Detenciones sin orden judicial, apresamientos en las madrugadas, amenazas de muerte, amenazas de juicio, tortura, casos armados, prisión prolongada, sumatoria de procesos penales, una sucesión de violaciones a los derechos de las personas propios de los gobiernos dictatoriales son parte del modus operandi que aplica el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) para castigar a opositores políticos o voces críticas al régimen entre las que se encuentran políticos, dirigentes, exfuncionarios, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas.

Los implicados, una vez sometidos al sistema judicial, que se ha convertido en el brazo persecutor y operativo del Órgano Ejecutivo, pierden la protección del marco legal: sus derechos son borrados por completo. El sistema busca quebrar emocional y económicamente al detenido y a su entorno, para obligarlo, en algunos casos, a declararse culpable a cambio de su libertad. Un método que ya ha cobrado vidas.

Especialistas y activistas de derechos humanos advierten que Bolivia transita por la senda del autoritarismo que, mediante la cooptación de instituciones, y en particular el Órgano Judicial, somete con impunidad a los que considera opositores mediante prácticas de un “Estado policiaco”. La Unidad de Comunicación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional no respondió a la solicitud de entrevista para este reportaje.

“Definitivamente, el uso del sistema de justicia con finalidades políticas (en Bolivia) es un tema que en el último tiempo ha venido preocupando a diversos organismos internacionales de Derechos Humanos”, dice Ramiro Orías, abogado y Oficial del Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

Refiere que esta persecución política a través de la justicia “nos permite ver que el sistema de justicia se ha convertido en una especie de brazo jurídico del Proceso de Cambio, hay un conjunto de jueces y fiscales que resultan complacientes, sobre todo en casos políticos sensibles, con las decisiones del gobierno de acallar las voces críticas, la disidencia interna y la oposición política”.

Al menos siete informes de organismos internacionales como Naciones Unidas, Relatorías, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), GIEI Bolivia establecen que en el país existe “un patrón de persecución política” por la instrumentalización de la justicia por parte de los gobiernos de turno.

Frente a decenas de procesos 

La modalidad de acusar a una persona con decenas de procesos penales por un mismo delito tiene su origen en el gobierno de Evo Morales. Fue utilizado por primera vez en contra del expresidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic, a quien encausaron con 76 procesos, un caso nunca antes visto.

En octubre de 2013, Bakovic de 75 años, fue obligado a asistir a una audiencia en las alturas de la ciudad de La Paz, pese a tener antecedentes de problemas cardíacos. Forenses de la Fiscalía decidieron que sí podía viajar y lo forzaron con la amenaza de que sería detenido si no lo hacía. El mismo día de la audiencia sufrió un infarto en La Paz. Falleció en Cochabamba. Ningún funcionario fue sancionado por esta muerte.

Bakovic padeció casi ocho años de persecución judicial por 76 causas penales en distintos departamentos del país. Los procesos fueron interpuestos por funcionarios del Gobierno por supuestos hechos de corrupción que nunca fueron probados.

Andrés Gautier, psicoterapeuta del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), señala que Bakovic fue la primera víctima de este método. Murió por la “tremenda carga” que le generó afrontar tantos procesos penales. 

“Estoy agotado, desgastado física, psíquica y financieramente”, le había escrito meses antes Bakovic a José Gramunt de Moragas, director de la Agencia de Noticias Fides.

Gautier dice que este método “hizo escuela” y “les mostró el camino (al gobierno) de cómo podía funcionar” en adelante. Hasta 2010, el gobierno del MAS llevaba procesos penales en contra de 59 políticos y líderes de oposición con un promedio de 20 procesos por cada uno.

Pero el ensañamiento judicial se tornó emblemático en el caso de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, a quien acumularon 256 causas penales, humanamente imposibles de afrontar. El proceso sistemático de vulneración de sus derechos y tortura constante que sufrió a manos de funcionarios policiales, de Régimen Penitenciario y del Ministerio Público, terminaron con su vida el 19 de abril de 2022, tras siete años de persecución.

