La Paz, 26 de diciembre de 2023 (ANF).- El juicio por el asesinato de la concejala de Ancoraimes, municipio de La Paz, Juana Quispe, terminará sentando en el banquillo de los acusados a los “autores intelectuales”, a las exautoridades municipales acusadas por el delito de homicidio. La defensa de la víctima sostiene que deben ser sentenciadas por asesinato.
Casio Villanueva, el tío de la exautoridad encontrada muerta el 13 de marzo de 2012, lamentó que las autoridades no hayan dado con los responsables directos del asesinato de Juana, después de años que a su sobrina le arrebataron su vida. Aún así espera que los responsables de haber organizado su muerte sean sentenciados a 30 años de prisión.
“Hasta ahora no tenemos autor material, solo estamos siguiendo proceso al autor intelectual. No llegamos a identificar al autor material (…). Félix Huanca no ha ido a matar, ha contratado”, relata Casio Villanueva a la ANF.
Seis meses antes de que su cuerpo sea encontrado en el río Orkojahuira de La Paz, Juana Quispe dijo que le iban a matar. Y así fue. "No me he rendido, tomé fuerzas y dije no voy a hacerlo (renunciar), si es posible mátenme, estoy dispuesta a morir", afirmó en septiembre de 2011 cuando contó sobre el acoso político del que era víctima.
Este 3 de enero de 2024, se realizará una de las últimas audiencias en la que el Tribunal Cuarto de Sentencia dictará su fallo después de más de 11 años que duró el proceso, en medio de acusaciones de protección política, inacción fiscal y retardación judicial.
La activista del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres Eulogia Tapia asegura que los autores materiales actuaron por orden de quienes querían deshacerse de Quispe, éstos que eran “enemigos acérrimos, le han amenazado, acosado, perseguido durante los dos años que estuvo como concejala”.
Espera que la justicia dicte 30 años por asesinato, “eso perseguimos”, aunque la acusación fiscal es por homicidio. Los enjuiciados y principales sindicados son Felix Huanca, exalcalde de Ancoraimes; Pastor Cutili y Basilia Ramos, expresidente y exvicepresidenta del Concejo Municipal, respectivamente; y Exalta Arismendi.
La abogada Valkhiria Lira sostiene que se trata de “un crimen de odio porque la odiaban, un crimen por razones políticas y de género, es decir, sus asesinos no toleraban que siendo mujer y siendo de una agrupación política distinta con la que ganó las elecciones en Ancoraimes tenga tanta influencia, además ella había anunciado que iba a fiscalizar”.
Indica que son varias preguntas y respuestas que llevan a la conclusión del delito de asesinato. Primero, si el acusado de ser el autor intelectual odiaba a la víctima, la respuesta es, sí, porque había una sistemática campaña de hostigamiento en su contra; la segunda pregunta es si estos acusados la agredieron muchas veces y la respuesta es otra vez, sí.
Al margen de estos argumentos, Lira se remite a las declaraciones de la abogada Ángela Burgoa, que representaba a Juana Quispe en vida y que escuchó las amenazas de muerte.
Se refiere a un encuentro ocurrido un mes antes de su muerte en la oficina de Burgoa, donde Quispe habría pedido una reparación económica por los juicios que tuvo que seguir durante dos años, por lo que “Pastor Cutili le dice ‘¿este es tu amor para Ancoraimes?, vas a pagar con tu vida’”, según una nota de Sumando Voces de Unitas.
A ese hecho se suma la declaración de un testigo que, según relata Lira, durante el juicio declaró que “Félix Huanca le confesó que él había contratado sicarios para cortar la vida de Juana Quispe”.
Por eso, espera que el tribunal haga la diferenciación entre el autor material e intelectual en este “crimen de odio por género y por orientación política”, para que pueda haber una sentencia condenatoria.
Tapia en declaraciones a esta agencia lamentó la “negligencia” con la que actuó la fiscalía de La Paz, porque “no hizo bien su trabajo. Desde un principio no hubo una buena actuación de los fiscales”, afirmó.
