Al dirigente cocalero Julio César Apaza Tintaya, de 40 años, le cuesta abrir y cerrar el ojo derecho. Mientras habla con una voz de murmullo, su lengua parece trabarse. En medio de la poca luz de su estrecha y fría celda de la cárcel de San Pedro, identificada como La Cueva 85, es visible la parálisis parcial de su rostro, pero en el penal no ha recibido las sesiones de fisioterapia recomendadas por los médicos tras las secuelas de una hemiplejia sufrida en el lado derecho de su cuerpo durante su reclusión en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

Tendido en su cama, también es notorio que ha perdido peso y que está disminuido físicamente por sus afecciones. Un psiquiatra le ha diagnosticado depresión y ansiedad y está medicado, pero tampoco recibe terapia psicológica. Cuenta con una silla de ruedas para movilizarse con la ayuda de un compañero de celda, que es el encargado de cocinar para ambos.

“Todo mi mundo ha cambiado”, dijo para este reportaje a fines de julio, cuando fue visitado en su celda, en la sección de Los Pinos de la cárcel de San Pedro, donde cumple la detención preventiva que le impusieron el 23 de septiembre del 2022, acusado de quince delitos, tras liderar como presidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) una marcha multitudinaria de cinco días, del 4 al 8 de septiembre de 2022, desde Chulumani hasta La Paz.

La protesta exigía el cierre del mercado paralelo de coca creado por el dirigente Arnold Alanes, que en ese entonces contaba con el apoyo explícito del Gobierno de Luis Arce, pese a que esa nueva institución vulneraba la Ley de la Coca.

En la dirección de la protesta también estuvieron el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, que está con detención en San Pedro, pero prefiere no hacer declaraciones, y la vicepresidenta del Comité de Autodefensa, Rosalba Vargas, con detención domiciliaria en Irupana. Ella tiene la obligación de firmar un libro cada lunes en la Fiscalía de La Paz, pero no tiene permiso de trabajo para mantener a su familia.

El conflicto cocalero estalló el 8 de septiembre del 2022 con una refriega inicial entre los marchistas cocaleros y la Policía, que terminó replegándose ante la masiva movilización. El enfrentamiento entre los dos sectores cruzó petardos, bombas molotov y dinamitazos y después se produjo la quema al interior del mercado paralelo que también funcionaba con el nombre de Adepcoca. Los manifestantes gritaban afuera “Los Yungas de pie, nunca de rodillas”. 

Apaza recuerda que decenas de miles de cocaleros se manifestaron y él sentía que las bases podían rebasar a los dirigentes en medio del enfrentamiento, pero asegura no haber participado en los actos violentos y cree que hubo infiltrados en los destrozos y en el incendio del mercado.

La defensora de Apaza, Evelin Cossio, asegura haber presentado ante la Fiscalía más de treinta enlaces a vídeos de medios de comunicación sobre esa ocupación violenta como prueba de que en ellos no aparece el dirigente, aunque esos materiales aún no han sido analizados técnicamente por peritos de la fiscalía, pese al tiempo transcurrido. Lo curioso es que, aunque se trató de un enfrentamiento, nunca se citó a los dirigentes del otro bando.

En la conversación en su celda, Apaza se expresó con una mezcla de “tristeza” debido la precariedad económica en la que se encuentra su familia tras su detención, también de “indignación” porque, según dijo, considera una traición a las bases que dirigentes cocaleros se acercaran al Gobierno para negociar y finalmente de “frustración” por el curso de su juicio que ve como “una persecución política por defender el mercado de la coca”.

Durante esas protestas, Apaza insistía en que “lo ilegal no se negocia”. Hoy, dice que esa frase resonó en las movilizaciones “porque produjo un fuerte sentimiento entre las bases para defender el mercado de Adepcoca, de su sustento de vida y para rechazar la injerencia política”. “El otro mercado clandestino era para traer coca de las zonas rojas, para lo ilegal”, agregó en alusión al supuesto uso de parte de esa coca en el narcotráfico.

Apaza acaparó la atención social y mediática al perfilarse como un dirigente consecuente con las exigencias de las bases, aunque internamente otros dirigentes lo consideran radical. Sin embargo, su conducción cumplió el objetivo de los movilizados.

Inesperadamente, un año después, la Administración de Luis Arce ha clausurado definitivamente el mercado paralelo con el argumento, expresado por su ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, de que es ilegal e incluso de que allí se encontró “coca choqueta” destinada al narcotráfico. Las dos decisiones más el reconocimiento de la propiedad intelectual del nombre de Adepcoca, de la zona Villa Fátima, le dieron la razón al movimiento yungueño y a César Apaza.

