Adriana camina por las calles de Santa Cruz con miedo, si ve a un desconocido detrás cree que la va agredir, si ladra un perro se sobresalta. Las agresiones físicas, las amenazas de muerte y de violación hacen que se sienta vulnerable. Las autoridades no pueden garantizarle seguridad y ella tuvo que alejarse del periodismo.

“Ahora vivo con miedo constante, miedo de que me hagan algo”, dice.

Las amenazas a mujeres periodistas incluso ocurren en los pasillos del Palacio de Gobierno por quienes tienen vía libre para transitar en estos espacios, como le pasó a Beatriz. “Los periodistas no somos nada para las autoridades”, afirma y ve cómo la impunidad ha dado paso al aumento de agresiones que van desde señales e insultos sexistas, amenazas de muerte, difamación, golpizas, robo de instrumentos de trabajo, amedrentamiento judicial y hasta secuestros.

Las mujeres periodistas son parte de un universo de vulneraciones a la libertad de prensa y los derechos humanos, situación que se ha ido agravando en los últimos seis años. Muchas son atacadas, principalmente, por investigar e informar temas relacionados a corrupción, cuestionar al Gobierno, violaciones a derechos humanos o darles voz a las víctimas de casos de violencia feminicida. Las agresiones también surgen en la cobertura de conflictos sociales y vienen de ambos lados: policías, manifestantes o grupos en conflicto.

“Hoy el agredir a una mujer o a un hombre periodista es normal, nos hemos convertido en un blanco perfecto”, refiere Jorge Abrego, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, quien reconoce que la palabra “prensa” ya no es sinónimo de respeto en el país, donde, en promedio, cada 3 días se vulneran los derechos de las y los periodistas.

El marco jurídico nacional e internacional de protección a periodistas tiene valor nominal en Bolivia, las voces gubernamentales sobre protección y apoyo al trabajo periodístico suenan a ironía en un país que en 2022 ha tenido una caída estrepitosa de 16 ubicaciones con relación a la libertad de prensa, de acuerdo a la clasificación mundial de Reporteros Sin Frontera (RSF). Entre 2006 a 2023, según la misma organización, Bolivia perdió 100 puestos en libertad de prensa.

Para este reportaje se revisó documentación generada por organizaciones, se entrevistó a víctimas, a representantes de gremios de periodistas y expertos en el tema. Los testimonios recogidos confirman la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres periodistas y el desinterés del estado y sus autoridades.

En Bolivia, un país que destaca por sus mayores índices de violencia de género y donde cada tres días ocurre un feminicidio, es difícil ser mujer y periodista. A las actitudes ya violentas contra el trabajo de la prensa se suman acciones de violencia simbólica, verbal y física por el sólo hecho de ser mujeres. Este contexto adverso se ve favorecido por diversas situaciones como la negligencia de las autoridades para sancionar o prevenir la agresión, el inoperante sistema judicial, la poca fortaleza de los gremios y de los medios de comunicación para apoyar la denuncia de las y los trabajadores. De igual manera, la polarización política y social y la falta de protocolos específicos para reaccionar frente a esta situación han ido conculcando los derechos de las y los periodistas generando debilitamiento del trabajo, autocensura y hasta el abandono del ejercicio.

“La violencia contra un periodista no es solo una agresión contra una víctima en particular, sino contra todos los miembros de la sociedad”, señaló ya en 2012 el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas, Christof Heyns.

En el caso de las mujeres periodistas, esta violencia supone una amenaza para la diversidad en los medios de comunicación y para la deliberación democrática, debido a que “las periodistas a través de sus coberturas no solo buscan visibilizar vulneraciones, sino erradicar los estereotipos que aún persisten en la sociedad, como la discriminación por género u origen, el lenguaje sexista, la cosificación de la mujer o la revictimización”, señala la UNESCO en su informe global 2021/2022

“Las periodistas son agredidas a través de insultos verbales con sesgos de género, sufren humillaciones, destrozos de sus equipos, en algunas oportunidades han sido directamente agredidas con golpes y escupitajos”, dice Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), que en marzo de este año, conjuntamente con las nueve asociaciones departamentales, presentó un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la visita “In Loco”, en el que denuncia que las y los periodistas en Bolivia están viviendo “una situación de violencia con impunidad”.

