Taller de producción en un recinto penitenciario. Foto: DGRP
La Paz, 26 de mayo (ANF).- El área nacional de Postpenitenciario de la dirección de Régimen Penitenciario ejecuta cinco pautas o lineamientos de intervención postpenitenciaria para garantizar la reinserción social de privados de libertad recluidos en centros penitenciarios del país. La labor se inició en 2021 y aun no cuenta con presupuesto estatal oficial, pero se apoya económicamente en las organizaciones No Gubernamentales (ONG), que son su “brazo operativo”.
“Con la estructura ya realizada estaríamos hablando de que estamos arrancando (el postpenitenciario) desde el año pasado, 2021, con el inicio en cada recinto (la socialización del programa) y ya con resultados”, dijo a ANF Rita Castelo, responsable nacional del Postpenitenciario, que cuenta con nueve coordinadoras departamentales y un encargado por cada recinto carcelario.
Detalló que, como resultados de este trabajo, en la gestión 2021 se adscribieron al programa 977 privados de libertad a nivel nacional, de los cuales 304 personas en libertad se encuentran en etapa de monitoreo y seguimiento. Solo en La Paz, en la misma gestión han sido insertados en el postpenitenciario 529 personas, de las cuales 73 reciben seguimiento.
En el resto de los departamentos aun no se disponen de los datos desagregados, aunque se tiene que los mayores avances se dieron el La Paz y Santa Cruz.
De acuerdo con la resolución administrativa penitenciaria 095 del 16 de octubre de 2018, se establecen los Lineamientos Generales de Intervención Postpenitenciaria que tienen el objetivo de “incidir en la efectiva reinserción social de personas que han cumplido su sentencia posibilitando que, tanto profesionales del sistema judicial, penitenciario e instituciones afines, puedan compartir experiencias para lograr dicho cometido”, manifestó en aquélla ocasión el entonces Ministro de Gobierno, Carlos Romero.
“El post penitenciario trabaja en base a cinco lineamientos: reunificación familiar, fortalecimiento en salud, fortalecimiento psicosocial, inserción educativa e inserción laboral”, explicó Castelo.
Para el inicio de estas acciones se cuenta con un segundo documento denominado “Protocolo de Atención Postpenitenciario”, de septiembre de 2021.
Cuando se aprobó el documento de los lineamientos, el entonces Ministro Romero, señaló que en el plano internacional la evidencia muestra “la importancia” de garantizar una efectiva intervención y acompañamiento a personas infractoras del orden jurídico penal “contribuyendo, de esta manera, a una sociedad más segura”.
“El trabajo postpenitenciario, precisamente, busca un acompañamiento profesional a las personas privadas de libertad que cumplieran la sentencia jurisdiccional, para que logren una exitosa reinserción y reintegración a la sociedad”, dijo Romero.
Indicó que con los lineamientos se pretende responder a las diferentes necesidades de las personas privadas de libertad como la falta de acogida familiar, las dificultades para acceder a un trabajo, a la educación y a la atención en salud; pero también, “garantizar la continuidad de las necesidades terapéuticas y tratamientos específicos ligados a la codependencia al alcohol y a las drogas”.
Castelo afirmó que, de acuerdo a norma, se debe trabajar con personas que están en tercero y cuarto periodo, es decir quienes están cerca de cumplir su fase de reclusión y se preparan para a salir en libertad, “pero la gente que está adentro por el tema de retardación de justicia no podemos negarle acogerse al programa”.
Por lo tanto, el requisito es que la persona privada de libertad debe haber cumplido el tiempo de seis meses de reclusión, porque ese tiempo se podría extender hasta años, incluso sin sentencia, “aprovechamos y los captamos para que entre al proceso de reinserción”.
El programa postpenitenciario considera dos etapas: la etapa preparatoria, que transcurre dentro del recinto y consiste en la capacitación en actividades productivas para preparar al interno; y, la etapa de monitoreo y seguimiento, que ocurre fuera del penal, tiempo en el que se acompaña al liberado en su proceso de reinserción a la sociedad.
Según Castelo en el tema de la reintegración familiar, el acompañamiento es máximo por seis meses, en educación se garantiza el trámite para que continúen en algún centro educativo, y en el tema laboral se llega hasta nueve meses, monitoreando las condiciones. En tanto, que el seguimiento “más largo es en el tema de salud”, aunque no especificó cuánto.
Toda esta labor se realiza principalmente gracias a la intervención de las ONG que, en coordinación con Régimen Penitenciario, ejecutan las acciones operativas desde el interior de las cárceles hasta que los privados de libertad salen en libertad y posteriormente.
“Si la persona no tiene domicilio se tiene que coordinar adónde se la va a sacar, sea un refugio temporal o, si la persona tiene domicilio y todas las posibilidades, necesita reinsertarse en el tema de familia o la fortificación de sus relaciones familiares. Entonces apenas sale, las auxiliares de psicología ya han trabajado con la familia para este encuentro”, dijo Castelo.
Agregó que se acompaña al exprivado de libertad a su domicilio y se planifica las visitas que se le hará en adelante también para coordinar el tema laboral. “Vemos dónde lo podemos acomodar y para empezar van al CVCS para que les apoye en hacer un currículum”.
Aunque, de acuerdo con testimonios recabados por ANF, muchos exprivados que salieron en libertad, entre 2019 y 2021, de centros penitenciarios de La Paz refieren no conocer de estas acciones y que los talleres productivos que existen en el interior de las cárceles se hace principalmente por el esfuerzo de los mismos internos, y que incluso la Policía que los resguarda se constituye en un obstáculo para el mejor desarrollo de estas actividades.
No obstante, según datos de la ONG Centro Voluntario de Cooperación de Desarrollo (CVCS), con los privados de libertad con quienes se trabaja, inicialmente las trabajadores sociales empiezan a conocer los beneficiarios, con quienes se plasma “el proyecto de vida”, las relaciones con la familia y amigos, para luego insertarlos dentro de los programas al interior de los recintos, como los talleres de capacitación y producción.
“Una vez que los chicos egresan (de la cárcel), se apoya principalmente en la inserción familiar, así que se hace todo un trabajo con las familias para construir las relaciones, apoyar a los muchachos para encontrar trabajo”, dijo Ludovica, voluntaria de CVCS.
Sin presupuesto
El responsable de Rehabilitación y Reinserción Social, René Valverde Gallegos, explicó que en el tema de postpenitenciario el financiamiento se consigue a través del CVCS que hace las gestiones mediante la Unión Europea, recursos que sirven para publicaciones, contratación de pasantes, consultores, personal técnico para hacer la intervención a nivel psicosocial.
Agregó que “lastimosamente los recursos que destina el Gobierno para Régimen Penitenciario son bastante recortados y cada año nos va recortando más”. Por esta situación “el área del Postpenitenciario se está quedando sin algunos ítems, no tenemos mucho personal”.
El poco presupuesto que se les asigna, indicó, se usa para la contratación de consultores y para el tema de rehabilitación de personas con problemas de consumo de alcohol y drogas en las cárceles, “después, todo lo demás que se hace en esta área es autogestionario con otras instituciones”.
Castelo explicó que como el trabajo que realiza el área de postpenitenciario recién tiene algo más de un año, aun está en fase experimental y poco alcance. “El tema laboral conforme al segundo documento recién estamos implementando, ya en la parte procedimental ya se ha venido haciendo por su lado cada departamental con el apoyo de instituciones”.
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