El caso de Apaza ha sido resonante porque desde su detención en la madrugada del 22 de septiembre del 2022 con el uso de la fuerza por parte de cinco agentes de Inteligencia de la Policía hubo vulneraciones a sus derechos a su integridad, salud y al debido proceso. Primero fue objeto de una golpiza durante su detención y luego un jefe policial lo forzó con lesiones e intimidación verbal en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen a firmar su orden de aprehensión, como denunció el dirigente cocalero.

Su caso ha motivado un informe de la Defensoría del Pueblo que estableció “tratos crueles y degradantes, calificación que llegaría a tortura una vez que se cuente con elementos que permitan medir la gravedad o severidad del daño a la víctima”.

Además, según un cuestionario respondido por la Defensoría para este reportaje, a partir de este caso, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un instructivo para que vocales y jueces garanticen los derechos de las personas que llegan a las audiencias con signos de golpes y no consideren las declaraciones obtenidas “mediante el empleo de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Asimismo, según el documento, la fiscalía finalmente aceptó en junio iniciar una “investigación contra el autor o autores por el delito de vejaciones y torturas, teniéndose como víctima a Julio César Apaza Tintaya”, derivándose el caso a la fiscal Inés Marca.

De la misma forma, la fiscalía dispuso el inicio de un proceso disciplinario contra el fiscal de materia Carmelo Laura Yujra por haber desoído los reclamos de Apaza porque fue golpeado y torturado por agentes policiales cuando fue detenido.

Es decir, las instituciones han reaccionado finalmente a las denuncias de tortura en medio de las dubitaciones iniciales sobre si lo sufrido por Apaza podía considerarse así. Y es que el estándar nacional de qué se considera tortura está por debajo del nivel de la normativa internacional y Bolivia ha sido instada varias veces a actualizar su legislación con la del mundo en ese punto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha puesto la lupa sobre el caso exigiendo información al Estado a denuncia del abogado adjunto de Apaza, Jorge Valda, y de la diputada opositora Centa Rek, que pidieron medidas cautelares para el dirigente cocalero./

No obstante, es llamativo que la Procuraduría en su respuesta a la CIDH, del pasado 25 de mayo, ignore la resolución del 11 de mayo de la Defensoría que habla de tratos crueles y degradantes y no hable de la misma. Pero, además, incluye datos que parecen errores como el de una supuesta persecución de agentes a Apaza hasta El Alto, cuando, según imágenes de video, fue aprehendido a las puertas de la sede de Adepcoca en La Paz y luego trasladado por la misma Policía a El Alto.

También causa escepticismo un dato comunicado por la Procuraduría a la CIDH en sentido de que entre el 15 de marzo y el 15 de mayo, Apaza habría recibido 174 visitas médicas de parte del personal de Régimen Penitenciario. En su celda, Apaza se quejó de la falta de atención médica.

“Desde el mes de marzo, para ser exacto el 16 de marzo del 2023 fecha en la cual él ha sido dado de alta arbitrariamente del Hospital de Clínicas, los médicos de este nosocomio han señalado de que él tenía que cumplir 15 sesiones de fisioterapia, las cuales no se han desarrollado”, dijo la abogada Cossio.

Tras su internación de emergencia entre febrero y marzo ante un posible accidente cerebro vascular, luego se le diagnosticó “un síndrome de dismovilidad secundario a trastorno adaptativo”, que es la imposibilidad de mover parte del cuerpo.

Sorprende la respuesta de la Procuraduría, en el contexto de un informe de la Defensoría de que “los centros penitenciarios presentan insuficiente cantidad de personal de salud (médico-odontólogo-enfermera), falta de medicamentos, improvisación en ambientes para la atención y servicios de emergencia, falta de equipos médicos para atención primaria y primeros auxilios”.

Apaza también ha sido diagnosticado con depresión y ansiedad por los que ha sido medicado. Según la misma Defensoría, la salud mental también es un área descuidada en las penitenciarias.

Entre las imputaciones a Apaza están los delitos de incendio, lesiones graves y leves, atentado contra bienes públicos, privación de libertad, robo agravado, secuestro, tráfico ilícito de armas, e instigación pública a delinquir.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, las investigaciones no han tenido avances porque, según la admisión del fiscal del caso, Bolívar Alvarado, de las 11 víctimas registradas para la investigación solo una se presentó ante un perito del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial, pero “no ha brindado la información necesaria por temor a represalias”, debido a las disputas entre los dos sectores cocaleros.