“Marco Antonio Aramayo lo tenía presente, él sabía, decía conmigo no van a lograr lo que han logrado con Bakovic, pero lograron lo mismo, y esa sumatoria de casos es ilegal”, señala Gautier.

Aramayo denunció corrupción en el Fondo Indígena, sin embargo, él fue acusado y encarcelado. El mismo Evo Morales, en una abierta vulneración del principio de presunción de inocencia, lo condenó al calificarlo públicamente de ser “doblemente delincuente”. Emisarios del Ejecutivo le insistían a Aramayo a que se acoja al procedimiento abreviado, es decir, que acepte la culpa para que salga libre. Nunca lo hizo. 

El ITEI, tras cinco años de seguimiento concluyó que se trata de “uno de los casos de abuso de poder más extremos que nos ha tocado ver hasta la fecha” y se quedó con la impresión de que sus verdugos lo preferían muerto a Aramayo.

Sin principio de igualdad 

En los diferentes casos penales de implicación política, el gobierno se constituye en parte querellante y despliega su fuerza legal con decenas de abogados de los diferentes ministerios, para enfrentar a un ciudadano de limitados recursos, lo que genera una confrontación totalmente desigual.

El abogado penalista Eusebio Vera señala que en estos casos el principio la igualdad, que está garantizado por la Constitución Política, es el que más se ve afectado y vulnerado porque el partido de turno “al ser el principal persecutor de cualquier opinión contraria, se ha convertido en un verdugo de la sociedad, que tiene al Órgano Judicial como su principal operador”.

“Diferentes carteras frente a un ciudadano que tiene un solo abogado, tal vez dos, pero cada cartera de Estado tiene entre dos a tres abogados en cada audiencia, más el acompañamiento del Ministerio Público, entonces, aquí no existe el principio de igualdad”, remarca Vera. 

Un ejemplo es el reciente proceso en contra de Fernando Hamdan, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cihpda), que fue aprehendido en Santa Cruz y trasladado hasta La Paz, acusado de estar involucrado en el supuesto alzamiento militar del 26 de junio. En este caso, siete entidades estatales participaron de la audiencia de medidas cautelares en contra de Hamdan, entre ellos el Ministerio de Culturas.

Y una de las maniobras más dramáticas que utiliza el Gobierno mediante la justicia, refiere Orías, es el uso prolongado de la prisión preventiva, que en algunos casos como el del Hotel Las Américas, duró hasta 10 años. Por este motivo, el Estado boliviano ha sido llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

“Este es uno de los casos que ha demostrado que la justicia boliviana no cumple con los estándares internacionales del debido proceso, y va alargando la permanencia del procesado en la cárcel con sucesivas ampliaciones de la detención preventiva”, refiere.

Un Estado policiaco 

“Un policía me subió al helicóptero, no me dijo a donde me llevaban, estando en la cumbre el coronel Víctor Hugo Lizarazu Cuellar, me gritó: ¡aquí vas a hablar a las buenas o a las malas, perro, sino te voy a lanzar! Abrió la puerta del helicóptero y me agarró fuertemente por el cuello para lanzarme al precipicio, había un fiscal y no decía nada, en ese momento yo he llorado, estaba despidiéndome de mis hijos, de mi esposa, he orado a Dios”. Es el testimonio del apicultor Juan Bascopé Cari, acusado por la muerte de tres efectivos de erradicación de coca en Apolo en 2013. Bascopé además sufrió tortura física delante de fiscales y funcionarios del Ministerio de Gobierno. Varias veces le rastrillaron armas en la cabeza para simular una ejecución. El capitán Andrés, investigador de la fuerza anticrimen, para obligarle a que se inculpe, le dijo que su esposa y su hija están detenidas y “en este momento están siendo violadas y seguirán si tu no hablas”.

“Ese rato me ha llegado al corazón, si hubiese cometido el delito tal vez podría hablar para evitar el sufrimiento de mi familia, pero no sabía nada”, recuerda. 

