Marcos Uzquiano lleva 22 años en la conservación de las áreas protegidas, fue destituido como jefe de los guardaparques del Parque Nacional Madidi y enfrenta un proceso legal que le inició la minería aurífera por considerarlo “opositor” a la extracción del oro. El sector cooperativista aurífero en Bolivia goza de privilegios, impunidad y protección del Gobierno.

El guardaparques cuenta que su primera experiencia de contacto con los mineros fue en 2012, cuando había las primeras intenciones de mecanizar la minería en el área protegida. Hizo varios procesos administrativos para contener el avance, en ese tiempo se sancionaba, multaba y la cooperativa era desalojaba del lugar.

La presión minera hacia los parques se remonta al 2013, cuando se volvió a zonificar el Parque Nacional Madidi. “Los mineros no deberían tener esa posibilidad de operar, de obtener una licencia o un permiso, ellos se dieron modos para que eso ocurra”, señaló a la ANF el guardaparques, hoy es el jefe de Protección de la Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni (EBB).

Uzquiano -primer guardaparque boliviano en recibir el Premio Internacional de Guardaparques 2022 por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)- se dedica a esta protección desde 2001, comenzó su trabajo en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. 

“Yo estaba como jefe de protección en la zona B del parque, en Apolo. Hoy Apolo está invadido de minería aurífera. En 2015 hicimos observaciones al Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) porque les estaban cediendo demasiado (terreno) a los mineros, les dijimos que no fuimos parte del proceso y que se impusieron intereses mineros contradictorios a los objetivos de protección. Entonces se tuvo fuertes problemas”.

El “pecado” de Uzquiano fue defender el área protegida. Lo destituyeron del cargo tras iniciar un proceso administrativo a una empresa china por trabajar ilegalmente en la cordillera del Madidi. Luego de reclamar en la Unidad de Transparencia del Ministerio de Justicia él retornó a su puesto, pero como jefe interino.

La presión no cesó, en 2018 un congreso minero al que Uzquiano y otras autoridades fueron invitadas presionó para que deje el Madidi. Luego de varias diligencias, Uzquiano fue destituido como director.

La estrategia de presión continuó, “Incluso llegaron a emitir un pronunciamiento y resolución que pedían la abrogación del decreto de creación del Parque Madidi”, recordó.

Un comunario de Teoponte, provincia Larecaja de La Paz, que pidió guardar su identidad en reserva por seguridad, rompe en llanto, no solo por la reciente muerte de su padre, sino porque cooperativistas mineros avasallaron a la fuerza su terreno de casi dos hectáreas. 

Un cúmulo de sentimientos lo agobian, su rostro expresa tristeza, rabia, angustia, resignación, estruja sus manos al recordar que cooperativistas mineros avasallaron a la fuerza el terreno de casi dos hectáreas que su padre consiguió con esfuerzo tras trabajar extrayendo oro para la empresa South American Placers Incorporated (SAPI). 

Era una firma estadounidense que en la década de los 60 tenía una draga gigante de 40 cucharas que prácticamente explotaba en el río Kaka, es más a esa draga se la conocía como la “campeona del mundo”.

“Todo Teoponte se ha cuadriculado en 2011. El terreno de mi viejo que la empresa le ha dado como pago de aporte de tres años, lo han avasallado en 2014. Mi papá también era cooperativista, pero jamás pensó que le iban a quitar, de pronto han aparecido supuestos dueños con papeles, pero él es el dueño, me han avasallado y saqueado. Mi papá no hizo sus documentos y con ese argumento se han entrado”, contó apenado el comunario.

“En el río ahora trabajan con colombianos, hice la denuncia, pero ahí quedó, las autoridades reciben coimas, reciben oro, yo lo he visto”, denunció.

La situación de Marco Uzquiano y el comunario de Teoponte son un ejemplo de la presión que ejercen los cooperativistas. La destrucción del medio ambiente, la contaminación de los ríos y el envenenamiento de los indígenas por el mercurio, no tiene freno.