El retraso en la investigación por causa de las mismas supuestas víctimas le sirvió al fiscal para solicitar una nueva ampliación de la detención preventiva, que el vocal César Portocarrero aceptó hasta el 3 de noviembre, con el argumento de que es un caso complejo y con víctimas múltiples.

Al contrario, la abogada Cossio considera que la ausencia de las supuestas víctimas impide avanzar con el caso y por tanto se incumple el debido proceso para el procesamiento de Apaza.

“¿Cómo se va a garantizar el normal desarrollo del proceso si las víctimas no están colaborando en las investigaciones y en cada audiencia (los fiscales) solamente se autolimitan a solicitar la ampliación de la detención preventiva?”, cuestionó Cossio.

El trato diferenciado del que es objeto Apaza de parte de la fiscalía también es evidente porque hay otros quince dirigentes de Adepcoca que tienen órdenes de aprehensión por los mismos disturbios de septiembre del 2022, pero no han sido detenidos e incluso se han reunido con el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en una polémica asamblea celebrada a las puertas de Adepcoca en abril, cuando la autoridad incluso bailó con mujeres cocaleras.

Pero las consecuencias del caso Apaza también llegan a la familia. Producto de su situación, se rompió su relación con su pareja y madre de su niño, mientras que su madre Sabina Tintaya, una mujer de 61 años, y su hermana Miriam Apaza, de 34, se han visto obligadas a concentrar su vida en la búsqueda de su liberación o que al menos tenga la detención domiciliaria.

“Lloro, tengo pena. Por eso me he quedado (en La Paz). No estoy trabajando…Tengo miedo también. Todo me han quitado, mi capital”, cuenta Sabina rompiendo en llanto en una entrevista.

Según su testimonio, en noviembre pasado, cuando César Apaza llevaba dos meses preso en San Pedro, los funcionarios de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin) decomisaron a la familia diez bultos de coca en Villazón causando una pérdida de 35.000 bolivianos. La coca circulaba con la hoja de ruta a nombre del propio Apaza.

El decomiso se produjo con el argumento de que la coca estaba siendo desviada, aunque, según la familia, era una represalia por la actuación del dirigente cocalero. Sabina recordó que esa fue la segunda vez que le decomisaron coca a la familia, hundiendo su economía.

“Vinieron directamente donde nosotros. Como nunca había visto, ocho personeros de la FELCN, más ‘digecos’, prácticamente nos intimidaron y nosotros tratamos de defendernos, pero no pudimos hacer nada. Se llevaron a la pareja de mi hermano”, contó Miriam. La familia de Apaza no pudo recuperar la coca ni por medio de sus abogados.

Tras la última decisión del Gobierno de cerrar el mercado paralelo de Arnold Alanes y solo reconocer como legal el mercado de Adepcoca, la hermana destaca que César tenía la razón.

“Por algo que mi hermano estaba luchando, nos dan la razón de que sí ese mercado era ilegal. Que se cierre y que se respete y no entiendo porque él sigue detenido y es más se le amplía todavía y siguen llegando otros procesos y piden resarcimiento”, sostuvo la hermana.

Para ellas, las autoridades deben tomar conciencia de que César Apaza “no es una persona que ha cometido un delito, sino que simplemente ha querido defender su región”.

Las raíces de Apaza están en la comunidad Quiaconi Rancho, de la localidad de Ocobaya, en Chulumani, Sud Yungas, donde desde muy joven desarrolló su carrera como dirigente campesino y cocalero después de haber abandonado por problemas económicos su sueño de ser ingeniero automotriz, carrera que cursó hasta el tercer año, en una universidad privada de La Paz.

También fue líder campesino en Pasto Pata y en Chulumani donde no solo dirigió al sector, sino que impulsó con un directorio la construcción de complejos educativos y obras sanitarias, y alentó reclamos al gobierno de Evo Morales de una mejor atención para los Yungas, similar a la que recibían los cocaleros del Chapare, el fortín del exmandatario.

“Fui el dirigente más joven. Con otros dirigentes exigimos a Evo un trato similar para los Yungas al que se daba al Chapare. Ahí comenzaron los problemas y las divisiones, en esas diferencias”, recuerda el dirigente pensando en el origen político del conflicto cocalero en los Yungas.

