025 año de las elecciones generales donde todos los proyectos no prioritarios de inversión pública financiados a partir de deuda sean entregados y así afianzar la hegemonía del MAS en las mesas electorales. No existe el más mínimo interés en dar un cambio de política para atender problemas estructurales como el agotamiento definitivo de las Reservas Internacionales, la fragilidad del tipo de cambio fijo y el fracaso de la industrialización traducido en una caída de las exportaciones del país como resultado del agotamiento de los pozos gasíferos y la actividad minera cada vez menos gravitante producto del auge de la minería ilegal en el norte del país. Así mismo el discurso político obliga al Gobierno a entorpecer el desarrollo de las exportaciones no tradicionales provenientes de Santa Cruz, la conciencia de una crisis instalada demanda premura en el oficialismo por buscar fuentes rápidas e inmediatas de divisas para cubrir no solo propagandas sino pagar lealtades en forma de pegas, contratos y apoyos a gremios afines.
¿Cómo es posible que el Gobierno Nacional no reconozca la crisis en el sector de carburantes y pretenda solucionarla viabilizando la importación de vehículos aptos para funcionar a partir del “dudoso combustible” distribuido?
Viabilizar más importaciones supone aumentar la necesidad de divisas, que irónicamente escasean en el mercado nacional. Cambiar la política energética del país no fue una prioridad a lo largo de la gestión de Luis Arce Catacora, no hará ninguna diferencia implementar paliativos inconexos de la realidad nacional tomando en cuenta que los agentes de la banca comercial están atravesando serios problemas de liquidez bajo las directrices en las carteras de inversiones demandadas desde el ministerio de Economía y Finanzas y ASFI, está última responsable directa de la quiebra del banco Fassil durante su cuestionable supervisión.
Si el ahorro en Bolivia se realiza en el colchón bank y las inversiones se concentran en el sector de bienes raíces con la expectativa de sobrellevar la crisis económica instalada ¿en qué sector se concentra ese leve crecimiento del PIB que el FMI vaticina para este año y que el Gobierno jura y perjura esta subestimado? Obviamente todos los sectores que pululan a la Administración Pública, ajenos a las dinámicas de la economía real que deben su existencia únicamente a la temperatura política del MAS y la pseudo oposición.
Costear la vida en el país de las maravillas es cada vez más caro y el efecto es cada vez de menor duración.
El autor es economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Especialidad en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, presidente de Fundación Lozanía