Al menos 12 fiscales pasaron a lo largo de todo el proceso, –incluso- la fiscalía en marzo de 2016 decidió el sobreseimiento del caso por falta de pruebas suficientes para acusar a los presuntos autores del crimen. Esa decisión fue revertida.
“(La fiscalía) Nunca terminaba de acusar. Se sobreseía, se anulaba la acusación”, rememora Tapia, al observar el trabajo de la justicia, aunque tiene esperanza que el Tribunal Cuarto de Sentencia haga justicia a la concejala Quispe.
Casio Villanueva también dice que en el proceso las propias instituciones a cargo de la investigación cometieron una serie de errores, por ejemplo, que el exfiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, presentó su imputación, pero con “defectos de nulidad”. Para el tío de Quispe eso demostraba que las autoridades locales eran protegidas.
Los imputados nunca fueron detenidos preventivamente, a pesar de que podían influir en su comunidad por el cargo que ostentaban. “Han caminado libres todo el tiempo”, comenta apenado, porque la justicia no fue severa con los principales autores del crimen.
Atribuye este extremo a la protección política que tenía el entonces alcalde y concejales del Movimiento al Socialismo (MAS). Incluso, asegura, que el actual alcalde Fidel Huanca es el hermano menor del exalcalde Félix Huanca.
“El proceso de Félix Huanca se vale de los políticos, totalmente se ha valido como es de la línea del MAS (…) Actualmente el alcalde ha entrado para protegerlo. El actual alcalde es su hermano menor, Fidel Huanca”, denuncia el tío de Juana Quispe, que ha seguido el proceso paso a paso.
Sin embargo, no solo están en juego los intereses políticos, sino económicos, por esta relación de los familiares del exalcalde con el Gobierno Municipal de Ancoraimes y el manejo financiero de las arcas municipales.
Mujer valiente, cruel asesinato
La concejala tenía 43 años cuando murió estrangulada y arrojada al curso de agua. En su comunidad fue una líder, incursionó a la arena política con una agrupación que no era el MAS, lo que terminó siendo su peor tormento. Aunque ganó con amplia mayoría, no pudo asumir sus funciones por 20 meses.
No se dio por vencida, usó los mecanismos legales para amparar sus derechos; interpuso una acción de amparo contra sus colegas porque, en un sistemático acoso y hostigamiento, le cambiaban las horas y lugares de sesión. Sufrió agresión verbal y física.
Ganó el amparo y la Justicia le devolvió sus derechos políticos e instruyó que le paguen los sueldos de siete meses; pero como Huanca se negó, la afectada interpuso otro recurso en su contra que estaba en curso cuando fue encontrada muerta.
Era el día del Acullico de coca, ese 12 de marzo de 2012, Quispe fue a almorzar con el Alcalde y el resto de sus colegas al mercado Lanza de la ciudad de La Paz. La última vez que atendió su celular fue a las 17:00. Al día siguiente encontraron su cuerpo.
Ante la indignación, el gobernante MAS aceleró la aprobación de la Ley contra el Acoso y Violencia Política y posteriormente promulgó en mayo de ese. Sin embargo, pese a que esa norma fue en memoria de Quispe, más de 11 años después no existen sentenciados y el caso siguen en la impunidad.
Casio sostiene que “en vida era perseguida y amenazada de muerte. En vida le han flagelado, le han chicoteado frente a su hijo, le han echado cemento en los ojos. Los cuatro concejales le han amenazado”.
En el mes de julio, Margarita Quispe, hermana de la exconcejala, conversó brevemente con la ANF, con llanto incontenible exigió justicia y lamentó la dilación del proceso.
Pero no es solo el desgaste emocional, sino los recursos económicos que demanda seguir un proceso de más de una década, desde el pago de notificaciones, convocatoria a los testigos, fotocopias de los cuadernos de investigación, entre otros. La justicia no es gratuita como se dice, comenta Casio.
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