A eso de las 10.00 de la mañana, del mismo día, el médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) visitó a Apaza y le pidió quitarse la ropa para realizarle una revisión médica exhaustiva de todo el cuerpo. Presentaba moretones en el pecho y las piernas, la mano derecha la tenía muy hinchada, la cabeza con protuberancias. No obstante, el forense dictaminó “cero días de impedimento”, que implica que el dirigente no presentaba ningún daño.
Solo ante la observación de miembros de la Asamblea de Derechos Humanos que se hicieron presentes en el lugar, el galeno cambió su apreciación a cuatro días de impedimento, que tampoco reflejaba la magnitud del daño.
“Lo vi totalmente torturado, no podía mover su brazo derecho ni mover sus dedos, estaba con moretes en los brazos, en las piernas, chichones en la cabeza, no podía ni pararse, le pedí al fiscal Carmelo Laura que primero debíamos ocuparnos en la vida y la salud de César, pero no consideró mi petición, dijo que primero declare”, señaló Cusi a ANF.
Para Andrés Gautier del Instituto de prevención de la Tortura (ITEI) existe una política de invisibilización de la tortura por parte de las autoridades, funcionarios judiciales y policiales que han llegado a naturalizar este delito (
El Paraíso de los Torturadores), lo que demuestra un desinterés en los derechos humanos, que junto a la falta de formación ha conllevado a tener un “sistema de ignorancia y de incompetencia” en las autoridades judiciales, entre peritos del IDIF, fiscales y jueces.
“Un juez o un fiscal que vea que una persona ha sido traída por la policía con evidentes signos de golpes o malos tratos, debería inmediatamente solicitar los informes correspondientes para ver e iniciar una investigación sobre qué es lo que ha pasado con esa persona”, dijo en una anterior entrevista Juan Carlos Ledezma, coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo.
En la audiencia de medidas cautelares el juez Séptimo de Instrucción en lo penal tampoco reparó en el estado físico de Apaza y ordenó seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro por 12 delitos que imputó la Fiscalía.
Apaza fue llevado al penal de San Pedro a la sección Posta donde estuvo siete días, tres de los cuales orinó sangre. Durante este tiempo los médicos del penal lo revisaban, pero no le daban ningún tipo de calmantes.
Luego estuvo 10 días en la sección Grulla, un lugar frío y pestilente. Por la gravedad de hinchazón de su mano le hicieron placas en el penal y detectaron una fisura. Le enyesaron como sea, un trabajo precario. Estuvo así por 11 días, pero el dolor persiste.
Su actual abogada Evelin Cossío pide la ampliación de los días de impedimento debido a que la fisura en la mano no fue tomada en cuenta en la revisión médica inicial, pero la Fiscalía no emite un requerimiento al IDIF para una valoración médica. Espera que Apaza sane y no exista huella del maltrato físico sufrido. “Esa es su estrategia” para encubrir el delito, dijo Cossío.
“He pedido al fiscal que se emita el requerimiento al IDIF para ampliar los días de incapacidad del señor Apaza, tomando en cuenta que en el certificado solamente decía cuatro días de impedimento, pero tras la luxación que él ha sufrido en su mano derecha el impedimento debería ser ampliado, pero desde ese día -2 de octubre- que yo solicité y presenté mi memorial, el fiscal solamente responde a los memoriales que presenta el Ministerio de Gobierno y no responde a mis solicitudes, esos aspectos fueron reclamados”, dijo a ANF.
La abogada remarcó que lo que el Ministerio Público quiere “es que mientras más tiempo pase él (Apaza) va a sanar de sus lesiones, entonces no habrá motivos para hacer la ampliación (de los días de impedimento), así es como se llevan estas investigaciones, porque no quieren que proceda el caso de tortura”.
El caso de tortura denunciado por Apaza no avanza. El director de la FELCC de La Paz, que supervisó la golpiza, da largas para entregar la lista de los policías que participaron del delito. Los médicos de Régimen Penitenciario igualmente retrasan la entrega del historial médico. Mientras tanto Apaza afronta una nueva denuncia por supuestamente haber agredido a una policía el día de su aprehensión, cuando se defendía de un aparente secuestro. La supuesta víctima tiene cuatro días de impedimento y el dirigente cocalero ya tuvo que declarar por ese hecho.
“Cuando a él lo han detenido desconocía qué personas ejecutaron la orden de aprehensión, bajo esas circunstancias ni siquiera se ha abierto ni por acción directa una investigación, pero bajo esa situación una efectiva policial refiere él la habría agredido y se ha abierto un caso y ella tiene cuatro días de incapacidad y acusa al señor César Apaza”, señaló Cossío.
El día de la declaración de Apaza en lugar de enfocar las preguntas hacia el supuesto hecho de agresión a la mujer policía, las interrogantes iban sobre quién lo financia, cuánto le pagan, cuánto dinero recibió, “o sea cosas que no tenían relación y nos hemos opuesto”.
El 7 de octubre, día de la inspección técnica ocular (ITO) en el mercado paralelo de Villa El Carmen, que fue objeto de quema, saqueo y agresión a quienes se encontraban dentro, Apaza identificó por la voz a tres de sus torturadores. La abogada ahora busca cotejar los nombres para identificar a los responsables. Pero pese a pedidos reiterativos de la lista de los policías que participaron en la aprehensión, el director de la FELCC de La Paz se resiste a brindarlo.
Cossío advirtió en el coronel Rojas un especial interés en el caso, que pese a no ser parte de sus atribuciones está presente en todas las diligencias sobre los cocaleros, incluso cuando se impide a los abogados ver a sus defendidos tras las aprehensiones.
/FC/
