Bolivia experimenta una crisis profunda de los derechos humanos a raíz del modelo económico basado en el extractivismo. Esto genera un escenario complejo y de riesgo para las personas y organizaciones que defienden activamente los derechos humanos, particularmente las que están vinculadas al medioambiente y a los territorios, como es el caso de las mujeres defensoras de la naturaleza. 

Bertha Ayala tiene 54 años, es oriunda de la comunidad de Totoral Chico, provincia Poopó del departamento de Oruro, es miembro del Consejo de Justicia Ayllu Acre Antequera, desde donde se enfrenta a la empresa minera Illapa S.A., ahora asume su defensa en un proceso penal acusada por avasallamiento minero.

La lucha de Ayala es porque la empresa afectó a prácticamente ocho comunidades que forman el ayllu, contaminando el agua, además que el líquido se ha ido secando paulatinamente desde que esa compañía opera en el lugar, denunció la defensora. 

Según el Mapa de defensores ambientales del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), donde se reporta las amenazas, agresiones y ataques a las defensoras y defensores ambientales en el país, hay 211 ataques a diferentes activistas, el 47,3% son mujeres y líderes. La base de datos señala que 191 perpetradores de los ataques son parte del Estado o tienen algún vínculo político partidario.

Actualmente, el país es reconocido a nivel internacional como un Estado Plurinacional y destaca su avance en la defensa de los derechos de la naturaleza (Madre Tierra), medio ambiente, y de las naciones y pueblos indígenas originarios. Sin embargo, las diversas actividades extractivas como la minería, los hidrocarburos y la agroindustria, entre otros, son actividades que no cuentan con una regulación coherente con la legislación, generando conflictos y condiciones de vulneración a los territorios, y a sus defensores. 

Así se afirma desde el equipo de incidencia de derechos Humanos del CEDIB en su cartilla El Derechos a Defender los Derechos Humanos y la Naturaleza. Por tanto, los riesgos para las defensoras y defensores se reflejan en la paradoja de que ellas y ellos son acosados y perseguidos por actores de una estructura de poder que a nivel internacional es reconocida como paradigma de protección de la Madre Tierra y los pueblos indígenas.   

A lo largo de la última década, en Bolivia avanzó el patrón extractivista (minero, petrolero y agrario), a pesar que desde el discurso gubernamental se destacan procesos de descolonización y defensa de la Madre Tierra. Sin embargo, este esquema conlleva procesos de explotación, despojo y daño de la vida humana y de la naturaleza. 

Esta dinámica extractiva genera conflictos al interior de las organizaciones y territorios indígenas que sufren avasallamiento y saqueo. De ahí surgen grupos de resistencia y defensa en torno al cuidado de la vida donde las mujeres tienen un importante protagonismo.

El coordinador de incidencia política del CEDIB, Miguel Miranda, asegura que países como Bolivia tratan de mostrarse ante la comunidad internacional como un Estado contrario a las políticas depredadoras del medio ambiente y de los pueblos indígenas, como si no existieran graves violaciones a los derechos humanos o persecución a las personas que defienden el medio ambiente. 

Miranda resalta que los organismos internacionales monitorean la situación de los defensores en los diversos países y que cuentan con base de datos sobre los ataques que cada año sufren los defensores, como las mujeres activistas, y que dan cuenta de la grave violencia que sufren. 

“Bolivia no aparece en esa cifra porque no sigue esos mismos patrones, pero se están produciendo grandes violencias. Si uno toma los testimonios directos de personas de comunidades que están en la defensa de sus territorios, a pesar de la dura cooptación, del tremendo control que ejerce el poder político sobre las organizaciones campesinas, uno se da cuenta que los patrones son otros, hay otras formas de violencia que se invisibilizan, se camuflan”, indicó. 
 

Desde el punto de vista de Wilma Mendoza, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), el país se apropia rápido de mecanismos internacionales como el Acuerdo de Escazú para facilitar su campo de acción y resistencia, pero en la práctica no se cumple.

“En Bolivia tenemos buenas normas a comparación de otros países y rápidamente ratifican por ejemplo el Acuerdo de Escazú, nuestro estado rápidamente lo ve con buenos ojos, ratifica este compromiso, se compromete bastante, pero en la realidad ya en las acciones hace otra cosa”, afirmó Mendoza.

