“Te voy a sacar tu m…, ahora me vas a conocer”, fueron las últimas palabras que oyó Lydia antes de perder el conocimiento. Fue golpeada sin piedad en la calle y secuestrada por su expareja. Estuvo 40 días internada en un hospital de la ciudad de El Alto por la gravedad de sus lesiones y aún sigue procesando el trauma físico y emocional que le dejó el cruel ataque que se registró el 2021.

Lydia de 36 años y madre de dos niños ocho y 11, es una sobreviviente de intento de feminicidio, definido como la manifestación más extrema de violencia contra la mujer, que afecta no solo a la víctima, sino también al entorno de su familia con graves consecuencias emocionales.

En la mayoría de los casos, las mujeres que fueron víctimas de violencia extrema padecen estrés postraumático, insomnio, taquicardias y lesiones físicas y emocionales.

Este sufrimiento de dolor se agrava, cuando tienen que trajinar cuesta arriba en busca de justicia, generando un cúmulo de resultados nefastos: disgregación familiar, endeudamiento económico y agudización de la pobreza, además de un impacto severo en la salud mental y en el normal.

El último informe oficial de la Fiscalía General del Estado, entre el 1 de enero y el 26 de junio, el Ministerio Público registró unos 23.686 casos relacionados con delitos de violencia. Los departamentos que tienen mayor registro de delitos son La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, el eje central de nuestro país es donde se reciben mayores denuncias.

Según el registro de casos, Santa Cruz tiene 8.222, La Paz 5.712, Cochabamba 3.706, Tarija 1.815, Potosí 1.413, Chuquisaca 1.113, Beni 818, Oruro 652, Pando 235.

La corrupción y el actuar de los administradores de justicia, la dilación innecesaria y dolosa en los procesos, la pasividad en la aplicación de sanciones a los agresores es otro obstáculo que enfrentan las denunciantes y víctimas de violencia extrema.

La Agencia de Noticias Fides (ANF) documentó dos historias sobre víctimas de violencia extrema que peregrinan por justicia; Lydia, una madre que busca protección para ella y sus dos hijos que son constantemente asediados y amenazados por su agresor; y, Valeria, una mujer que fue quemada y golpeada por su expareja.

Remarca que al principio las agresiones van desde jalones, empujones, burlas, insultos, control económico, manipulación emocional, subvaloración, hasta agresiones físicas que pueden terminar eliminando el cuerpo de la mujer.

“El hombre socava la autoestima de la mujer y ella naturaliza la violencia, por eso muchas veces calla y no denuncia. A veces por vergüenza y por miedo, prefiere seguir aguantando los golpes”, remarca.

La especialista explica que hay cinco tipos de violencia: la simbólica, la mediática, la psicológica (dentro de la familia), la sexual y la física.

La violencia simbólica está relacionada al nivel social y cultural y procura que se entienda a la mujer como un objeto, ya sea de reproducción, de imagen o de intercambio. La violencia mediática implica la estereotipación del cuerpo, de la vida y del hecho de ser mujer. En la violencia social, la mujer, cuando llega a una relación de pareja, asume como natural que su novio en un determinado momento sea cariñoso con ella y en otro instante violento.

Salazar dice que luego de experimentar todo ese tipo de violencias, la víctima se vuelve vulnerable para pasar a la violencia psicológica en el entorno familiar, en el que sus allegados la tratan de tal manera que le llega a perder su autoestima. “Se dan frases como ‘eres una fea’, ‘no sirves para nada’, ‘por qué eres tonta’, ‘ojalá algún día te cases’”.

Después de esta, la violencia física, cuando la pareja la empuja, la jalonea, hasta llega a las agresiones crueles y este tipo de agresión lleva al feminicidio, que se traduce en la eliminación del cuerpo de la mujer.

“Ya no me pegues, por favor”, gritaba Lydia. Intentó escapar de su agresor, pero sus piernas fallaban y su corazón golpeaba con fuerza su pecho. Sus dos hijos pequeños intentaban protegerla de los duros golpes que le lanzaba su pareja. Pero, el hombre agarró al niño de 8 años y lo lanzó contra la pared.