Comunarios detenidos, procesados, violentados con armas en sus territorios, avasallamiento de tierras por cooperativistas es una realidad que no tiene control principalmente en las zonas altamente ricas en oro.

La senadora Cecilia Requena, integrante de la comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, dijo que no se conocen datos de que el Gobierno haya iniciado acciones para frenar la minería ilegal, por el contrario, la misma avanza y no para.

“Hay casi total impunidad porque hay solo algunas acciones que están en camino, pero no veo que ninguna de esas acciones sea realizada por el Gobierno. No conozco hasta el momento (…) procesos por la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), es posible que se hayan iniciado, pero no son públicos, no hay datos transparentes y de fácil acceso siendo que el 90% de la minería es ilegal”, mencionó Requena a la ANF.

Acotó que toda actividad libre de laudo está relacionada a otras violaciones graves, como la contaminación del agua con mercurio, la afectación a los cursos del agua, la destrucción de bosques, la trata y tráfico de personas, la violencia en general con el uso de armas de fuego y -según denuncias-, la colusión con otras redes criminales, como el narcotráfico.

“Estuve en febrero de este año en las riberas del río Santa Elena, frontera La Paz-Cochabamba y por el río Tacajes, hicimos inspección. Hay terrenos que están siendo usados para el cultivo de marihuana, el oro blanco. Son lugares lejanos, se debe ir en embarcación cuatro a cinco horas, la Policía brilla por su ausencia”, denunció un comunario tacana del cual se reserva su nombre por su seguridad.

Este medio intentó de manera insistente una entrevista con la AJAM, incluso a través de una carta tal como la Unidad de Comunicación solicitó, pero no hubo respuesta. También se solicitó una entrevista al Ministerio de Minería y Metalurgia comunicación dijo tramitaría, pero no se tuvo éxito.

Según Requena, de cuatro formas:

1. - Cuando la AJAM impide el acceso a cualquier persona a un listado georeferenciado del trabajo de las cooperativas mineras, representa una falta de transparencia, lo que genera un espacio para la ilegalidad. “Es decir que hay impunidad por omisión y falta de acceso que termina protegiendo la ilegalidad”.
2. - Por el incumplimiento “descarado” de resoluciones judiciales que han ordenado que se ayude a los guardaparques en su labor, pero se ha hecho caso omiso de esa orden, “sin generar ningún tipo de acción”.
3. - Cuando los guardaparques son demandados por los mineros por difamación y calumnia, cuando ellos no trabajan legalmente. El Sernap no protege a los ambientalistas, no les ofrece apoyo legal por el costo económico.
4. - La AJAM conoce “perfectamente” que los mineros apenas reservan su derecho minero ya empiezan a trabajar, pero no debería ser así “y no hay ningún tipo de advertencia ni de acción para evitar que con el inicio del trámite de permiso se vayan a explotar el oro”.

“Son ejemplos de encubrimiento y de tanta impunidad a los actores mineros ilegales. Muestran cuatro papeles y a ver quién les pide algo”, observó la asambleísta.
 

Una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) dio a conocer que la Amazonía boliviana es la mayor zona sometida por la expansión de la minería del oro en Bolivia, seis son los municipios más afectados: Riberalta, El Sena, Villa Nueva, Nueva Manoa-comunidad Puerto Rico, Nueva Manoa-frontera con Brasil e Ixiamas.

“El rol del Estado se redujo a ser mero otorgador de derechos y recaudador de la renta (regalía). (…) En diferentes trabajos de campo se corroboró el descontento de las comunidades con la actual Ley 535 (Ley de Minería y Metalurgia), sobre todo en aspectos como: las atribuciones para la fiscalización de actividades mineras y la distribución de la regalía minera. Esto provocó que las comunidades a través de sus autoridades originarias, asuman atribuciones como la de otorgar autorizaciones y realizar cobros para avalar la presencia de la actividad minera, sea esta legal o ilegal”, dice la investigación titulada Oro en Bolivia: Flujos financieros, actores operativos y áreas de expansión.