Tras la visita “In Loco”, la CIDH observó “un amplio ejercicio de la libertad de prensa” en el país, pero, al mismo tiempo, expresó su preocupación por la “escalada de agresiones a periodistas en los últimos años” y la “falta de condiciones para ejercer esta profesión en Bolivia”.

De acuerdo al análisis realizado a los registros del monitoreo de la red Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), de enero 2018 a mayo 2023, las denuncias por vulneración a la libertad de prensa a hombres y mujeres periodistas sumaron 335, donde por cada tres hombres agredidos hay una mujer que sufre violencia en el ámbito periodístico.

Sin embargo, para las autoridades de Gobierno los derechos de los y las periodistas están garantizados. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, reiteró en abril de este año que “en el país existe amplia libertad de prensa y no solo libertad de expresión, y aquello no va cambiar” porque “el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación está garantizado”, aunque discurra en medio de golpizas y en impunidad.

“En la medida que hay impunidad, se naturaliza la violencia”, remarca Alanes y lo evidencia con la agresión que sufrió la periodista Iris Toro de radio Kollasuyo, en Potosí, en marzo de este año. El gobierno no hizo nada por brindarle protección.

“Referente a ese incidente, el ministro de Justicia Iván Lima defendió enérgicamente al diputado Aberlado Colque tras la brutal agresión que sufrió y dijo ‘no vamos a permitir que queden en la impunidad estos hechos de vandalismo’, pero no mencionó nada sobre el ataque a la periodista, cuyos registros fueron los que seguramente luego sirvieron para sustentar la denuncia y defensa de Colque”.

Jorge Abrego, ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, recuerda que desde 2019 viene pidiendo, luego de presentar memoriales y requerimientos a las fiscalías departamentales y a la Fiscalía General, que se inicien las investigaciones por las agresiones a periodistas, sin resultados.

De acuerdo al reciente informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), solo ocho países en el mundo gozan de libertad de expresión plena y ninguno de éstos figura en el continente americano. Bolivia se encuentra en la categoría “situación difícil” para ejercer el periodismo.

Mónica Bayá, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos y coordinadora nacional de la Alianza Libres sin Violencia, señala que, si bien existe un marco legal referente a la libertad de expresión como derecho humano que es reconocido por la Constitución Política del Estado como por la Ley de Imprenta, que apoya la actividad periodística y a los medios de comunicación, “no existen políticas específicas de protección para las y los periodistas”.

En el mismo sentido, el especialista en Derechos Humanos y director ejecutivo de Libertades Laicas Bolivia, Paulo Bustillos, señala que si bien existen normativas que regulan el ejercicio de la profesión periodística, “todavía no se han instaurado mecanismos eficientes para prevenir, sancionar y establecer elementos que garanticen el cumplimiento efectivo de la libertad de expresión”, y al no existir elementos eficientes y efectivos “se genera la impunidad y ésta a su vez alienta la comisión de estos delitos”.

De los 335 casos registrados por UNITAS, referente a agresiones contra hombres y mujeres periodistas, ninguno fue investigado con probidad, no se logró identificar a los responsables ni se llegó a una sentencia. El gobierno no implementa protocolos ni aplica medidas de prevención, protección y sanción a las y los responsables. En las organizaciones de la sociedad civil estos hechos son parte de las estadísticas. La Defensoría del Pueblo solo emite pronunciamientos, al igual que los gremios, y no genera un Informe con recomendaciones a las instituciones públicas, sobre todo en el caso de mujeres periodistas.

Según el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, durante 2022 se registraron 202 vulneraciones a la libertad de prensa y de éstas 75 fueron agresiones a periodistas con más de una decena de derechos vulnerados.

De acuerdo al análisis realizado a los registros del monitoreo de la red Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), de enero 2018 a mayo 2023, las denuncias por vulneración a la libertad de prensa a hombres y mujeres periodistas sumaron 335, donde por cada tres hombres agredidos hay una mujer que sufre violencia en el ámbito periodístico.

