Toneladas de artefactos explosivos exportados a Bolivia retornan al país como contrabando por diversos puntos de la frontera. Los beneficiarios son mineros ilegales e informales que consiguen fácilmente este material para extraer, principalmente, oro.
Uno de los puntos de la ruta está en La Rinconada de Puno, donde simples tiendas de abarrotes son en realidad expendios de dinamita a la vista de todos. Sin embargo, desde 2019 la Aduana peruana solo ha hecho dos incautaciones de este tipo de mercadería ilegal.
Por Elmer Mamani
inguna chispa de sol asoma en la frontera entre Perú y Bolivia, pero decenas de camiones se estacionan a ambos flancos del río Suches, que separa a los dos países a 4.364 metros sobre el nivel del mar. Por el lado peruano está el distrito de Cojata; por el boliviano, la localidad de Pelechuco. Los comerciantes, a oscuras y con el frío de la madrugada, desembalan y descienden sus mercancías para levantar sus tiendas sobre la tierra. Como todos los viernes, va armándose “Las Perlas”, una tradicional feria contrabandista.
Un descuido volaría por los aires todo este lugar. Entre las zapatillas, juguetes, ropa, balones de gas doméstico, dispositivos para celulares, carne y conservas se mezclan algunos cartuchos de dinamita. Son parte de las toneladas de explosivos que retornan de Bolivia a Perú por este punto y zonas aledañas.
Estos materiales, sumamente peligrosos, son primordiales en la cadena de producción del oro ilegal e informal, que genera más dinero que el narcotráfico. Fueron unos 4 mil millones de dólares durante el 2022, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Sin explosivos, la explotación por socavón sería imposible. Sin explosivos, no se podrían fracturar las rocas para sacar el mineral.
Tanto en tierras peruanas y bolivianas, los comerciantes empiezan a acomodar sus productos a la venta. Otros son cambistas que instalan mesas no solo para cambiar soles por bolivianos o viceversa, también para comprar y vender oro ilegal y mercurio. A lo largo de la frontera ocurre un estallido de delitos y pasa todo tipo de contrabando. Pero, entre todos los negocios, varios son fachada para comerciar el principal insumo de la extracción minera: los explosivos.
Va clareando y en la feria del lado boliviano, un hombre al que llamaremos “Renato” ofrece ropa abrigadora: chompas, guantes, chullos. Al mismo tiempo rastrea potenciales compradores de diversos tipos de dinamita. Recuerda que años atrás la venta se hacía mostrando abiertamente los productos. A más controles, este tráfico ahora funciona a escondidas y con previo trato. Días atrás, este comerciante consiguió una clienta, vecina de la zona: “La he presentado a mis amigos y ellos trataron con ella”.
Los “amigos” de Renato son miembros de una de las 2.423 cooperativas mineras responsables del 99% de la producción aurífera de Bolivia. Éstas cuentan con “cupos”, autorizaciones para comprar una determinada cantidad de explosivos a las comercializadoras. Cada tres meses deben presentar informes para que se les permita volver a adquirir. Sin embargo, parte del material se desvía y termina en el mercado negro.
Metros más allá, “Ernesto” ofrece carne. Sus parientes -reconoce- son parte de esta red ilícita, pero hoy no están en la feria. Casi al final del pasadizo de comerciantes, enfundado en un mameluco minero, está “Calancho”. Tiene un puesto donde vende distintos productos, pero clandestinamente trafica con dinamita de procedencia peruana y boliviana. El trato consiste en pagar un porcentaje y el resto, con la entrega del material, que se concreta en cualquier punto de la frontera por seguridad para los traficantes. “Hay Famesa (marca de fabricación peruana), hay de todo”, revela.
Calancho mira a todos lados para confirmar de que hablar es seguro: “Llega a la empresa (comercializadora) y vuelve aquí mismo, regresa”. Su testimonio termina de dibujar la ruta de este insumo, que abastece a gran parte de la minería no legal (ilegal e informal) y que vuelve a Perú como contrabando para distribuirse desde la frontera a diversas regiones. Es una red que actúa gracias a la ausencia de ambos Estados.
