Eduardo Maldonado y Rebeca Delgado. Foto compuesta
La Paz, 18 de abril (ANF).- Los exlegisladores disidentes del partido de gobierno, Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, señalaron este jueves que las declaraciones del Procurador del Estado, Pablo Mencho, son falsas respecto al cumplimiento de un dictamen de Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la vulneración de sus derechos políticos y cívicos.
“El Procurador @PabloMenachoD miente. Ni @RebecaDelgadoB ni mi persona hemos sido convocados a reunión alguna para acordar los términos de cumplimiento de los Dictámenes del Comité Internacional de DD.HH. de Naciones Unidas”, escribió el exsenador en su cuenta de Twitter.
En tanto que Delgado instó a Menacho a demostrar los mecanismos y las formas de cumplimiento del dictamen de la ONU.
“Instamos al procurador @PabloMenachoD @ProcuraduriaB demostrar públicamente los mecanismos y formas de cumplimiento del dictamen del Comité de DDHH de la ONU, bajo responsabilidad internacional como servidor público ante el Estado Boliviano y ante la ONU”, escribió la exdiputada.
Esta mañana, el Procurador aseveró que el Estado boliviano cumplió el dictamen del Comité de la ONU referido a acciones específicas sobre modificaciones legislativas y aclaró que para el tema del resarcimiento económico los demandantes deben acudir a las instancias que consideren, pero el Gobierno no lo acatará por no ser el dictamen del Comité de la ONU vinculante, sino “de carácter eminentemente recomendatorio”.
“Hemos cumplido ese dictamen (en la parte legislativa, pero no económico), que no tiene carácter de sentencia, como si la tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tienen un carácter eminentemente recomendatorio, recomiendan al Estado llevar adelante acciones específicas", manifestó Menacho.
Delgado escribió en otro Tuit “que si cumplieron en parte (el dictamen), deben exhibirlo!! Bajo responsabilidad funcionaria”.
En diciembre de 2014, el Tribunal Supremo Electoral emitió, ante presión del Gobierno boliviano, un “Reglamento” inconstitucional para la convocatoria a las elecciones regionales de 2015, que estableció que los candidatos a alcaldes y gobernadores tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular. Ello implicó que varios candidatos que habían sido diputados (Rebeca Delgado) y senadores (Eduardo Maldonado) con sede en La Paz durante el período anterior, no pudieran participar.
En abril de 2018, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aceptó la demanda presentada por Delgado y Maldonado y ordenó al Gobierno boliviano que se le pague un resarcimiento económico por haber violado sus derechos políticos y cívicos.
Además, señala que en el futuro “no se puede repetir un hecho como el sucedido” con Rebeca Delgado, a quien se le impidió ser candidata a la Alcaldía de Cochabamba en 2015.
Bolivia “tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, asegurando que el marco normativo regulador del proceso electoral y la aplicación del mismo sean acordes con el artículo 25 del Pacto”, se lee en parte de la resolución.
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