No existen datos centralizados a nivel nacional en el Ministerio Público ni es de conocimiento de los gremios la cantidad exacta de casos de periodistas agredidos. La Asociación de Periodistas de Santa Cruz, ciudad donde ocurrió la mayor cantidad de agresiones en el último año, es la que hace un seguimiento riguroso de los procesos y conoce muy de cerca la negligencia judicial.

La abogada de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Raquel Guerrero, dijo para este reportaje que de los 26 casos que llegaron a instancias judiciales, 19 fueron rechazados por la fiscalía, cinco están en instancias disciplinarias de la Policía, un caso está por ingresar al Ministerio de Justicia por la agresión de un abogado a una periodista y hay un proceso por calumnia realizado por un empresario a una periodista. En estos procesos hay cinco mujeres periodistas afectadas, una de ellas por el caso las Londras, el hecho más grave ocurrido en octubre de 2021, donde siete periodistas, junto a otras 10 personas, fueron secuestrados, agredidos y torturados por al menos una veintena de encapuchados armados, y obligados a firmar un compromiso de no volver a realizar coberturas sobre toma de tierras.

“Nos preguntaban quién nos trajo y cuánto nos pagaron y decían que nos iban a matar quemándonos”, contó muy acongojada Silvia Gómez que fue al lugar como reportera de Unitel.

A casi dos años de ocurrido el secuestro en las Londras aún no existen sancionados. Es uno de los casos más graves vividos hasta la fecha, donde los periodistas “estuvieron al extremo de constatar que los iban a matar, esa es la gravedad de lo que ha ocurrido en las Londras”, señala Alanes y lamenta que de los siete periodistas agredidos varios hayan sido presionados por sus propios medios para no continuar el proceso. 

La abogada Guerrero cuenta cómo la búsqueda de justicia es una constante carrera de obstáculos por la inoperancia de los administradores judiciales, encubrimiento de la policía, la falta de recursos económicos, la desconfianza de las y los periodistas al sistema judicial y el desinterés de los propios medios de comunicación.

“Lamentablemente nosotros no podemos ni tenemos los recursos económicos para realizar las diligencias de todos los casos, imagínense son 19 casos rechazados”, dice Guerrero.

Además, los querellantes tuvieron que hacerse cargo de la recopilación de indicios y pruebas como la obtención de imágenes de las cámaras de seguridad, las inspecciones en los lugares donde se cometió el delito y la búsqueda de testigos debido a que el Ministerio Público carece de voluntad para avanzar con el proceso y que a su ritmo iniciar una investigación puede demorar meses, tiempo suficiente para que las pruebas se contaminen o ya no se puedan colectar.

“Las autoridades esperan que les llevemos todas las pruebas a su escritorio para que ellos solamente hagan las resoluciones, además hay que peregrinar para sacar un requerimiento y para que los médicos forenses atiendan a las víctimas", cuestiona.
 

Pero los medios de comunicación tampoco facilitan las cosas y muchos colocan obstáculos. “Priorizan las coberturas y les designan más trabajo a las víctimas para evitar que asistan a las diligencias o restan importancia a los procesos”, agrega Guerrero. Otras y otros periodistas abandonan los casos debido a la falta de resultados y al elevado costo económico que significa realizar el seguimiento.

La “pesada carga judicial” que día a día desgastaba las fuerzas y mermaba los ingresos económicos de Adriana* le hizo preguntarse muchas veces si valía la pena seguir con el proceso que finalmente quedó como un caso archivado en un viejo estante. “La impunidad es algo tan normal en Bolivia que cuando una va a denunciar sabe que el caso se va a quedar ahí”, señala.

Si bien la Asociación de Periodistas de Santa Cruz tiene una mayor participación en el seguimiento de casos, la falta de información y registros a nivel nacional invisibilizan a las mujeres periodistas y constituye una de las primeras violaciones a sus derechos, como explica para este reportaje Lucía Lagunes, periodista feminista y directora de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC). “El hecho de no mirar lo que ocurre con las mujeres periodistas genera una enorme vulnerabilidad”.

Desde 2018 se registraron 81 denuncias de mujeres periodistas por incumplimiento al deber de protección, agresiones físicas y verbales, criminalización, censura, impedimento de acceso a la información, violación a la reserva de fuentes de información y amenazas. Ningún caso se investigó hasta llegar a una sentencia.