“Esta parte (de la comercialización) ya escapa de nuestro control”, confirmará Luis Patón Paredes, jefe de la Unidad de Material Bélico del Ministerio de Defensa de Bolivia, que entrega autorizaciones para venta y compra de estos dispositivos.
Mientras tanto, la feria fronteriza va llegando a su fin. Solo dura hasta las 10:00 de la mañana. Los contrabandistas se retiran de a pocos en sus vehículos y “Calancho” enfatiza que todos los viernes se le puede encontrar aquí.
Los primeros indicios de esta ruta se dieron en 2015. Mineros peruanos encuestados manifestaron que los productos legalmente exportados volvían a ingresar como contrabando para despistar su origen. Un círculo, un carrusel, según reportó el documento “Desvío de explosivos de uso civil” de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), encargada de fiscalizar y autorizar la compra de estos insumos y quien realizó el sondeo.
Es en Perú donde empieza la ruta, primero de forma legal. Existen nueve empresas fabricantes de los artefactos y siete de ellas los exportan. Uno de los principales clientes es, justamente, Bolivia. En 2023, se exportaron 95 millones de dólares al mundo, de los cuales 13 millones (14% del total) se vendieron al país vecino, según el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat). Para Bolivia representa la mitad (49%) de lo que importó en ese año, según el Instituto Nacional de Estadística. A diferencia del gran tamaño de esta industria en Perú, la boliviana solo tiene a la empresa mixta (privado-estatal) Maxam Fanexa como la única autorizada para la fabricación.
La principal exportadora peruana es Famesa Explosivos S.A.C., una empresa con 71 años en el rubro y que tiene cuatro plantas en Perú y una en Chile. Sus exportaciones alcanzaron los 65 millones de dólares en 2023 para más de 25 países. Es, por lejos, la que más envíos hace al exterior. Sus artículos llegan hasta Zimbabwe (África) y Nueva Zelanda (Oceanía). En Bolivia, Famesa tiene tres oficinas operando bajo el nombre de Carmar LTDA. Allí es el gran jugador del mercado de explosivos: exportó 33 millones de dólares entre el 2019 y 2023, que para Bolivia representa el 27% de todo lo que importó en el mismo periodo.
Tanto en Perú como en Bolivia, el nombre de Famesa se repite en las incautaciones a la minería informal e ilegal de los últimos años. Entre el 2020 y el 2023, el Ministerio de Defensa boliviano decomisó 1.300 kilogramos de nitrato de amonio (ANFO, por sus siglas en inglés) de la marca Famesa, un producto que, combinado con combustible, se convierten en un potente detonador. También hallaron 520 kilogramos de dinamita de la marca boliviana Maxam Fanexa. “La falta de control permite el mercado negro. Si un minero requiere 50 kilos por semana y emplea 20, el resto lo va almacenando o revende”, explica el coronel Jorge Santiesteban, miembro del servicio pasivo del Ejército de Bolivia y analista en seguridad y defensa.
Los puntos de comercio ilegal son conocidos en Bolivia. “Cuando no hay (explosivos), tenemos que ir al mercado negro”, declara Edilberto Huanaco, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Potosí. La minería ilegal necesita de explosivos que se pueden encontrar en la Feria 16 de Julio en la ciudad de El Alto (La Paz), según cuenta Juan Carlos Manuel, secretario de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Otros expendios ilícitos se ubican en distritos mineros como Huanuni (Oruro), Guanay y Apolo, que son municipios de La Paz.
La Intendencia de Aduanas de la región fronteriza de Puno tiene entre sus funciones combatir el contrabando en Perú. Aunque uno de sus integrantes, a quien llamaremos “Mariano”, reconoce que no hay un control efectivo para bloquear el paso de los explosivos que utiliza la minería no formal. Una vez que cruzan la frontera, el destino final de los artefactos son las principales ciudades peruanas: la propia Puno, Arequipa, Cusco, La Libertad y hasta Lima, la capital.
