No hay agua suficiente. La que consumen las 21 familias que habitan este territorio, la extraen de un pozo y le echan cloro para potabilizar.
En agosto de este año, esta comunidad que está 18 kilómetros de Roboré – al borde del área protegida- fue una de las más afectadas por los incendios forestales. Las llamas llegaron muy cerca de las pequeñas casas, de habitaciones oscuras y animales domésticos dispersos. Toda la producción de cítricos, mangos y alimentos para el consumo, se perdió.
Así lucía Quitunuquiña entre agosto y septiembre. En esta comunidad solo hay una escuela de primaria, a la que los niños dejaron de ir ese tiempo por la contaminación.
De pronto la tranquilidad de la gente de campo se vio afectada por la llegada de soldados, voluntarios, bomberos forestales, personal de la Alcaldía, la Gobernación. Unas 300 personas arribaron para ayudar a controlar el fuego.
Las mujeres cocinaban en inmensas ollas comunes, mientras los hombres entraban al monte a sofocar las llamas, apoyados por equipos de dron, que mostraban dónde operar.
4,2 millones de hectáreas, en 27 municipios, ardieron en Santa Cruz entre julio y octubre de este año. El 42 por ciento, en áreas protegidas, según la Gobernación.
El fuego, que se originó en San José y Roboré, guardó “conexión estrecha” con el avance de la consolidación de propiedades agrarias privadas, propiedades ganaderas y asentamientos de comunidades, refiere la Fundación Tierra como conclusión preliminar de su informe ‘Fuego en Santa Cruz’.
“En realidad fue un mal año. Primero vino la sequía, no llovió hasta abril. En julio una helada. Al final, el incendio, que parece vino de la carretera”, dice Orlando Parabá (71).
Risueño y regordete, junto a su esposa Manuela Mercado (64), cuenta que esos días “daban ganas de llorar”. Solo la solidaridad les ayudó a hacer frente al desastre. “Ahora todavía tenemos alimentos que nos donó la Gobernación. Cuando eso termine, no sé qué vamos a hacer, espero que ya los árboles de limones y mangos puedan florecer”.
Las serranías de Santiago vistas desde el mirador del Valle. En las rocas anidan parabas en ciertas temporadas del año. Foto Steffen Reichle
En las calles de Roboré, la gente iba de un lado a otro llevando paquetes de agua, vituallas, alimentos no perecederos, implementos para los bomberos forestales y los voluntarios. Allí se montó el centro de operaciones para atender a toda la Chiquitania. Hasta la Alcaldía llegaban grupos de jóvenes de todo el país, para relevar a los que habían entrado a trabajar.
Vanessa Suárez, secretaria de Turismo, fue una de las encargadas de organizar los turnos y la dotación de insumos, tanto para quienes iban a línea de fuego, como para las comunidades que estaban afectadas. “Para nosotros fue una lección muy grande por la solidaridad y porque mientras las cosas llegaban, teníamos que pensar en el postincendio”, dice ahora.
Pocas veces el país se había unido tanto en torno a una causa. Pocas veces se le dio tanto la razón a los ambientalistas. A aquellos que advertían que la deforestación y los asentamientos ilegales de personas –ambos apoyados por políticas gubernamentales- iban a pasar una factura muy alta.
Ahora, por las calles la gente habla de reconstrucción, de reactivar el turismo, que se vio parado desde agosto pasado, primero por los incendios y después por la revuelta popular de 21 días posterior a las elecciones. Pero habla también de preservar la riqueza natural, porque ya se empezó a sentir la falta de agua.
“En Santiago nos está faltando agua, estamos tratando de captar de un lugar y de otro”, dice Rosario Jaldín, subalcaldesa y actual presidenta del Comité de Gestión.
No es que fuera la primera vez que la Chiquitania sufre por el fuego, debido a la naturaleza de sus ecosistemas, pero esta fue la tragedia ecológica más grande de la última década. Entre otras cosas, porque mientras se apagaba las llamas en un lado, había quienes las prendían para “limpiar” el terreno en época de invierno; una práctica que en Bolivia se denomina chaqueo.
Pero una vez más, la resiliencia del bosque seco chiquitano y el cerrado mostró que está hecho a prueba de fuego. Si entre agosto y octubre aquello parecía una escena gris del Apocalipsis, hoy se ve un reverdecer que cubre cualquier desesperanza.
Lo sucedido sirvió también para reforzar la idea que tiene mucha gente de Roboré, de salir a protestar cuando alguna amenaza acecha a su área protegida. Si en algún momento, hubo quienes aceptaron el ingreso de la minería, porque veían en ella una oportunidad para tener ingresos; hoy la mayoría coincide en que el “no” volverá a ser rotundo.
Ese sentimiento se vio reflejado también en un paro de 21 días que se convocó en Santa Cruz frente a denuncias serias de irregularidades en los comicios presidenciales. Aunque el municipio se aprestaba para reactivar el turismo solidario, mediante visitas a las comunidades afectadas por el fuego, paró sus actividades desde el mediodía del 22 de octubre.
Para Orlando, aquello no debió darse, porque la gente necesitaba trabajar para recuperarse después de los incendios. Le pregunto entonces a este hombre si los otros bloqueos, aquellos que en su momento se realizaron para defender Tucabaca eran válidos. “Ah, eso es otra cosa, eso sí. El Valle no se toca”.
El Valle es muy apetecido por mineros, ya que al ser parte del escudo del precámbrico, entre sus entrañas hay hierro y manganeso. Foto: Doly Leytón