“Nuestro trabajo nos lleva a consecuencias personales y nadie nos respalda, estamos completamente desamparadas y la única forma de protegernos es abandonando el ejercicio periodístico”, refiere Adriana* quien finalmente optó por alejarse del periodismo debido a que la policía nunca le garantizó su seguridad.

Para el ejecutivo de los Trabajadores de la Prensa, Jorge Abrego, esta “incapacidad” del Gobierno ocurre porque “no hay una predisposición a investigar debido a que las y los trabajadores de la prensa son considerados una piedra en el zapato para cualquier Estado y se los identifica como opositores políticos”.

Para Lucía Lagunes más que falta de capacidad, existe negligencia por parte de los estados, no sólo para identificar la violencia contra mujeres periodistas, sino para detenerla, sancionar, investigar y, cuando se requiera, reparar el daño.

Explica que, en el caso de México, así como en varios países de América Latina, los principales agresores son agentes del Estado, es decir, “quienes tienen la obligación de garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres, incluidas las periodistas, son los mismos que están agrediendo a las mujeres periodistas”.

El Informe de Situación 2022 de UNITAS confirma esta aseveración. En la gestión anterior, la institución estatal con mayores denuncias por la vulneración a los derechos humanos fue la Policía.

La Relatoría para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó que la violencia contra las mujeres es perpetrada por distintos actores como funcionarios del Estado, fuentes de información o colegas y tiene lugar en diversos contextos y espacios, incluyendo la calle, el lugar de trabajo y las oficinas o instituciones estatales.

En 2018, la Relatoría en su informe “Mujeres periodistas y libertad de expresión” emitió recomendaciones a los estados miembros, entre ellos a Bolivia, para que tomen medidas en materia de prevención, protección, justicia y reparación en favor de las periodistas. Entre estas están: asegurar la existencia de un marco jurídico adecuado para sancionar la violencia basada en el género; garantizar que el personal estatal responsable de brindar medidas de protección esté debidamente capacitado; llevar a cabo investigaciones diligentes, imparciales y efectivas orientadas a capturar, enjuiciar y castigar a las y los autores; promover la participación plena de las mujeres periodistas en el diseño e implementación de las estrategias de prevención, protección y procuración de justicia.

Cuatro años después, la Relatoría en su informe “Mujeres periodistas y salas de redacción”, concluye que: a pesar de los avances, un número significativo de mujeres sigue enfrentando barreras basadas en sesgos de género; en muchas redacciones también se registra una alta prevalencia de situaciones de violencia verbal y acoso sexual.  Asimismo, esta instancia también observa  el hecho de que varios medios de comunicación aún no hayan avanzado sustantivamente en el desarrollo de políticas o estrategias para abordar patrones de violencia y discriminación.

Otra recomendación importante y aún no cumplida es la sugerida en julio de 2021 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que exhortó al Estado boliviano a “crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados”.

Esta petición se realizó en base a la gravedad de las agresiones que soportaron las y los periodistas en la crisis política de 2019, cuando 14 medios fueron afectados en sus instalaciones y al menos 76 comunicadores, entre mujeres y varones, sufrieron ataques con agresiones físicas, heridas, insultos o fueron sometidos a otros vejámenes durante octubre y noviembre de ese año.

Zulema Alanes explica que, a pesar de la recomendación explícita de crear un ente independiente y autónomo para proteger y reparar daños, el mismo Ministerio de Justicia con el consentimiento del Viceministerio de Comunicación pretendió encomendar al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) las tareas que exhortó el GIEI. “Consideramos que esta instancia no garantiza la independencia porque es parte del Estado”, sostuvo. De igual manera, el 3 de mayo de esta gestión, Alanes pidió al Gobierno, a través de un escrito, compartir su propuesta sobre la recomendación del GIEI. Hasta la fecha no recibió respuesta. 
 