“La amenaza a los familiares de un investigado, cómo método de presión, persiste en las prácticas policiales, eso está claro”, remarca Gautier.

Pese a la gravedad de este caso de tortura, diez años después de ocurrido, ninguno de los responsables fue identificado ni sancionado. El sistema judicial encubre las violaciones a los derechos humanos, igual como ocurre con las torturas sufridas por el dirigente cocalero César Apaza, detenido violentamente la madrugada del 22 de septiembre de 2022, sin orden judicial, por cinco civiles desconocidos que resultaron ser efectivos de inteligencia del Ministerio de Gobierno. Esta modalidad que vulnera todos los principios del debido proceso, es ampliamente utilizada por el gobierno. Y una vez detenido en celdas policiales, pueden pasar horas y hasta días sin que el detenido pueda comunicarse con su familia, menos con un abogado. 

“Se está normalizando lo indebido, se está normalizando lo anormal, y eso no está bien, existe una multiplicidad de vulneración a los derechos y garantías constitucionales como el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa cuando no hay igualdad de partes, y cuando no se cumplen los procedimientos y las formalidades que establece la propia ley, se está incumpliendo el debido proceso”, refiere Vera.

Gautier considera que la policía arrastra “herencias de gobiernos dictatoriales en sus métodos de investigación” y que, si bien hay sectores que tienen una convicción por el respeto a los derechos humanos, “son una minoría”.

En 2022 las denuncias de tortura y malos tratos registradas por la Defensoría del Pueblo sumaron 113, de las cuales el 71% correspondió a la Policía, institución que sigue liderando el uso de esta práctica ilegal como método de investigación. La segunda institución más denunciada fue las Fuerzas Armadas con 10 casos, seguido por el Ministerio de Gobierno con seis casos y el Ministerio de Defensa con cinco casos.

Pese a las constantes denuncias de detenciones arbitrarias, abuso policial y tortura, “nunca se ha escuchado sobre sanciones a policías, nunca se ha escuchado de sanciones por corrupción al interior de la Policía, y menos que esos casos hayan sido pasados al Ministerio Público para el procesamiento penal”, advierte Orías.

Incluso por las muertes y ejecución extrajudicial a manos de la Policía en el caso Hotel Las Américas, en abril de 2009, el gobierno no promovió una investigación. El gobierno prefiere cubrir estos casos con un manto de impunidad y recibir una sentencia internacional y una multa millonaria, con recursos de todos los bolivianos, antes de reconocer sus delitos. 

Para el jurista y académico Arturo Yáñez Cortes, la Policía es una de las instituciones más degradadas por su “servilismo político partidario”, con el agravante de que ya era una institución sumamente corrupta, penetrada por el narcotráfico, por mafias, por grupos, y “le han dado la cereza a la torta con su servilismo partidario al Ministerio del Gobierno y a través del Ministerio del Gobierno al Presidente (Luis Arce)”.

Refiere que ese comportamiento policial se ha mostrado “de la manera más asquerosa en el gobierno de Evo Morales, y luego en el gobierno de Jeanine Añez con su sheriff ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que andaba con sus esposas, amenazando, enviando a sus serviles a las audiencias”. 

Germán Gutiérrez Gantier, abogado constitucionalista con experiencia en reformas judiciales, considera que la Policía se comporta de esa manera porque, junto al Ministerio Público, es parte del ejercicio del poder político, lo que ha permitido que en Bolivia se haya instaurado el “terrorismo de Estado”.

“Por eso ejercen una suerte de presiones, de extorsiones, de abusos y de prepotencia, deteniendo por la noche para que duermas en las celdas, o deteniendo el viernes en la noche porque no se activan los mecanismos sábado y domingo, o están en Santa Cruz o en Sucre y te llevan a La Paz detenido”, asevera.