El concepto de vulneración de derechos está relacionado con acciones, omisiones o falta de la debida diligencia por parte del Estado en todos sus niveles de gobierno (central, departamental, municipal e indígena originario campesino). Dichas acciones vulneran los derechos que son reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE) como los art. 33 y 30.

El art. 33 dice que “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, … derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”. O, por otro lado, el art. 30 prevé que los pueblos indígenas originarios campesinos tienen derecho: “A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión; a la protección de sus lugares sagrados; a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas”.

Las mujeres son las que lideran la defensa del territorio ligado a su rol del cuidado de la vida. Y son ellas las que viven con más intensidad las consecuencias que el modelo extractivista tiene sobre sus territorios, comunidades y familias. Las vulneraciones de derechos que viven las mujeres se ven reflejadas en Bolivia a través de una conducta sistemática del Estado y de entidades no estatales, para impedir el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población. 

Esto se puede observar desde la base de datos de los ataques a los defensores ambientales que trabajó el CEDIB para visibilizar las formas o patrones más comunes de violaciones de derechos o de acoso, violencia contra las personas defensoras y contra las organizaciones defensoras. Son ocho formas de ataque que tienen que ver con la vulneración de derechos:

1. La negación al acceso a información pública o acceso limitado, información incompleta o de mala calidad. 
2. Los chantajes y coacciones a las organizaciones, la creación de organizaciones paralelas o la división que tiene que ver con los ataques al derecho a la libre asociación, libertad de reunión.
3. Desprestigio, la estigmatización pública, la difamación a los defensores ambientales.
4. Restricciones a la libertad de expresión, las prohibiciones de ingresar a comunidades o hablar en reuniones, deslegitimación.
5. Hostigamientos, acoso administrativo por vías invisibles, acoso laboral, intimidación, espionaje, invasión a la privacidad.
6. Restricciones a derechos civiles y políticos, como la libertad de reunión, de asociación o la libertad de locomoción, como grados más graves de ataque.
7. Detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin el debido proceso, no acceso a la justicia ni a garantías judiciales.
8. Ataques, atentados a la integridad física del defensor y de su familia. los ataques más aparatosos están en este grado.

En esa catalogación la mayor parte de ataques son el desprestigio, la estigmatización pública, las difamaciones en una cantidad considerable o el hostigamiento, el acoso administrativo, el acoso laboral y las formas de intromisión en la organización, creación de organizaciones paralelas chantajes. Las formas 2, 3 y 5 suman el 63% de los ataques.
 

“¿Esto cómo va llegar a Derechos Humanos?, ¿cómo van a enterarse?, son cosas muy menudas a nivel local, en cambio si hubiera policía ahí, eso sí es visible. En cambio, los tipos de incidentes que son más visibles y que denotarían una clara responsabilidad del Estado son más sutiles y aparecen en un segundo plano”, explica Miguel Miranda.

¿Quiénes son los perpetradores de esos ataques? Desde esta base de datos del CEDIB se identifica a autoridades, funcionarios públicos y entidades públicas dentro el 37% como los que perpetran estos ataques.

“Es toda una estructura del aparato estatal, pero camuflada”, resalta Miranda, pero además indica que es importante visibilizar eso porque se estaría superponiendo violencia por encima de violencia, es decir, se utilizan las distintas formas de vulnerabilidad para sobrecargar la violencia.

Mujeres indígenas en defensa de la Amazonía.
Foto: Plataforma Boliviana Cambio Climático.

Las mujeres de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT) -en octubre de 2021 durante el encuentro “Mujeres defensoras del agua y el territorio”- ya reflexionaron sobre estas violencias hacia la mujer del área rural y denominaron esa situación como “violencia medioambiental”, definición que desde un “Mapeo de patrones de violación de derechos se establecen tres esferas: medio ambiente, organización y hogar.