Para este reportaje se solicitó más de 10 veces información a la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, por medio de la responsable de la Unidad de Medios Estatales, Carmen Maldonado, para conocer su versión sobre la recomendación del GIEI. Hasta la publicación del reportaje no hubo respuesta.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados tampoco tiene algo concreto sobre el tema de violencia a mujeres periodistas. La diputada Gabriela Ferrel, responsable del Comité de Género de dicha comisión, señaló que recibieron diferentes insumos para elaborar un protocolo para periodistas, sin embargo, aun no tienen una propuesta concreta, pero menciona que estan trabajando en un proyecto sobre violencia digital.

La Relatoría Especial de Libertad de Prensa indicó en 2018 que la violencia contra las mujeres periodistas y las trabajadoras de los medios de comunicación se manifiesta de distintas formas: desde amenazas basadas en el género, violencia sexual, acoso sexual, intimidación, abuso de poder, hasta asesinato.

Entre los actos más usuales de violencia basada en género y reportado por las periodistas, luego de una encuesta realizada, se incluyen el maltrato verbal (63%), el maltrato psicológico (41%), la explotación económica (21%) y la violencia física (11%). Asimismo, el 44% de las mujeres encuestadas indicó haber sufrido ciberacoso.

En esta situación, Zulema Alanes refiere que el trabajo de las mujeres periodistas “adquiere dimensiones complejas y de riesgo puesto que existen actitudes violentas contra el trabajo de la prensa y a éstas se suman acciones de violencia simbólica, verbal y física” por el hecho de ser mujeres.

De acuerdo a la representante de la ANPB, en los contextos de conflictividad social, que se han ido acentuando en el país, la violencia física y verbal se manifiesta de manera particular en base al género, con insultos y amenzas de violación, descalificación de su trabajo como periodistas con palabras como “qué haces aquí, por qué no vas a cocinar, insultos típicos machistas, patriarcales y misóginos”.

Asimismo, hace referencia a la campaña de desprestigio contra las y los periodistas que surgió en 2016, durante el gobierno de Evo Morales, por iniciativa del entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien, a través de un video, “El cártel de la mentira”, expuso a un grupo de medios de comunicación - Página Siete, El Deber, Erbol y ANF - y periodistas, entre ellas Amalia Pando, para estigmatizarlos. Si bien esta campaña inició hace siete años, se activa cada cierto tiempo y continúa hasta la fecha en el gobierno de Luis Arce, como ocurrió con el ataque a periodistas que tuvieron alguna vinculación laboral en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Estas campañas de desprestigio y estigmatización, por medio de las autoridades y redes sociales, se realizaron contra periodistas como Amalia Pando, Casimira Lema, Jimena Galarza, Mery Vaca, entre otras, de manera sistemática, constituyéndolas en un blanco político del gobierno por su labor crítica. “Una vez que el Gobierno desata una campaña contra estas mujeres periodistas, es alimentada por los denominados ‘Guerreros digitales’ a través de las redes sociales y sostenida por las militancias del MAS”. Los “Guerreros digitales” son una estructura creada por el expresidente Evo Morales que funciona con recursos estatales.

Pero este acoso digital también se origina de particulares en contra de periodistas, cuando éstas se interesan por casos de violencia de género o indagan sobre el crimen organizado, como le ocurrió a Adriana* en Santa Cruz. “Nos empiezan a montar videos supuestamente pornográficos en las redes sociales, nos hacen páginas donde supuestamente nos prostituimos y una tiene que aguantarse”, expresa.

Un estudio sobre “Violencia Digital contra Periodistas en Bolivia” publicado en julio de este año por Chequea Bolivia tiene entre sus conclusiones que “en las redes sociales bolivianas existe violencia digital en contra de las y los periodistas y se expresa en comentarios negativos, los cuales aumentan sustancialmente cuando se dan conflictos sociales”.

Los gobiernos de turno también realizan acciones de hecho, un ejemplo es el caso de la periodista Amalia Pando que se vio forzada a renunciar a su cargo de conductora en 2015 debido a la “asfixia económica” que aplicó el gobierno de Evo Morales al medio de comunicación donde ella trabajaba. Esta medida se aplica mediante la negación de publicidad estatal -también amedrentando a quien quisiera publicitar- y la persecusión tributaria por supuestas deudas a medios y periodistas que les son “incómodos” por su labor fiscalizadora, como ocurrió con Erbol, Página Siete, Agencia de Noticias Fides (ANF), entre otros.