En el mismo sentido, el abogado y docente de Derecho Penal, Jorge Valda Daza, señala que el modelo asumido por el Gobierno es el de “Estado policíaco”, adoptado de la época de la dictadura. Refiere que en ese modelo la justicia penal es inquisitiva, donde el juez y el fiscal son la misma persona, el que investiga y el que juzga. Refiere que ese modelo se supone que se cambió con la reforma judicial de 2001, al pasar al sistema acusatorio, en el que se respeta la presunción de inocencia.

Indica que la Policía únicamente debiera cumplir funciones de Policía Judicial, con el investigador asignado al caso, y no así el personal de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio de Gobierno, “con el que hemos llegado a este sistema policiaco, con detenciones ilegales seguidas de tortura, como en el caso de César Apaza, de Tonchi Bascopé, de Marco Antonio Pumari, de Luis Fernando Camacho”. 

Para la vicepresidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, la Policía mantienen la forma de operar de las dictaduras, solamente ha cambiado de uniforme, porque “en muchas ocasiones es atropelladora, abusa de su poder y más aún con algunas personas que están detenidas políticamente, porque ahí lo que intentan es resquebrajar psicológicamente, físicamente, intimidar y sojuzgar”.

Una justicia más politizada 

La instrumentalización de la justicia en el país se ha ido agravando. Si bien en gobiernos anteriores tuvo un uso selectivo, en ese tiempo “nadie ponía en el tapete de discusión que en Bolivia habían perseguidos políticos, que en Bolivia habían exiliados y asilados por razones de conciencia, de opinión política, hoy sí, ya empieza a ser preocupación internacional, lo que nos muestra que esta situación se ha intensificado y se ha expandido de forma alarmante”, señala Orías.

El 11 de julio de este año, la ONG Global Human Rights League (GHRL) publicó un informe detallado sobre la situación de los presos políticos en Bolivia, en el que asegura que en el país hay 278 personas actualmente encarceladas por razones políticas. El gobierno asegura que en el país “no hay presos políticos”, solo “políticos presos por cometer delitos”.

La calidad de la justicia también es evidenciada en el Índice de Estado de Derecho 2023 que elabora anualmente el World Justice Project (WJP). Este informe ubica a Bolivia en el puesto 131 de 142 países a nivel global y el 29 entre 32 en la región, lo que quiere decir que el sistema de administración de justicia boliviano está prácticamente entre los peores a nivel global.

El Gabinete Jurídico, creado en el primer gobierno de Evo Morales, es un antecedente de la manipulación de la justicia por la política. Este gabinete estaba conformado por al menos 25 funcionarios del Órgano Ejecutivo y Judicial e intervino en al menos 40 casos judiciales, según denunció en 2014 la Comisión Justicia y Verdad, conformada por cuatro legisladores de oposición.

Esta práctica permitió controlar desde el Ejecutivo ciertas causas como el Hotel Las Américas, señala Orías, donde resultaron muchos emisarios del Gabinete Jurídico involucrados en extorsiones y hechos de corrupción, que es tipificado como consorcio de jueces y abogados.

“La práctica del Gabinete Jurídico mostró cómo eran las correas de transmisión del interés político sobre la justicia (…), ahora ya no es solamente un soborno a un juez o a un fiscal para que resuelva en el menor tiempo posible un expediente, si no ya son estructuras de corrupción que generan estructuras de impunidad”. 

El especialista asegura que lo que ocurre en el país se asemeja un poco, salvando las diferencias históricas, a lo que era la Patente de Corso, aquella patente que la Reina de Inglaterra daba a los corsarios para que puedan atacar y asaltar naves en alta mar, siempre que no sean británicas, y cuiden los intereses de la Corona.

“Aquí hay como una Patente de Corso donde el juez tiene cancha libre para hacer lo que quiere, por eso hay tanta corrupción en el Poder Judicial de hoy, pero tiene que ser respetuoso en caso de políticos del gobierno, por eso vemos casos donde han formado consorcios de jueces y abogados y han mercantilizado el servicio judicial en detrimento del ciudadano de a pie”, concluye.