Violencia: medioambiente

A pesar de que el derecho a un medio ambiente sano, está respaldado y reconocido por   la Constitución Política del Estado (CPE) y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como derecho humano universal, el extractivismo y la contaminación continúan afectando los territorios bolivianos. Las empresas extractivistas degradan la tierra, contaminan el agua y el medio ambiente en general, vulnerando varios derechos, tanto en tierras altas como en tierras bajas.

Caso Bertha Ayala 

La situación de las comunidades motivó a que Bertha Ayala reclame, represente las quejas de los pobladores ante la empresa, pero sus acciones no tuvieron resultados, en cambio han iniciado procesos contra los líderes que cuestionan el accionar de la compañía.

Ayala alerta que en su comunidad no hay agua y si no hay agua para los seres humanos, peor para los animales, lo que pone en una situación altamente difícil a los habitantes. Ella defiende su territorio a pesar de las adversidades.

“El año pasado el 18 de marzo a las mujeres de mi comunidad les han golpeado, yo no estaba presente porque salí por trabajo y me entero de que 20 mujeres fueron masacradas por esos mineros y hasta el momento no se ha encontrado justicia, más bien ellas han sido demandadas tienen proceso penal. Nosotras hemos andado buscando justicia, hemos hecho conocer al Defensor del Pueblo, Derechos Humanos (...) hasta el momento no hemos encontrado justicia”, resaltó

“Sin agua no hay vida, no hay futuro (…) tantas cosas que he pasado, me han tomado de rehén me han llevado como delincuente a Huanuni. Muchas cosas he pasado como mujer, a veces recuerdo y lloro, pero algo estoy haciendo por mi gente”, señaló. 
 

Violencia: en la organización 

Las mujeres defensoras del área rural además sufren otro tipo de violencia como el desmedro a su capacidad para ser dirigentes por el hecho de ser mujeres. También soportan el desprestigio a través de calumnias que involucran el ámbito personal, conyugal y familiar. Esto mediante la diseminación de rumores sobre supuesta infidelidad a sus esposos, también son acusadas de supuesto abandono de hogar y descuido de los hijos.

Asimismo, se están desarrollando los liderazgos jóvenes que, junto a algunas dirigencias con mayor experiencia, se han visto en la necesidad de afrontar las vulneraciones de sus derechos y asumir nuevos retos. De estos nuevos liderazgos en las resistencias actualmente activas sobresale la participación femenina, lo que se evidencia en la cantidad de lideresas y dirigentas visibles que son el sostén de las luchas por los territorios. 

Ellas deben lidiar con los cambios en sus estructuras orgánicas, la división de sus comunidades, la traición o falta de voluntad política de viejos dirigentes para dar respuestas a las necesidades en la defensa de los territorios.

Según la activista Yenni Noguera, en la cabeza de las organizaciones siempre están los hombres y las mujeres quedan en segundo plano y muchas veces no tienen voz ni voto para poder exigir y reclamar sus derechos. Además, en ocasiones, los dirigentes varones negocian a solas con las empresas extractivas, “traicionando” a sus comunidades, esto hizo que baje la lucha, por eso las mujeres se organizaron y empezaron a tomar el mando de la resistencia. 

 “Cuando las mujeres empezaron a tomar el mando ya vinieron, parte de dirigentes hombres, como que de ellos mismos recibimos la discriminación ese machismo que por ser mujeres no tenemos esa capacidad de liderar”, manifestó Noguera. 

Comenta que muchas comunidades donde operan empresas empezaron a judicializar a los dirigentes por el solo hecho de que ellos exigen su derecho a tener información de los proyectos, a una fuente laboral, a que sus aguas no estén contaminadas, entre otros temas.

Para Miguel Miranda del CEDIB, la cooptación o semicoptación de las dirigencias impide que las personas ejerzan su derecho a reclamar. De ahí surge la reflexión que en Bolivia si ha surgido un movimiento genuino no solo de personas individuales, sino de organizaciones de comunidades que se asumen como defensores defensoras ambientales en los territorios, pero lo hacen en el marco de una situación muy adversa. 

Entonces, en ese marco el Gobierno para no “desportillar su imagen” ante la comunidad internacional como lo hacen otros gobiernos de otros países, busca cuidar su prestigio.