Otro caso similar, pero más en el contexto de la represalia política, es lo sucedido en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, donde algunos medios de comunicación y periodistas “considerados” afines al MAS sufrieron acoso y negación de publicidad estatal, como ocurrió con la periodista Carla Cardozo.

“Me sentí violentada cuando en una reunión en el Ministerio de Comunicación la encargada de los medios y publicidad de aquel gobierno, me dijo: no te vamos a dar publicidad mientras nosotros estemos gobernando el país”, recuerda.

La “asfixia económica”, una forma de vulneración a la libertad de expresión, es una estrategia sostenida en el tiempo cuyo propósito es estrangular económicamente a los medios para controlar la información.

Según las y los especialistas entrevistados para este reportaje, las agresiones que están instaladas en la sociedad machista se trasladan al ejercicio de la profesión y tienen dos intenciones: generar mecanismos de posicionamiento violento que pretendan menoscabar la dignidad de las mujeres; y, concebir procesos de amedrentamiento que restrinjan el ejercicio de la libertad de conciencia y expresión.

La periodista y activista feminista Lucía Lagunes agrega que a las agresiones en la calle se suman el acoso y hostigamiento sexual dentro de las redacciones, ya sea por sus jefes, compañeros periodistas o por fuentes informativas; y, en algunos casos, como cualquier otra mujer, los conflictos y violencia también se presentan en los hogares o con sus parejas.

La precariedad laboral es otro tipo de violencia que sufren las mujeres periodistas. La reducción de salarios, cambio de horarios de trabajo, ampliación de la jornada laboral sin goce de haberes, entre otros, tienen un impacto concreto en la organización de la cadena de cuidados, principalmente porque las mujeres periodistas “no solamente cumplen con el trabajo, también realizan actividades domésticas o de cuidado”, refiere Alanes.

Este acoso laboral y discriminación lo experimentó Angélica*, una periodista indígena de un medio estatal que sufrió indiferencia y abuso por parte de su jefa de prensa, a pesar de encontrarse en estado de gestación. “Sentí una gran discriminación, mi derecho a ser escuchada había sido vulnerado”.

Otro tipo de violencia es la subestimación del trabajo periodístico, la catalogación de esta profesión como una actividad de hombres aún pervive en algunas redacciones, y a medida que las mujeres “fueron ingresando a los medios de comunicación, también comenzaron a enfrentar esta violencia de ocupar un espacio, donde no se reconocía el derecho de ocuparlo”, señala Lagunes.

El estar en un medio periodístico “no quiere decir que hay un reconocimiento de nuestro derecho, todo el tiempo hay una exigencia de tener que demostrar por qué estamos en ese lugar, qué tan buenas somos para investigar, qué tan buenas somos para redactar o qué tan buenas somos para entrevistar”.
 

En el contexto machista en el que aún vivimos, refiere Lagunes, hay un reproche hacia las mujeres periodistas por “colocar en riesgo” a sus familias y tampoco existe un reconocimiento en el hogar con relación a la importancia de esta profesión para la sociedad.

El psicólogo especialista en derechos humanos y coordinador de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez, explica que la violencia de género y la violencia machista contra las mujeres es focalizada a su rol de mujer, a su cuerpo, a su apariencia, y “obviamente a que rompe con el rol tradicional de estar en casa, cuidando a las hijas e hijos, siendo dóciles, sentimentales y obedientes”.

Actualmente y a pesar de las luchas feministas y los avances normativos en otros países de Latinoamerica, según Pérez, estos roles tradicionales continúan culturalmente normalizados en la sociedad y se expresan en desigualdad y violencia desde distintos ámbitos, como violencia sexual, violencia económica, violencia física o trato diferenciado por ser mujer.

“Todas estas expresiones de violencia hacia las mujeres pueden derivar en ansiedad por su integridad y la de sus familiares, e incluso generan un impacto en la salud mental al extremo de hacerles dudar de lo que están planteando o cuestionarse si están colocándose o colocando en riesgo a sus familias”, explica.

