Por Luis Fernando Cantoral
La Paz, 5 de abril (ANF).- Un sábado cualquiera cerca de la media noche, una pareja de jóvenes, hombre y mujer, caminaba por una de las calles del macrodistrito Max Paredes, el más populoso y comercial de la ciudad de La Paz.
En su trayecto fueron interceptados, bajo un poste de luz tenue, por cuatro desconocidos, que los amenazaron y redujeron a golpes para quitarles sus pertenencias. El hombre quedó mal herido. Hay cámaras de video vigilancia colocadas por la alcaldía en el lugar y monitoreadas por la policía las 24 horas. El auxilio nunca llegó.
Los vecinos fueron testigos del hecho y dicen que estos casos ocurren cada vez en ese sector. Ellos cuestionan el verdadero propósito de las cámaras de seguridad. Señalan que si bien hay más tecnología y equipamiento para luchar contra la delincuencia, esta inversión no se refleja en mayor seguridad en las calles, al menos en esa zona.
Así como en Max Paredes, en el macrodistrito de Cotahuma el pensamiento es similar.
Mientras que en los barrios de San Antonio y Periférica los vecinos creen que hay un impacto de las cámaras sobre la delincuencia, y en las zonas Centro y Sur consideran que la delincuencia disminuyó gracias al monitoreo.
ANF entrevistó a representantes de seis macrodistritos y recogió opiniones diversas sobre los beneficios de las cámaras de vigilancia, pero también coincidencias en varios aspectos, como: son insuficientes; muchas no funcionan; el proceso para la obtención de las imágenes es muy burocrático; y, la tecnología no coadyuva para una rápida reacción policial.
En marzo de 2016, el Gobierno Municipal de La Paz, junto al Ministerio de Gobierno, inauguró el moderno Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Monitoreo y Despacho Automático conocido como C4, ubicado en el barrio de San Pedro. La construcción y equipamiento del edificio demandó una inversión superior a los 14 millones de bolivianos.
“Hoy estamos dando un paso significativo”, afirmó el alcalde de La Paz, Luis Revilla, presente en el acto. Señaló que el C4 “permitirá realizar un trabajo integral en respuesta a la solicitud de los vecinos”.
El gobierno municipal mediante la dirección de Seguridad Ciudadana se encarga del mantenimiento del centro, del sistema y de las cámaras, mientras que la Policía es la responsable de monitorear las 24 horas del día y administrar las imágenes.
Para esta gestión destinó más de 574 mil bolivianos para el mantenimiento de las cámaras, alarmas (más de 400) y de todo el sistema.
Hasta la fecha hay 649 cámaras instaladas en lugares estratégicos en siete macrodistritos de la ciudad, de las cuales 347 están activadas, dos fueron retiradas por mal estado, 61 se encuentran en mantenimiento y 239 en proceso de activación, según informó el secretario municipal de Seguridad Ciudadana, coronel José Luis Ramallo, en entrevista concedida a ANF la primera semana de marzo.
“Cuando hay un requerimiento del Ministerio Público, se dirigen a esa instancia que está bajo tuición de la Dirección Nacional de Tecnología y Telemática de la Policía, y ellos proveen la información en imágenes (…) que normalmente es en 48 horas” en ser entregadas, señaló Ramallo entrevistado en su oficina.
La autoridad indicó que el mantenimiento preventivo está en el orden del 15 por ciento del total de las cámaras. Cuando el deterior es leve la cámara está habilitada en 48 horas, si es grave demora 72 horas, y si es gravísimo se retira la cámara.
Víctor Calerno Poma es dirigente de la zona Obispo Indaburo en el distrito 7 del macrodistrito Max Paredes, donde la alcaldía cuenta con 67 cámaras activas. Max Paredes está conformado por cuatro distritos -7, 8, 9 y 10- y es el más poblado de la urbe paceña con 190.541 habitantes, según la Encuesta Municipal de Hogares 2016.
Calerno se queja de que por su zona las cámaras de video vigilancia no están funcionando: algunas por falta de energía, otras no tienen conexión a la fibra óptica y un tanto por falta de mantenimiento.
“Hay quejas de las otras juntas vecinales de que las cámaras no están cumpliendo la función adecuada (…) y la delincuencia está como de costumbre”, dijo entrevistado por ANF.
Indicó que la gente tampoco conoce bien sobre la función de las cámaras ni dónde están instaladas para denunciar en caso de ser víctimas de asaltos. Pidió mayor explicación de parte de la policía y la Alcaldía. “Los afectados no denuncian, solo huyen como pueden cuando los asaltan y la policía nunca llega pese a que monitorea las 24 horas”, apuntó.
También se quejó de los módulos policiales. Solo sirven de dormitorios, dijo.
Algunas zonas del macrodistrito Max Paredes conocidas por su peligrosidad, son: 14 de septiembre, Garita de Lima, Gran Poder, Los Andes, Obispo Indaburo, Puente Abaroa, Chamoco Chico, Villa Victoria, Cementerio, Bajo Tejar, Kollasuyo, final Entre Ríos.