Por los mismos conflictos, la entonces vicepresidenta del Comité de Autodefensa de Adepcoca, Rosalba Vargas, de 45 años, de la localidad de Irupana, también lleva una vida cargada de problemas ya que está imputada por los mismo quince delitos que Apaza, tiene detención domiciliaria, pero las autoridades no le han concedido el permiso de trabajo para sostener económicamente su hogar, donde es padre y madre de dos hijas y un nieto.

Vargas aceptó conversar sobre su caso cerca de la terminal de autobuses hacia Los Yungas en La Paz, tras haber firmado, como hace cada lunes, un registro biométrico en la fiscalía. Cada vez que llega a La Paz, está preocupada por volver pronto a Irupana para atender a sus hijas. Una de ellas es una menor con osteomielitis, y la otra padece epilepsia y tiene un hijo.

Pese a no tener permiso laboral, debe pagar una deuda bancaria contraída para la operación del pie de la niña. “Fuerza material no tengo, pero siempre he salido de esas desesperaciones”, comenta quien fuera una influyente dirigente en las movilizaciones del año pasado y que, según comenta, vive en la pobreza en medio de apuros.

Tras los disturbios ocurridos con el mercado paralelo, Vargas fue detenida durante una semana en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, y tras varias audiencias consiguió en octubre del año pasado que le dieran la detención domiciliaria en lugar de la preventiva en un penal, lo que habría dejado a sus hijas y el nieto en una situación de vulneración total.

Aclara que su compromiso con la defensa de la institucionalidad de Adepcoca no viene de que posea parcelas de coca, sino de que ser una sencilla jornalera, que alquila huertas a bajos costos para cultivar esa planta, pero también otros productos que ayuden a su economía.

“Me admira de que aquellos que tienen grandes cocales, pues están trabajando esos días en que hay que hacer respetar Yungas, mientras que nosotros, los que nos denominamos los jornaleros, somos los que más venimos a dar la cara”, dijo Vargas, en alusión a que quienes participan masivamente en las marchas no son tanto los dueños de tierras, sino los jornaleros.

Pese a sus múltiples problemas personales, ella aceptó ser parte de la conducción de las protestas del 2022 como segunda de César Apaza, pero dice sentirse “triste en esta situación” por tener sus derechos restringidos tras haber hecho respetar “el pedido de las tres provincias de los cocaleros”, de que se cierre el mercado paralelo de la coca.

“No he cometido ningún delito. Solo he hecho prevalecer la decisión y la orden de los socios productores”, sostiene con la convicción de que cumplió con la demanda de las bases porque, según dijo, el nuevo e ilegal mercado estaba afectando la economía de la gente.

Sin embargo, se siente abandonada por la actual dirección de Adepcoca pese a haber comprometido su propia libertad con la movilización.

“Es raro porque, nosotros, cuando ya tenemos problemas y somos detenidos ya nos desconocen, y dicen que ya no somos del Comité de Autodefensa”, cuestionó la mujer al sostener que el directorio actual hizo negociaciones con el Gobierno “por temor y cobardía”, mientras su familia y la de César Apaza pasan por problemas económicos.

“Antes de ser dirigente de la Autodefensa mi rostro era otro, mi vida era otra. Ahora, estoy demacrada, con pena. Pero, ahí estamos con la frente en alta”, agrega la mujer.

De tanto en tanto, Vargas logra generar ingresos con algo de venta de coca con la ayuda de otras mujeres cocaleras, pero lo hace con mucho temor a represalias internas o de las autoridades por el riesgo de que su situación legal se agrave añadiéndole nuevos problemas.  En el mismo sentido, Vargas también evita entrar en mayores detalles con denuncias sobre su caso propiamente dicho.

La abogada Cossio, que también representa a Vargas, sostiene que la dirigente también ha sido objeto de un “acecho” de parte de agentes policiales que incluso viajaron hasta Irupana para cerciorarse de que cumple con la detención domiciliaria.

“Se ha vulnerado su derecho al debido proceso, se ha vulnerado su derecho a la seguridad jurídica, se ha vulnerado su derecho al trabajo principalmente y se les está limitando el derecho de acceso a la alimentación a sus propios hijos, que están bajo el cuidado de ella”, acusa Cossio.

Las historias de los dirigentes Apaza y de Vargas aparecen como ejemplos de las consecuencias personales en sus derechos humanos de un conflicto motivado por intereses políticos. Asumieron la conducción de las protestas para defender el mercado original de Adepcoca y los derechos de un sector con cerca de 45.000 afiliados, ante la creación de una institución paralela, al mando del dirigente Arnold Alanes, que vulneraba la norma.