La expansión de las cooperativas es imparable, de acuerdo con datos del Viceministerio de Cooperativas Mineras, en Bolivia, hasta mayo de 2023 se registraron cerca de 30.000 cooperativas mineras en general, de las cuales, cerca de 1.800 se dedican exclusivamente a la extracción del oro. De esta última cantidad, al menos el 85% se constituyen en el norte de La Paz.

Las cooperativas mineras auríferas en Beni, Pando y el Norte de La Paz pueden clasificarse en pequeñas, medianas y grandes, según Alfredo Zaconeta, investigador del CEDLA. Las pequeñas son semimecanizadas, trabajan con balsas, producen cerca de 280 gramos de oro al mes y utilizan menos de 20.00 litros de diésel.

Las medianas son mecanizadas, utilizan balsas y planchones, más de 20.000 litros de combustible (abastecimiento por hoja de ruta y por contrabando) y extraen de dos a cinco kilogramos mensualmente. Las grandes también son mecanizadas, hacen uso de planchones, chutes, generadoras eléctricas y dragas, utilizan más de 40.000 litros de diésel y extraen más de cinco kilogramos de oro.

Zaconeta indicó que algunas empresas privadas y unipersonales se hacen pasar por cooperativas para evitar pagar tributos, pues éstas son las únicas que gozan de privilegios del Gobierno ya que pueden cancelar menos del 2,5% de regalías por ser una minería “artesanal”.

Sin embargo, esta agencia investigó que solo en el municipio de Tipuani, una sola “cooperativa” puede tener hasta 22 maquinarias pesadas, ocupaban numerosas hectáreas de tierra y cientos de trabajadores trabajaban en minería a cielo abierto, otras desmontaban cerros y desviando el curso del río del mismo nombre.

Para José Pimentel, exministro de Minería y Metalurgia, no existe presencia del Estado principalmente en zonas alejadas donde llegó la minería. Los operativos que realizan con la AJAM y la Policía solo ayudan a solucionar el problema de manera fugaz, pues cuando la fuerza del orden público se va, los mineros vuelven a operar.

“El sector cooperativo es muy grande y tiene ciertos privilegios en el mundo político para sacar leyes, permisos y ventajas. Son los que manejan el Gobierno mismo, creo que el Gobierno les da ventajas, liberando impuestos, como cooperativas no declaran la producción, ellos no tienen control contable, es una minería que elude todas las obligaciones sociales, tributarias y de medio ambiente. La única manera de normarla es quitarle estos beneficios”, señaló la exautoridad.

Las cooperativas saben de su poder económico, pero también político. Sus movilizaciones masivas siempre tienen un tinte amenazante para lograr sus objetivos. Tras negociaciones con el Gobierno nunca se van con las manos vacías.

En la última protesta realizada a inicios del mes de noviembre de este año paralizaron la ciudad de La Paz durante dos días. Atacaron con piedras la AJAM, retuvieron durante horas al personal del Sernap. Aprehendieron a cooperativistas que luego los dejaron en libertad.

El Gobierno no dudó en abrir el diálogo con el sector. El mismo presidente Luis Arce recibió a una nutrida delegación de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas. La autoridad señaló que se reunió para “coordinar acciones en beneficio del sector cooperativizado boliviano”.

A la fecha no se sabe cuáles fueron los acuerdos a los que arribaron, toda vez que los cooperativistas exigían en su pliego petitorio ingresar a las Áreas Protegidas.

El 13 de abril de este año, el Ministerio de minería y Metalurgia (MMyM) informó que se desbarató una actividad minera ilegal en el Municipio de Palca, en el departamento de La Paz, donde se explotaba oro sin autorización. Se aprehendió a tres personas, Luis T. S., Pablo T. Q. y Ramiro V. M.