En ese sentido, Yáñez recuerda que en el Órgano Judicial “ocurren cosas extrañas”, como en el caso de las coimas millonarias de la Administradora Boliviana de carreteras (ABC), donde los fiscales determinaron que se trató de un “adelanto de contrato y no un hecho de corrupción”, mientras que para otros casos “hay un sheriff en el Ejecutivo que hace lo que quiere y la Fiscalía parece que solamente cumple las órdenes o ve de palco”.

“O sea es el ejercicio puro y público de la fuerza bruta, es decir, yo tengo el poder, soy el ministro, el sheriff del gobierno y hago lo que me da la gana, y los organismos de control, fiscalía, jueces, bien gracias, sometidos a ellos”, apunta.

La Fundación Construir recomendó en su informe “Estado de la Justicia en Bolivia 2022” que para garantizar la independencia del sistema de justicia, “las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse”, sin embargo, las autoridades lo ignoran y ratifican su vocación de interferir en el sistema judicial, al promover la exposición mediática de detenidos, hacer de voceros de las investigaciones de la fiscalía, ejecutar órdenes de aprehensión, como ocurrió con el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, sobre el supuesto cabecilla de la toma de la plaza Murillo, general Juan José Zúñiga.  

Autoridades como el ministro de Justicia, Iván Lima, el Procurador, César Siles, entre otros funcionarios, muchas veces asumen el papel de directores de las investigaciones de hecho, dicen quién es culpable y quién inocente, adelantan futuros fallos de los jueces, como ocurrió en el caso de Fernando Hamdan. El Procurador, media hora antes de que el juez dé su veredicto, daba declaraciones a medios de comunicación señalando que se había dispuesto su detención en el penal de San Pedro. 

Más cerca del autoritarismo 

Claramente Bolivia está en la senda de un modelo autoritario, dice Orías, donde lo que fue la gran reforma democrática de la justicia, con la aprobación del nuevo Código de Procedimiento Penal, que devolvía las garantías al ciudadano, “a estas alturas a más de 20 años después de su promulgación, queda poco del espíritu garantista de aquel código”. 

Indicó que en estos 20 años ha habido por lo menos 15 contrarreformas legales que han debilitado el régimen de medidas cautelares, se han creado nuevos delitos, se han aumentado penas, en un contexto de desinstitucionalización del Poder Judicial y del Ministerio Público, “y hemos llegado a este sistema donde hay un uso bastante discrecional del derecho”. 

Mientras que Gutiérrez argumenta que Bolivia ya vive en dictadura, que la formalidad democrática de que exista un órgano Legislativo, que exista un Órgano Judicial tan golpeado, que exista el Defensor del Pueblo, “es una formalidad que ha dado lugar a lo que denomino una ‘dictadura electoralizada’, porque es verdad que todavía somos convocados para el voto, pero resulta que esa dictadura como no es parte su concepción el cumplimiento de la Constitución y de las normas previamente establecidas, recurre a la configuración de normas cotidianas, si un movimiento social se moviliza en las calles y tiene más fuerza, ahí está la norma, no está en el Código, no está en la Constitución, no está debidamente escrita”.

Bolivia, con su justicia cooptada replica la franquicia de los estados que son formalmente democráticos, pero que en realidad no lo son, señala Yañez, donde el sistema de justicia se utiliza como un organismo de represión y no de tutela, como Nicaragua y Venezuela; pero más allá de la dualidad izquierda-derecha o socialismo-liberalismo, refiere Orías, el verdadero debate son las prácticas autoritarias frente a las convicciones democráticas, que solo se pueden dar en un régimen donde hay una concentración absoluta del poder. Aquí se puede incluir a El Salvador, con el presidente Nayib Bukele y su modelo de seguridad autoritario, con un estado de excepción permanente, y el Perú, en el que gobierna un congreso mafioso que encubre las masacres, reprime las protestas y persigue a las víctimas y a sus familiares.