Fidel Lima, dirigente vecinal del distrito 8, coadyuvó la versión de Calerno y remarcó que ante “cualquier delito que se comete no hay el auxilio y atención con esas cámaras”. Incluso sindicó a algunos efectivos policiales de estar implicados en ilícitos.
“Al varón le sacaron la dentadura de un golpe; revisamos en algunas cámaras que tenemos en domicilios particulares para dar con los responsables y se ve una parte del vehículo, que es una camioneta de la policía”, señaló.
Pidió las imágenes al C4, pero nunca recibió respuesta. “Yo creo que esas cámaras no funcionan y no van a funcionar”. Él ve que las alarmas municipales son más útiles.
“Yo tengo una cámara en faro Murillo, pero no funciona, está así casi un año”, dice Silverio Andrade, presidente del Distrito 5 de Cotahuma. En el macrodistrito hay 76 cámaras activas para los distritos 3, 4, 5 y 6.
Dice que si bien permiten identificar a los delincuentes, no cumplen una acción preventiva como lo hacen las alarmas.
Mario Jové, dirigente del distrito 6, conformada por 11 juntas vecinales, apunta al Centro de Monitoreo del C4 y a la Alcaldía por la inefectiva utilidad de las cámaras.
Dijo que las cámaras al no estar conectadas a las pantallas en el C4, solo almacenan la información en computadoras. Sólo sirven como archivo y se tropieza con un trámite burocrático al querer acceder a ellas para un proceso judicial.
“Sería bueno reportar el robo inmediatamente, pero ahora nos dicen vayan donde el abogado, haga requerimiento fiscal, todo un trámite y nosotros quisiéramos que sea un acceso más directo”, refirió.
El director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía destacó la importancia de que la entrega de las imágenes sea por el conducto legal para darle valor de prueba a las imágenes.
“Esto es por el valor legal que se le puede dar a esta información, porque si no se lo obtiene por este canal, entonces no tiene uso para fines legales”, dijo.
Eduardo Choque, presidente vecinal del distrito 13 de Periférica, pidió más cámaras para su sector. En el macrodistrito hay 67 cámaras activas. Destacó que el monitoreo ha ayudado a identificar a delincuentes y esclarecer algunos casos. Dijo que su zona es relativamente tranquila.
Pero prefiere que la policía actúe con antelación para evitar el robo, y no actuar después del hecho delictivo. Asegura que la reacción policial es tardía.
“Prácticamente las cámaras están como adorno”, se queja Gloria Quino, presidenta del distrito 15 de San Antonio. En el macrodistrito hay 34 cámaras activas para los cuatro distritos que conforman la zona: 14, 15, 16 y 17.
Recuerda que hace pocos días el cerebro de un minibús fue robado en el lugar donde había una cámara de vigilancia, en el sector Capilla. Solicitaron la información de las imágenes y comprobaron que la cámara está inactiva desde 2018.
Amanda Méndez, presidenta vecinal del distrito 17 de San Antonio, pide a la alcaldía activar las cámaras, ya que de 12 que hay en su zona solo 8 funcionan por falta de fibra óptica. Agradece que el sector donde vive es tranquilo y solo proliferan bebedores.
Armando Zacarias, del distrito 1 en el macrodistrito Centro destaca la reducción de la delincuencia gracias a las cámaras de seguridad, que según la Alcaldía hay 89 activas.
“Como vecino creo que ha bajado mucho la delincuencia, en un 60 por ciento”, señaló.
Dijo que para su zona, la Cancha Zapata, faltan unas 7 cámaras para estar más tranquilos.
Mary Hermoza, representante de la zona San Sebastián, reconoce que las cámaras sirven de mucho, tanto para esclarecer hechos delictivos como accidentes de tránsito. Asegura que la delincuencia se redujo en un 30 por ciento y pide más cámaras.
En el macrodistrito Sur, donde solo hay 14 cámaras activas, el dirigente Juan Carlos Carvajal destaca que las cámaras están cumpliendo su función en la zona, pero considera insuficiente la cantidad que solo cubre el 20 por ciento del macrodistrito, conformado por los distritos 18, 19 y 21.
Pide una relación mucho más directa de la policía con los vecinos para la lucha contra el crimen.
La dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía se comprometió a activar las 239 cámaras restantes hasta julio de la presente gestión, así como aumentar la capacidad de la red de fibra óptica de uno a nueve gigas para un mejor servicio.
ANF también solicitó información al Comando de la Policía para conocer el impacto de las cámaras de video vigilancia en la lucha contra el crimen. La Unidad de Relaciones Públicas de la Policía respondió que por la cuarentena todos los trámites y solicitudes de información están suspendidos. Las entrevistas a parte de los vecinos fueron realizados al inicio de la cuarentena, por vía telefónica.
Esta investigación fue realizada para ANF en el marco del Fondo de Apoyo Periodístico “La Paz y Tarija a través de nuevas miradas” que impulsan la Fundación Para el Periodismo y el Observatorio La Paz Cómo Vamos con el apoyo de ONU Hábitat.
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