La Paz, 16 de mayo (ANF).- La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) entregó este jueves una copia de la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza sobre el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), al presidente Evo Morales, a través de ventanilla única de la Casa Grande del Pueblo.
“En fecha 15 de mayo del presente año, el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza presentó la sentencia sobre el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en el marco de una demanda presentada por los dirigentes de la Subcentral del TIPNIS. Es por esta razón que la APDHB y la APDH-LP remiten una copia de la mencionada sentencia a su autoridad”, dice la carta.
El asesor de la APDHB, Franco Albarracín, dejó en ventanilla única una copia del documento referido a la sentencia que dictó el TIDN, dirigida al presidente Morales, para que las medidas sugeridas por el tribunal se cumplan para preservar una de las reservas naturales más extraordinarias de la región.
El TIDN concluyó que el Estado boliviano a través del gobierno ha violado los derechos de la naturaleza y la Madre Tierra, en consecuencia, sancionó al Gobierno con la aplicación de al menos 11 medidas para reparar el daño causado no solo a la naturaleza sino a las comunidades indígenas.
Estableció que ha incumplido con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de la Madre Tierra, de acuerdo a lo establecido en el marco jurídico nacional y la normativa internacional relacionada, dice la parte conclusiva del TIDN que fue presentado este miércoles 15.
Asimismo, el tribunal considera que el Estado ha violado los derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígenas del TIPNIS, establecidos en la Constitución Política del Estado; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en complementariedad, compatibilidad e interdependencia con los Derechos de la Naturaleza tal como lo declara el art. 9 de la Ley No. 300.
Las organizaciones indígenas y ambientalistas sostienen que el Gobierno tiene una obligación ética y moral en el cumplimiento de la sentencia, porque fue la administración gubernamental que el 2010 en la Cumbre de Tiquipaya que impulsó la creación del tribunal para obligar a los Estados y los gobiernos a preservar los derechos de la naturaleza.
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