El llanto del pequeño, la hizo despertar del aturdimiento. Rogó, una vez más por su vida y la de sus hijos. Recuerda que, pese a los gritos y pedidos de auxilio, sus suegros ni cuñados que vivían en la misma casa, jamás salieron a defenderlos del ataque.

Después de ser golpeada, su pareja se durmió por la borrachera que llevaba encima. Lydia logró tranquilizar a sus pequeños y esperaron alrededor de 20 minutos para huir. Emprendieron la fuga, pero al salir del cuarto se encontró con sus suegros que a gritos alertaron a su agresor, le quitaron a los dos niños. Desesperada salió corriendo con la idea de buscar ayuda y regresar por sus retoños.

En la calle, comenzó a buscar una estación de policías, pero no tuvo suerte. Pidió ayuda en una tienda para llamar por teléfono a un familiar. Cuando colgaba el aparato electrónico, sintió un jalón de sus cabellos que la hizo rodar por la acera. Era su pareja, que comenzó a insultarla y patearla contra el suelo. Lo último que se acuerda de ese día, es la sangre que salía de su boca, a su agresor y a su familia, coludidos llevándola en un minibús blanco.

Después de unas horas, despertó en una habitación oscura y que no conocía. Comenzó a llorar porque extrañaba a sus hijos. Permaneció alrededor de 10 días encerrada y su salud cada día empeoraba, no podía caminar, no ingería alimentos y todos los días era violentada por su expareja e incluso, fue agredida sexualmente. Un día ya no pudo resistir y su agresor la abandonó en un centro de salud.

“Me he puesto mal, seguido me desmayaba. No podía caminar, adelgacé tanto que el papá de mis hijos se asustó y me llevó hasta un centro de salud, ahí me abandonó y me dijo que nunca vería a mi hijos”, señala.

En ese establecimiento, los galenos la derivaron de emergencia al hospital del Norte, ahí fue ingresada a terapia intensiva por 20 días. Los golpes habían perforado sus pulmones e intestinos. Su recuperación demandó otros 20 días. Después de agarrar fuerza, Lydia comenzó a buscar a sus hijos, de los cuales no tenía noticias desde la noche que escapó de su hogar violento. Los denunció por intento de feminicidio, pero la justicia procesó al hombre sólo por violencia familiar.

¿Por qué una mujer no puede dejar a su agresor? La socióloga e investigadora especialista en temas de género, violencia contra las mujeres y derechos, Marlene Choque, señala que las mujeres que sufren violencia, están atrapadas en relaciones abusivas y no tienen la confianza para salir del vórtice violento de la que son víctimas porque no tienen el apoyo de sus familias ni del Gobierno.

Esa situación obliga a muchas mujeres a callar los maltratos por vergüenza, por falta de apoyo o por miedo al qué dirán, e incluso a perder a sus hijos.

“Las mujeres se sienten atrapadas y no pueden salir. La mujer que sufre violencia atraviesa un proceso muy duro, desde los primeros episodios violentos, las mujeres ocultan los maltratos porque sienten vergüenza, sienten culpa porque cuando rompen el silencio, sus familiares no apoyan el hecho de un divorcio o separación por el qué dirán y le dicen (a la víctima) que aguante porque es su pareja”, explica.

La experta afirma que si bien Bolivia avanzó en integración laboral, social y política de las mujeres, no hay programas educativos y de concienciación que promuevan la erradicación de la violencia machista.

Choque remarca que cuando una mujer decide salir de la violencia, su agresor comienza a manipularla, hacerle falsas promesas de amor, e incluso la amenaza con quitarles a sus hijos y asedia a la familia de la víctima.

“Cuando la mujer sale de la violencia, lo primero que hace es refugiarse donde su familia y el agresor ataca, la denuncia por abandono de hogar y le inician un proceso judicial e incluso les llegan a quitar a los hijos. Es muy complicado cuando las mujeres hablan de un hecho de violencia”, advierte.

“Te voy a puntear m…, con eso voy a estar feliz”, “Dile a la señora que no ande sola porque dónde sea le voy a bajar, no será mañana o pasado, pero la voy a eliminar”, se oye decir en un audio a la expareja de Lydia, el hombre que casi acabo con su vida y después de casi dos años, sigue intimidándola.