En 2019, Aduanas quiso intervenir una feria de oro en el distrito peruano de Ananea (Puno). Los agentes montaron vehículos particulares, pero cuando arribaron no encontraron nada, ni una sombra. “Hacer intervenciones es complicado. Nuestras camionetas y placas son conocidas por contrabandistas y malos policías. Desde que salimos y nos ven por la carretera, ya sabemos que no vamos a encontrar nada”, remarca Mariano.
La frontera de Puno con Bolivia es la más violada por el contrabando. Según estimaciones de la Sunat, por esos límites pasa el 38.7% de todas las mercancías ilegales que ingresan al país, que representaron unos 232 millones de dólares durante el 2023. Pese a ello, es ínfima la incautación de productos ilegales en la zona. Aduanas de Puno decomisó 4 millones de dólares, solo el 1.7% del total que calcula la Sunat.
El control es peor si solo nos enfocamos en explosivos. En el último quinquenio (2019-2023) no hubo incautaciones por parte de Aduanas Puno. A lo sumo, entre el 2019 y 2020 se encontraron 18.100 unidades de detonantes de Famesa en cuatro operativos en un puesto de control y carreteras de Puno. En uno de los casos se halló cinco cajas escondidas dentro de un vehículo que ingresaba a la ciudad de Juliaca.
En 2024 sí hubo una confiscación. Sucedió el pasado 14 de agosto, tras el descubrimiento de sacos con 400 detonadores de Maxam Fanexa, 639 kilos de mecha de la misma marca y 1.627 kilos más de mecha Famesa. Todo de procedencia boliviana con rumbo a Arequipa y que se interceptó en carretera peruana a la altura de Cabanillas. La carga estaba oculta entre pacas de heno transportadas por un camión. El producto de Famesa se había exportado a Bolivia, pero retornó a Perú. Aduanas lo considera contrabando así su origen sea nacional. Se solicitó una entrevista con el representante de la Intendencia de Aduanas de Puno de la Sunat, pero no hubo respuesta oficial.
“La minería ilegal recibe explosivos del contrabando y de quienes adquieren en mayores cantidades de las que necesitan. Luego los desvían y venden de manera ilegal a terceros”, confirma el alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Rodolfo García Esquerre.
Raúl Ortega, ex funcionario de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno, estima que solo entre el 20% y 30% de mineros informales usan explosivos adquiridos legalmente. El 70% restante se abastece del contrabando. “La mentalidad del peruano es rehuir al marco legal. No piensan en manejar sus operaciones de manera técnica”, señala.
Por su ubicación en la frontera, Puno es la primera región peruana con minería ilegal a la que llegan dinamita y artículos complementarios del contrabando boliviano. En 2021, la Dirección Contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior identificó 11 puntos en los distritos Alto Inambari (provincia de Sandia) y Ayapata (provincia de Carabaya) que padecen esta actividad. Pero este tráfico de explosivos también abastece a La Rinconada, considerada la zona extractiva más alta del planeta (5.200 msnm).
En el Perú existe un catálogo de 1.088 explosivos y elementos relacionados aprobados por la Sucamec. Los más utilizados por los mineros ilegales e informales del país son el cartucho de dinamita, el detonante y el cordón de mecha. El detonante contiene un explosivo primario sensible a la chispa de la mecha, que activa finalmente el cartucho para su estallido. A la unión de estos tres elementos se le conoce como “cebo” o “prima”.
Varias tiendas del centro poblado de La Rinconada son puntos de expendio de estos tres elementos para abastecimiento de sus minas informales. El lugar está ubicado en el distrito puneño de Ananea y es reputado por sus altos niveles de violencia, inseguridad, trata y contaminación. Por sus laderas, hasta la cumbre de la cordillera Carabaya, proliferan minas ricas en yacimientos de oro.
"Todos los explosivos son ilegales, todo es boliviano”, comenta un ex minero de La Rinconada a quien por su seguridad llamaremos “Mauro”. Su cuñada adquiría los artefactos en Bolivia y los vendía en este poblado minero hasta que lo abandonó. “Es como comprar cualquier cosa, como comprar pan”, grafica.
Lo comprobamos al acompañar a una tienda a un ex minero a quien nombraremos “Roberto”. A 30 metros de la comisaría La Rinconada se ubica una tienda y el hombre le consulta a la vendedora si tiene dinamita.