El analista asegura que el gobierno en ese esquema aparece liberado de responsabilidades, pero si se ve minuciosamente las conexiones es una acción directa del Estado e instituciones estatales exlíderes y líderes vigentes de las organizaciones cooptadas o afines al gobierno, todos en conjunto se articulan para hostigar, debilitar la resistencia de las comunidades dejando a las defensoras ambientales en una situación de riesgo e indefensión.

“Produce esto desánimo desgaste división interna en las comunidades desagregación del tejido de las comunidades. El TIPNIS es una muestra de lo que era a nivel de comunidades de cómo funcionaba y ahora cómo esta de dividido y debilitado”, dijo. 

Violencia: en el hogar

El hogar puede ser pensado como el espacio más seguro para sus integrantes, sin embargo, es un espacio donde también se pueden vulnerar sus derechos, esta es una situación particularmente problemática para las mujeres.

Para la psicóloga del área social comunitaria, Mónica Rocha, existe una serie de situaciones que tienen que atravesar las mujeres defensoras durante su lucha y resistencia. Incluso en el retorno a sus casas, muchas veces sufren violencia porque están participando de la organización. 

De esta manera, como defensoras de los derechos, señala Wilma Mendoza, sufren amenazas, se busca aplicarles la justicia indígena. Por lo tanto, les resulta difícil continuar con la resistencia y seguir visibilizando los problemas de sus comunidades.

“Como mujeres tenemos hijos y los hijos dicen, ‘mira por meterte ahí estás ganando enemistades y te vas a ganar la cárcel’. A veces los hijos mismos te dicen, ‘¿prefieres estar con nosotros o prefieres alejarte de nosotros?’. Son realmente decisiones muy difíciles que las mujeres tomamos dentro de esta defensa y esta resistencia y visibilización de diferentes problemáticas”, explicó Mendoza.

Desde la sistematización de Experiencias en la protección de mujeres defensoras del ambiente y el territorio en Bolivia 2015-2022  se pone en evidencia la situación de riesgo que viven las mujeres defensoras y a la vez los mecanismos de protección, defensa o autoprotección colectiva que ellas y sus organizaciones han utilizado.

Las capacidades de autoprotección en los territorios emergen como respuesta a las múltiples vulneraciones a sus derechos. En ese contexto se promueven acciones de formación, se realizan protestas tanto en contextos rurales como urbanos, denunciando, visibilizando el impacto de las actividades extractivistas en las diferentes regiones del país. 

Se interponen denuncias y procesos legales ante el aparato judicial nacional, y ante los organismos internacionales para incentivar algún mecanismo de presión frente al Estado boliviano y las empresas nacionales y transnacionales.

Por tanto, existe una necesidad importante de hacer una defensa sostenible en términos de protección integral a las mujeres defensoras ambientales y del territorio. Ello involucra el autocuidado, el cuidado colectivo y la sostenibilidad económica de quienes dedican todos sus recursos a la defensa del territorio.   

La psicóloga Mónica Rocha afirma que, en la medida en que se fortalezcan las estrategias de cuidado de las defensoras, también se podrá identificar estas múltiples violencias que viven las mujeres en su organización y en su hogar. Considera importante visibilizar estas acciones que las mujeres realizan cotidianamente en los territorios y empezar a valorarlas. 

En tanto que, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), a través de Wilma Mendoza, expresa que las mujeres que están dentro de las comunidades deben seguir resistiendo, e identificando a otras mujeres que también están en lucha por la defensa del territorio, pero recomienda tener más cuidado, ser “estratégicas” en sus acciones y estudiar bastante las normativas para incidir en las políticas públicas.

“Desde la Confederación, por ejemplo, hemos bajado la guardia, ya no exigir en voz alta, sino más bien buscar estas estrategias de cómo hacer incidencia dentro de las políticas públicas, mirar ese escenario un poco más desde abajo para poder lograr. Porque de esa manera vamos a poder hacer fuerza y doblegar”, finalizó Mendoza.

Por su parte la activista Yenni Noguera reconoce que en algún momento las mujeres pierden fuerza en la resistencia, pero que llevan la herencia de sus ancestros que les hicieron entender y sentir lo que es la defensa de su tierra.