El audio fue presentando a las autoridades, pero ni aun así detienen a su agresor, que pese a su detención domiciliaria sigue libre y caminado por las calles. Lydia peregrina desde 2021 por justicia y protección, pero hasta ahora no logra sentirse segura.

Tiene miedo salir a las calles, sufre estrés y ansiedad por el trauma de la violencia y la amenaza de perder a sus dos hijos, que también son constantemente acosados por su progenitor.

“Quedé rota, nunca podré entender que la persona que una vez me juro amor quiere hacerme desaparecer. Romper el silencio tiene un alto costo, para tener justicia hay que tener plata. Tu caso no se mueve sin plata, todos te piden plata. No protegen a las mujeres, incluso las mismas policías de la Felcv me culpan a mí. Mis hijos reciben esos audios donde me amenaza con eliminarme, tienen miedo que nos haga daño, pero aun así no se mueven”, afirma.

Así como Lydia, Valeria es otra víctima de intento de feminicidio. Tiene 27 años y hace cuatro años fue quemada viva por su concubino. El hombre le rocío gasolina una madrugada y el 70% de su cuerpo resultó con graves quemaduras, que ahora se convirtieron en grandes cicatrices, pese a que se sometió a más de 30 cirugías.

Si bien Valeria se salvó de morir a manos de su agresor, hoy sufre las consecuencias de esa violencia machista. Desde el ataque no puede acercarse al fuego y sufre de depresión. No puede salir a la calle descubierta, por las cicatrices la tratan de “monstruo”. La sociedad también es dura con las sobrevivientes de feminicidio.

Las autoridades judiciales determinaron la detención domiciliaria con custodio en la misma vivienda de la víctima para su agresor.

La joven sufrió todo tipo de humillaciones. Incluso un juez le pidió 4.000 bolivianos que debía ser repartido entre tres jueces si quería una sentencia de 30 años de cárcel para el agresor. Al no hacer el pago, los jueces le otorgaron sólo cuatro años de cárcel para Pablo y cambiaron la acusación de tentativa de feminicidio al de violencia doméstica.

No solo la violencia machista marca a las personas, sino la corrupción que envuelve a los operadores de justicia. La corrupción judicial destruye la independencia e imparcialidad judicial y genera pérdida de credibilidad respecto al sistema en su conjunto.

La abogada y representante de la Comunidad de Derechos Humanos Bolivia, Mónica Bayá, indica que pese a la Ley N° 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, sigue habiendo dificultades en la atención a las víctimas e incluso, considera que no se respetan los protocolos definidos por la norma.

“Más allá de la norma, en la práctica sigue habiendo dificultades, es fundamental que todos los casos donde la mujeres denuncien violencia sea el tipo que sea, se debe realizar una valoración de riesgos. Se dispongan las medidas de protección urgentes para proteger a esas víctimas, sobre todo a las denunciantes que tienen el temor de volver a sus domicilios y que su agresor se entere que ha sido denunciando y naturalmente sufrir una reacción violenta”, añade.

Si bien la ley 348 fue creada para establecer mecanismos y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, sin embargo, Bayá observa que pese a la norma la violencia machista sigue reportando datos alarmantes.

Agrega que es fundamental que la justicia disponga de manera inmediata la protección de la víctima de intento de feminicidio y se ejecute de forma urgente la aprehensión de los agresores.

Sobre la atención a las mujeres que llegan a las instancias donde se inicia la investigación como los Servicios Legales Integrales Municipales), dice no cuentan con las condiciones adecuadas y de personal, para brindar atención con calidad y calidez y evitar la revictimización de las mujeres víctimas de violencia.

Remarca que en la implementación de la Ley 348 se ha visto las deficiencias en el seguimiento de casos de víctimas y el cumplimiento de las medidas de protección.

“Hay un tema de deficiencia en el seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección y la actuación inmediata en esos casos, creo que eso es uno de los mayores problemas la falta de inmediatez con la que se debería actuar en estos casos en concreto”, asevera.

Desde el pasado 16 de agosto, la ANF solicitó una entrevista con la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, para abordar sobre programas o políticas que trabaja esa instancia para prevenir la violencia. Sin embargo, en varias oportunidades suspendieron las entrevistas y no se logró el contacto.

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