- ¿Cuánto quieres? -pregunta con voz baja la mujer en medio de víveres, embutidos y gaseosas.
- Dos metros de mecha, dos cartuchos y tres fulminantes… ¿Qué marca tienes? – consulta el minero.
- Famesa – señala la mujer y se ausenta un momento para luego volver con una bolsa negra. Adentro hay dos cartuchos marcas Famesa, uno para quebrar rocas duras (Emulnor 5000) y otro para semiduras (Gelatina 80). Ambos son suficientes para dos detonaciones en minería, pero también para volar accidentalmente esta pequeña tienda en completo riesgo.
– Es 12,60 (soles) – culmina la mujer. Al cambio de moneda, el costo es de tan solo 3 dólares.
Estos negocios se han vuelto verdaderos arsenales. El 10 de septiembre del 2024, agentes de la Policía Nacional detectaron 506 cartuchos Famesa en dos abarrotes de La Rinconada. Dos meses atrás, en julio, una licorería ofrecía 29 sacos y costales de ANFO, como también explosivos fabricados por Famesa. Mientras que, en octubre de 2023, Néstor Surco Alcahua fue apresado cuando encontraron en su negocio 1 toneladas en sacos de ANFO, 22 cajas de dinamita Famesa, 7 de mecha y 1 de fulminante.
En el poblado vecino a La Rinconada también es común el expendio de explosivos a vista de todos. Cerro Lunar de Oro se asienta al pie de la cordillera, y para llegar, hay que descender 10 minutos en un transporte para mineros. Roberto aquí regenta un baño público. Lunar de Oro, como La Rinconada, no cuenta con servicios básicos; lo más prioritario fue construir alcantarillados para los relaves que se precipitan violentamente desde las moliendas de zonas arriba.
Cerca al paradero del transporte, hay más de una decena de tiendas de abarrotes. Roberto envía a su amigo, un minero moledor de mineral, para demostrar que estos comercios ofrecen como si nada los explosivos. Su compañero regresa con dos dinamitas, dos metros de mecha y tres detonadores. Todo por 13 soles, todo de marca Famesa.
Entre el 2014 y 2015, el 98% de las incautaciones de explosivos en Perú habían sido de Famesa y Exsa S.A. Pero eso cambió. Ahora son solo los artículos de la primera empresa los que más se desvían con fines ilícitos. En 2023 la Policía Nacional incautó 43.3 toneladas de material explosivo en el país. De los 24 operativos que se realizaron, en la mitad se encontró algún producto de Famesa. También se decomisaron artefactos de Exsa SAC y Maxam, aunque en menores cantidades. En el 2022 ocurrió el mismo patrón, con 52,2 toneladas decomisadas.
Se contactó al área de marketing de Famesa Explosivos S.A.C. y se solicitó una entrevista. Pero hasta el cierre de esta investigación no hubo respuesta de la empresa.
El contrabando desde Bolivia no es la única fuente de abastecimiento de dinamita ilegal en Perú. Secocha es un asentamiento minero informal del distrito Mariano Nicolás Valcárcel, provincia Camaná, ubicada a cinco horas de la ciudad de Arequipa. “Víctor” llegó aquí hace siete años. Vio que la minería artesanal dejaba buenos ingresos y se quedó. “Acá hay un mercado negro para conseguir explosivos. Son dos o tres personas que te venden de manera clandestina y tú les compras sin ningún tipo de documento”, relata en su centro de molienda de oro.
Moisés evita decir el nombre del principal abastecedor en Secocha. Solo menciona que le llaman “Munra” (como el villano de un dibujo animado). “Pide cantidades al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y justifica documentalmente que tiene una labor”, explica. La Sucamec no puede autorizar la compra de dinamita sin la opinión favorable de las direcciones de Minería de los gobiernos regionales. Estas dependencias locales analizan los expedientes con los planos de voladura con que se justifica la cantidad de material que requieren sus operaciones.
