La Paz, 23 diciembre (ANF).- Reina Maraz Bejarano, una migrante boliviana radicada en Buenos Aires, fue liberada por orden del mismo tribunal que la condenó a cadena perpetua por el homicidio de su esposo.
El Tribunal Oral en lo Criminal de Quilmes decidió otorgarle el beneficio de la excarcelación y ahora espera la decisión de la sala VI del Tribunal de Casación Penal que debe pronunciarse por su absolución, según informaron a ANF activistas de la campaña que impulsa la revisión de su condena.
Desde el portal Munani Justiciata que habilitaron organizaciones de mujeres como el Colectivo Imillas de Bolivia, el Programa de Transformación Global del Perú, la Red de Sanadoras de Guatemala y Conamuri de Paraguay se informó que se espera que la justicia argentina admita el recurso de Casación “para que puedan comenzar a repararse los daños producidos por una condena injusta, arbitraria y discriminadora del mismo tribunal que hoy la libera”.
Organizaciones feministas y de derechos humanos presentaron un amicus curiae ante el Tribunal de Casación Penal para que revise la condena que la sentencia a la pena de prisión perpetua tras haber sido acusada por la muerte de su marido.
Reina Maraz Bejarano nació en la comunidad de Avichuca del departamento de Chuquisaca, sólo habla quechua, su lengua materna. En 2014 fue sentenciada a cadena perpetua por el Tribunal Oral Nro.1 de Quilmes, que la encontró culpable del asesinato de su marido Límber Santos, ocurrido en noviembre de 2010.
Su caso fue conocido casualmente por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que, tras una visita de monitoreo a la cárcel, verificó que apenas entendía el castellano.
Estableció que durante todo el proceso que terminó con su condena la justicia no le brindó un traductor para que pueda relatar su versión de los hechos y concluyó que “fue condenada por mujer, pobre, indígena y víctima de violencia de género, y por no hablar la lengua de la justicia bonaerense que no contaba con traductores de quechua”.
La apelación de la condena de Maraz fue compleja pues en primera instancia la justicia no quiso ver ni oír su verdad. “Si lo hubiera hecho, Reina no habría padecido todos los sufrimientos de los que fue víctima durante estos seis años”, aseguró la CPM en un comunicado.
A fines de noviembre pasado, Reina Maraz Bejarano se presentó ante los tres jueces de la Sala N° 6 del Tribunal de Casación Penal en La Plata, en el marco de una revisión de su condena y por primera vez “el Fiscal reconoció que Reina era víctima de violencia emocional, física y psíquica”.
Con ayuda de una intérprete Reina Maraz relató que había llegado a Buenos Aires amenazada por su esposo Limber Santos, que era víctima de violencia familiar, que su marido la obligada a mantener relaciones sexuales para pagar las deudas contraídas con Tito Vilca, un vecino y amigo de la familia.
Para la CPM, el caso de Maraz Bejarano puso en evidencia “la situación de extrema vulnerabilidad en tanto víctima de las múltiples violencias que promueve y sostiene el sistema judicial”.
Su historia fue difundida por organizaciones feministas y de derechos humanos que aseguran que se trata de “una mujer que estuvo presa sin entender por qué, que fue víctima de violencia de parte de su marido, que es migrante y quechua parlante -motivo por el que nadie le explicó en su lengua de qué la acusaban-, y fue sentenciada sin ejercer su derecho a la defensa”.
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