La Paz, 12 de abril de 2023 (ANF).- La falta de una política pública y legislación a nivel nacional en materia de salud mental preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo dio a conocer en sus conclusiones preliminares tras la visita “in loco” a Bolivia realizada la última semana de marzo.
Al no existir un marco normativo regulatorio para la salud mental los cobros económicos por los servicios son desiguales, la formación académica de los futuros psiquiatras es diversa y deficiente y los funcionarios judiciales interpretan los peritajes desde el desconocimiento y emiten sentencias condenatorias en contra de personas inocentes.
En junio de 2022, la directora general de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, Amelia López Flores,
informó sobre la elaboración de un Plan de Salud Mental próximo a ser aprobado, sin embargo, la iniciativa recibió muchas críticas principalmente de los colegios de profesionales y de psicólogos y hasta la fecha no se tiene información de cómo avanza esa iniciativa.
El Plan involucraba la participación de organizaciones vecinales y gobiernos subnacionales para su implementación, así como la capacitación del personal de salud del Primer Nivel y equipos multidisciplinarios para garantizar los recursos humanos necesarios.
“¿Cuál es la importancia de tener una ley en Salud Mental? Aquí se han hecho muchos intentos de tener una ley que además dirija la normativa interna del sistema de salud del área de la salud mental. La Ley tiene que regular justamente todo lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en la parte de psiquiatría”, dijo a ANF el médico psiquiatra e investigador Ernesto Málaga.
Si vamos un poco al núcleo del tema, indicó, ¿qué debería normar una ley en salud mental? Dijo que el primer aspecto es el referido a los recursos que el Estado debe destinar a la salud mental, y de acuerdo a los datos el presupuesto no llega ni al 1% de la economía del país.
“Cómo el Estado va a cuidar a sus ciudadanos que padecen de una enfermedad mental si los recursos son prácticamente inexistentes”, cuestionó el especialista.
Indicó que tampoco hay una normativa que indique que los pacientes deben ser tratados con igualdad y sin discriminación respecto al tema económico, donde en el sector privado los costos son muy elevados respecto al sector público.
“Un buen tratamiento a un paciente por la vía privada le cuesta más o menos por mes entre 3.000 y 3.500 bolivianos, 500 dólares en Bolivia, y ¿dónde está normado? ¿dónde dice que el paciente privado puede pagar los 500 dólares? Y un paciente del SUS (Sistema Único de Salud) que toma por día unas tres tabletas por ejemplo de carbamazepina, haloperidol y clonazepam, debe gastar más o menos unos 250 bolivianos mensuales ¿dónde está la normativa que dice que esos pacientes deben ser tratados con igualdad, sin haber discriminación económica por el estatus social o el estatus económico del paciente?”, refirió Málaga.
Dijo que esto es solo una muestra pequeña para darse cuenta de que un paciente con enfermedad mental debería tener la garantía del Estado para un tratamiento moderno actualizado, adecuado y con protocolos últimos.
Pero los grandes problemas en el tema de salud mental, enfatizó, surgen cuando esta se vincula al derecho con las entidades reguladoras de leyes generales que administran justicia. “No hay una ley y menos en salud mental que diga cuál es ese puente con el derecho”.
“Tú vas a ver aquí que un psiquiatra que ni siquiera está formado desde el punto de vista de lo forense hace dictámenes forenses ¿para qué está destinado un dictamen forense? para esclarecer una verdad histórica de un hecho que por ejemplo puede significar un delito de lesiones psicológicas a una niña que es víctima de violación o a un grupo de personas que haya sufrido lesiones psicológicas que tengan que ver con policías y militares”, refirió Málaga.
Y la pregunta es, dijo el especialista, dónde está la norma y dónde está la ley que dice quiénes son los llamados a hacer estos peritajes, los llamados a hacer estos dictámenes, “no hay ninguna norma, entonces cualquiera que hace un diplomado se anima, hace cualquiera tontería y el juez además no está preparado”.
Málaga indicó que la formación de los futuros profesionales se ve afectada con la anulación en las facultades de Derecho del país de la psiquiatría forense y la medicina legal en pregrado. “Es increíble, los abogados desde ahora saldrán sin saber nada de nada de medicina legal ni de psiquiatría forense”.
De haber una ley “aseguraría que todos estos elementos que son tan conflictivos, tan delicados para un buen funcionamiento de las estructuras sociales y de la administración de justicia, que son completamente inexistentes en Bolivia, funcionen”, apuntó.
Otro aspecto a tener en cuenta, dijo, es que tampoco hay una normativa regulatoria que diga que los formadores de psiquiatras tengan un solo horizonte y una sola escuela psiquiátrica boliviana, eso no existe.
“Las escuelas del residente médico psiquiatra en las cajas nacionales forman de una forma, el hospital de Clínicas forma de otra forma, los hospitales San Juan de Dios a nivel Bolivia en Sucre, Cochabamba, La Paz forman de otra manera, es decir, es un desastre, es una desorganización fatal, porque además no hay una ley que diga cómo ellos se van a formar”, enfatizó Málaga.
En conclusión, remarcó el especialista, es importante una ley de Salud Mental para regular la parte económica, la parte formativa y la parte del puente con la administración de justicia, que son puntos claves en la salud mental.
Recordó que cuando se quiso hacer una ley de salud mental con la sociedad de psiquiatría y con las cajas nacionales de salud, o sea con la gente tal vez más experta para aportar a una ley, “todo el mundo salió en una discusión tan vana como ‘yo no quiero esto’, ‘yo no estoy de acuerdo con esto’ y finalmente no se hizo nada”.
Sobre el Plan Nacional de Salud Mental promovido por el Gobierno, Málaga indicó que asistió a algunas reuniones representando al Hospital de Clínicas, pero observó que quienes están al mando no son los más idóneos.
“¿Quiénes tienen que ser los comandantes de un ejército? Los comandantes de un ejército tienen que ser militares, entonces cómo un médico puede defender un territorio en una guerra y salir airoso. Es lo mismo aquí. La formación no es la que debiera ser, en esos lugares hay personas que no tienen ese tipo de formación y por lo tanto disparan a donde pueden”, apuntó.
Enfatizó que “el enredo no está en la carencia de visión, sino en la parte en que se ignora cuál debe ser esa visión porque no está formado para eso”.
El Colegio de Psicólogos de Bolivia cuestionó la propuesta de Plan de Salud Mental del Gobierno y lo calificó de irresponsable debido a que se basa en la Guía de Intervención Humanitaria mhGAP, ideada para emergencias humanitarias -que no es el caso de Bolivia-, y prescinde del personal de salud mental como los psicólogos, a los que el Ministerio de Salud no reconoce todavía como personal de salud, para cubrir la falencia solo con personal capacitado y hasta con voluntarios.
“Me presentaron el informe en el sentido que es ambicioso, pero no es responsable, no es técnico, no es profesional, no es ético; entonces por ese tipo de situaciones nosotros como Colegio de Psicólogos de Bolivia imposible que podamos avalar algo en que no estamos de acuerdo con esas características”, dijo a ANF en ese entonces Verónica Alfaro, presidenta de los psicólogos de Bolivia.
Málaga refirió que la valoración -del MHGAP- “es terriblemente escasa respecto a lo que hacen los psiquiatras”. Dijo que lo podría hacer un médico general del sistema de atención primaria, pero en países donde en la atención primaria está presente la salud mental, donde hay psiquiatría.
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