En otro caso, el 15 de julio, la Policía detuvo a 57 personas y destruyó al menos 27 dragas por explotación ilegal en seis puntos del río Madre de Dios, entre Candelaria y Miraflores, en el Beni. Del total, 19 cumplen detención preventiva. Asimismo, el 23 de agosto, nueve personas fueron aprehendidas en Vilaque por la misma causa.

El 23 de este mes, tras un operativo, siete personas fueron aprehendidas en flagrancia por la explotación minera aurífera ilegal en un lugar no autorizado en el municipio de Chulumani de la provincia Sud Yungas.

Estos son algunos casos de la Policía a personas vinculadas en la explotación de oro ilegal en Bolivia o por traficarlo fuera del país. Según un recuento de prensa que hizo este medio, se pudo establecer al menos a 256 personas detenidas desde 2017 hasta la fecha.

“Se debe hablar de la capacidad del Estado de precautelar sus intereses, no existe Estado en muchas regiones. La Policía cuando va, hace sus operaciones, pero cuando retorna seguro se vuelve a realizar la actividad minera, nuevamente está funcionando. No existe la capacidad física del Estado para hacerlo”, señaló Pimentel

Ya en 2017, información de medios estatales daban a conocer que la AJAM realizó 20 operativos, en cinco departamentos del país, con la aprehensión de 127 personas. En 2018, la jueza Ricardina Aruni determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva para 14 ciudadanos de nacionalidad asiática, siete colombianos y un boliviano por el delito de explotación ilegal de oro en el río Kaka, Teoponte (Ver infografía 2)
 

Según las fuentes entrevistadas, pese a estos operativos la minería continúa. Hay comunarios e indígenas detenidos quienes no tienen relación con el conflicto pues los verdaderos culpables no están detenidos.

“Los hermanos indígenas han sido detenidos por la actividad de minería, pero cuando denunciamos a los verdaderos culpables dentro de nuestros territorios y hacemos conocer a las instancias, se hace caso omiso. Hay situaciones en las que quedan impunes en territorios donde hay conflictos”, dijo Lino Illimuri, vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP).

En mayo de este año, la CPILAP denunció que pobladores indígenas de 36 comunidades del norte de La Paz tienen desde 0,03 hasta un poco más de 10 partes por millón (ppm) de mercurio en sus cuerpos. Una cantidad elevada de contaminación y que está por encima de lo “permitido” que es de 1,0 ppm, de acuerdo a Naciones Unidas.

Los indígenas del pueblo Esse Ejja están altamente contaminados debido a que pescan del río Beni y consumen el pescado, este producto es la vía de contaminación, afectando su salud de manera silenciosa.

Tras esta denuncia, el Juzgado Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad de Rurrenabaque, del Beni, determinó la suspensión de las actividades de la minería ilegal en los ríos Beni y Madre de Dios, además en los afluentes de Alto Beni, Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje. La resolución no se cumple hasta ahora.

En Rurrenabaque, a mediados de este mes, las autoridades de diferentes municipios del Norte de La Paz denunciaron la presencia de la minería mecanizada y “destructora”. ANF también visitó el pueblo Esse Ejja de la comunidad Eyiyoquibo, en San Buenaventura. Ahí se pudo comprobar, de voz de los mismos indígenas que continúan comiendo pescado.

“Hay impunidad, así de claro. Se ha agarrado a gente indígena que ni siquiera contamina, pero las grandes empresas, no sé qué privilegios tienen. Esto es lamentable, los verdaderos peces gordos están libres, están tranquilos”, enfatizó Noé Macuapa, corregidor de San Miguel del Bala.

“Antes de otorgar ciertas cuadriculas, la AJAM debería identificar qué comunidades existen, si son comunidades indígenas, si están tituladas como tierras comunitarias de origen, si son área protegidas. La AJAM debería tener información de los planes de gestión territorial de los pueblos indígenas. Hay áreas destinadas exclusivamente para protección estricta y otras áreas para protección agrícola, para actividades de turismo. Todo el territorio tiene un plan de manejo; por ende, las instituciones deben conocer a la hora de dar autorización”, protestó Illimuri.