La Paz, 15 de abril de 2024 (ANF).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aludió a Evo Morales y dijo que el pueblo no quiere que haya “castas de privilegiados” que se sientan “todopoderosos” frente a la ley, luego que el expresidente dijera que no irá a declarar si es convocado en el caso “ejecuciones extrajudiciales” en el operativo Hotel Las Américas.
“Nadie en el país está libre de concurrir ante la administración de justicia, una exhortación general a todos los ciudadanos, quien sea notificado con una solicitud debe contribuir a la justicia, lo que quiere el pueblo boliviano es que no haya castas de privilegiados que se sientan todopoderosos frente a la ley”, manifestó este lunes el ministro.
El expresidente y líder del MAS, Evo Morales, manifestó este domingo que no se presentará a declarar si es que el Ministerio Público lo convoca a declarar en el marco del caso abierto el año pasado para indagar las violaciones de derechos humanos en el operativo Hotel Las Américas.
“Que nos investiguen. Quiero decirles, que me citen, no me voy a presentar, que me metan a la cárcel. Hemos defendido la integridad del territorio nacional. Se ha defendido con la Policía, aunque ese día yo estaba fuera de Bolivia; estaba Álvaro (García Linera) de presidente en ejercicio”, afirmó en su programa en radio Kawsachun Coca.
El ministro de Justicia dijo que todos los bolivianos que sean citados por el Ministerio Público deben acudir al llamado porque esas son las reglas del debido proceso. “No vamos a entrar en mayor debate con los posibles actores de esta temática porque respetamos a diferencia de otros las reglas del debido proceso”.
Los ciudadanos extranjeros Elöd Tóásó, Mario Tadic, la familia de Michael Dwyer y, los nacionales Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza denunciaron al Estado boliviano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por vulneración a sus derechos, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
La Comisión en 2022 concluyó que “el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial” en perjuicio “de las víctimas identificadas en el presente informe”.
La petición fue presentada en 2009 y admitida en 2018, fue un caso polémico porque en el operativo fueron abatidos además de Dwyer, los ciudadanos Eduardo Rózsa-Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano. En ese tiempo, el gobierno de Morales alegó que eran un peligro para la seguridad nacional porque era un grupo “terrorista” y “separatista”.
Tras este operativo, el gobierno logró reducir los liderazgos de Santa Cruz que tenían una línea de oposición a la administración gubernamental. Muchos fueron detenidos y vinculados a los propósitos del presunto grupo terrorista.
El ministro Lima exhortó al Ministerio Público a trabajar con la máxima objetividad y respetando el debido proceso para que se garanticen los derechos de los ciudadanos y a la justicia que cumpla el control de garantías.
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