Según el analista Gregorio Lanza, la existencia del mercado ilegal buscaba debilitar el poder de convocatoria de Adepcoca en los Yungas, una zona que “había tenido en los últimos años un perfil sistemáticamente independiente y en pugna con el Chapare y Evo Morales”.

Sin embargo, agrega, en la nueva coyuntura de disputas políticas entre el presidente Arce y Morales, el Gobierno decidió romper con Alanes, que resultó ser un operador del exmandatario, y firmar la paz con la dirigencia institucional de Adepcoca.

“Todas las decisiones de gestión administrativa, a quién reparto y a quién le quito, se hacen en función de intereses políticos y eso destruye la institucionalidad y destruye un mercado de coca que estaba bien focalizado con todos los controles en Adepcoca”, sostuvo.

El acercamiento de la actual dirigencia de Adepcoca con el Gobierno hizo posible la clausura del mercado paralelo y el respeto a la institucionalidad, pero sigue pendiente la libertad de los detenidos, según reconoció el vicepresidente de la institución Reynaldo Laura, a tiempo de negar que esa cúpula haya traicionado a quienes defendieron la institucionalidad.

Laura ha argumentado que no quiere “empeorar la situación” de quienes siguen detenidos o procesados como es en su propio caso y el de otros quince dirigentes que cuentan con órdenes de aprehensión en su contra. 

“Estamos trabajando y ojalá podamos sacar a nuestros detenidos y así estar en paz en los Yungas. Hasta el momento hemos pacificado los Yungas y estamos con esa unidad que queremos. Estamos trabajando en la parte jurídica”, sostuvo Laura, tras reconocer que hay sectores que presionan para movilizarse a favor de los detenidos, pero él no cree que ese sea el camino.

Los casos de Apaza y Vargas podrían ser considerados como de defensores de derechos, pero, además, de dirigentes objeto de una persecución política, según juristas especializados en los derechos humanos, consultados para este reportaje.

Ambos asumieron la conducción del Comité de Autodefensa de Adepcoca buscando hacer respetar la legitimidad del mercado legal de la coca en La Paz ante la división que se producía con la existencia de una entidad y una dirigencia paralela, que podrían afectar al comercio de las hojas provenientes de las zonas tradicionales para el “acullicu”, y el consumo legal y cultural.

La abogada Claudia Terán, de la Red UNITAS, explicó que la noción de defensor o defensora es amplia desde el derecho internacional y esencialmente se considera así a cualquier persona que promueva o defienda derechos humanos.

“En ese marco podríamos catalogar en principio a César en ese ámbito, como defensor de derechos y los defensores tienen desde los estándares de derechos humanos y las obligaciones que ha asumido el Estado, un nivel reforzado de protección”, apuntó la jurista.

Eso implicaría que el Estado debería también investigar las denuncias de vulneración a su integridad y salud y velar porque no sea objeto de una criminalización con una aplicación desproporcional de la legislación penal, sostuvo.

Vargas también es una víctima de la vulneración de sus derechos humanos por haber asumido la conducción de la protesta del 2022. Su situación es compleja familiar y económicamente, más aún si no tiene un permiso laboral en el juicio que se le sigue, ni cooperación de la directiva de los cocaleros para sostener a su familia, según dijo.

Para Franco Albarracín, abogado del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), “no existe ningún indicio, ninguna prueba” de los delitos de los que se acusa a Apaza, por lo que “es un caso de persecución política que es permitido en el contexto de un órgano judicial completamente sometido al órgano político”.

“Se ha denunciado en todo lado que en Bolivia no hay independencia judicial, pero aún no se denuncia claramente que hay persecución política y uno va de la mano del otro”, resumió.

La persecución política, agregó, “tiene un impacto importante en los derechos humanos y eso es lo que tenemos que denunciar y es lo que deberían estar denunciando los organismos internacionales”.

En su desesperación, a fines de agosto, Apaza se ha declarado en huelga de hambre en el penal de San Pedro como víctima de un sistema de “tortura judicial”.

En perspectiva, la injerencia política y el abuso desde el Estado en organizaciones sociales como Adepcoca conllevan condiciones para la violación de los derechos humanos de los dirigentes cuando asumen su rol de defensores de derechos frente al poder. Con esas consecuencias, Apaza y Vargas van camino de cumplir un año en el viacrucis del conflicto cocalero.

Este reportaje forma parte del proyecto "Visibilización de la situación de riesgo de defensores de derechos humanos en Bolivia", desarrollado por el CEDIB en alianza con la ANPB y con el apoyo de la Embajada de Alemania en Bolivia.