Desde esa perspectiva de impacto de la violencia, agrega, se hace necesario hacer más visibles estas agresiones o violencias a través de denuncias, pero a la vez tener acciones preventivas y de restitución inmediata.

Alanes, coincide en que la violencia, en todas sus dimensiones, causa un daño o efecto psicológico que nadie considera y lamenta que aún no existan en el país estudios o instituciones que aborden estos efectos.

Actualmente, los gremios de periodistas no cuentan con psicólogos para contención emocional y tampoco existe ayuda estatal para hacer frente a los traumas que generan las coberturas o amenazas sufridas. Un intento por generar un espacio legal que permita protección a las y los periodistas ocurrió después del asesinato en 2012 de los hermanos Peñasco.

Abrego recuerda que se llevó a cabo una reunión en Cochabamba con la entonces ministra de Comunicación, Marianela Paco, para abordar el tema del seguro de vida, y la funcionaria les indicó que “el proyecto también contemplaba atención médica en temas de estrés para las y los periodistas”. La ley se promulgó, pero está inactiva debido a que “el estado sin poner un boliviano quería ser administrador de todo y también porque los dueños de los medios de comunicación no quisieron aportar con el 1%”.
 

De parte del estado es necesario un trato particular y especial por la situación que viven las mujeres, dice Paulo Bustillos, debido a que las agresiones son diferenciadas. Con relación a la sociedad, refiere, se debe exigir el cumplimiento de normas y pedir que se establezcan mecanismos de prevención y no solamente de sanción al delito.

Estos mecanismos de prevención deben realizarse a través de campañas, normas de educación, información y sensibilización sobre temas, como la equidad de género y el respeto a los derechos humanos porque “estamos hablando del derecho humano a la información, a la libertad de expresión y el derecho a vivir una vida libre de violencia”.

Para Mónica Bayá lo primero que hay que hacer en Bolivia es ponerle más atención al tema, y quizás dejar de ver las agresiones a los periodistas en su conjunto y apreciar “con lentes de género para mirar las particularidades que hacen a las agresiones”. “Es una tarea que tenemos pendiente desde las propias organizaciones de derechos humanos y seguramente desde las organizaciones de las y los periodistas”.

La participación de otros actores como la Defensoría del Pueblo también es importante debido a que, en la lógica de generar evidencia, “realice un informe defensorial porque eso deviene finalmente en recomendaciones o señalamientos a instituciones públicas, sobre todo cuando estamos hablando de falta de acceso a la justicia”, dice Bayá.

Para Lucía Lagunes el rol de las organizaciones de la sociedad civil es visibilizar lo que ocurre con las mujeres periodistas y dentro de su labor poder registrar y documentar para hacerlo visible. Referente al estado, indica que el deber que tiene es garantizar una vida libre de violencia para las mujeres periodistas. “En la medida que tengamos espacios libres de violencia, haremos mejor nuestro trabajo, podremos desarrollarnos mejor como comunicadoras, como periodistas”.

Asimismo, Juan Martín Pérez señala que la industria y las empresas (medios de comunicación) están obligadas a realizar una respuesta institucional, denunciar públicamente la agresión contra las mujeres periodistas que integran sus medios y manifestarles de forma explícita su apoyo y rechazo a estas agresiones. Indica que sería deseable que la propia empresa “pudiera garantizar el tratamiento psicológico psiquiátrico o tratamiento integral de salud que requiera”.

De igual manera, resalta la importancia de diseñar políticas públicas que involucren la participación activa de las mujeres periodistas. “Cualquier cosa que queramos hacer tiene que ser con ellas, es importante incorporar la perspectiva de género en las normas, estrategias o políticas públicas para superar la impunidad de la violencia machista. Así como generar espacios de diálogo para que ellas sean cada vez más fuertes y tengan respaldo y prioridad en el cambio”.

*Nota: Dos nombres de las personas entrevistadas para este reportaje han sido cambiados para resguardar su seguridad.

Este reportaje forma parte del proyecto "Visibilización de la situación de riesgo de defensores de derechos humanos en Bolivia", desarrollado por el CEDIB en alianza con la ANPB y con el apoyo de la Embajada de Alemania en Bolivia.