Solo los mineros formales y los que están activos en el Registro Integral de Formalización Minero (REINFO) pueden adquirir estos insumos por cada seis meses de vigencia del permiso. En el país están inscritos en ese sistema 84.440 mineros, pero habilitados solo 19.749. El resto está suspendido, principalmente por no presentar el Instrumento de Gestión Ambiental de Formalización Minera (IGAFOM) o por no declarar su producción semestral.
Arequipa es la región del Perú con más inscritos en el REINFO. Tiene 16.260, pero solo 3.894 están vigentes a octubre de 2024. Aun así, menos del 10% de esos mineros solicita legalmente a la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) en Arequipa la compra de dinamita. La entidad aprobó 265 solicitudes en 2023. Mientras que la Sucamec emitió autorizaciones para la adquisición de más de 62 millones de explosivos y accesorios para la minería informal de Arequipa ese año.
Iván Prado, titular de la GREM en Arequipa, niega que haya un acaparamiento en la adquisición de explosivos para desviarlos al mercado negro. “Es imposible”, responde. Resalta que el 90% de requerimientos son devueltos a los mineros para que corrijan sus expedientes. “Si tienes una labor pequeña, ¿por qué me pides una cantidad más allá del 100% que necesitas? Lo que hacemos es evitar (observando el trámite) que los explosivos vayan al mercado negro”, añade. Sin embargo, existen casos que demuestran que algo no cierra en el negocio ilícito: diversas personas jurídicas y naturales presentan solicitudes para un mismo derecho minero. Es el caso de Posco, ubicado en Secocha, para el que 41 mineros presentaron solicitudes en 2023 por un total de 21 millones de unidades. Prado indica que no tienen facultades para verificar los saldos de dinamita de los expedientes.
Otra parte de los desvíos se da en los traslados, sostiene la Sucamec. “No llega a su destino final o lugar de almacenaje (polvorines)”, advirtieron ante la consulta para esta investigación. El vehículo autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para trasladar insumos peligrosos no permite identificar qué se transporta, ni horario ni fecha de llegada a su destino. La entidad añadió que está estableciendo estrategias de control con la identificación de los conductores y agentes policiales que custodian el desplazamiento.
No es poca la cantidad de explosivos que mueve esta industria al interior del Perú. En 2023, desde las fábricas se movilizaron 4.769 millones de artefactos a diferentes polvorines. El 75% tuvo como origen las fábricas de Famesa. En 2022 fue mayor el desplazamiento: 5.993 millones de unidades.
Debido a esto, la Sucamec coteja cuánto explosivo sobra en los polvorines de Arequipa, entre ellos a los que tienen material para mineros en procesos de formalización. Además, instalará mesas de trabajo para analizar propuestas, como un sistema de rastreo al transporte de explosivos. “Los trámites para adquirir y transportar deben necesariamente ser rigurosos. Se está trabajando con cooperación internacional para acceder a tecnología que nos permita un mejor control”, detalló el alto comisionado de la PCM, Rodolfo García Esquerre.
“La mayoría de mineros artesanales compran de gente que solicita legalmente los explosivos… Es toda una mafia”, asegura Máximo Franco Becker, presidente de la Federación de Pequeños Productores Mineros y Artesanales de Arequipa. Acusa que adquirir explosivos es engorroso, porque el trámite dura meses, y que tiene un alto costo. Cada compra cuesta unos 15.000 soles, que, al cambio de moneda, equivalen a 3.900 dólares. Los gastos se reparten en la elaboración de los planos de voladura, el alquiler del polvorín y el traslado, además del derecho a trámite ante la Sucamec. “Mejor llamo por teléfono y en minutos los explosivos están en la puerta de mi casa”, concluye el dirigente con una sonrisa irónica.
Para César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal, el tráfico de estos dispositivos ha sido poco atendido: “La incapacidad del gobierno central es tremenda y se replica en los gobiernos regionales que no tienen presupuesto, ni mecanismos para fiscalizar y sancionar”. El especialista remarcó que se intentó castigar a los mineros informales suspendidos con tenencia ilegal de explosivos, expulsándolos del sistema de formalización. Sin embargo, el Congreso boicoteó la medida derogando en marzo del 2024 el Decreto Legislativo N°1607.
Mucho menos hay sanciones para suplantadores. Cuatro kilómetros arriba del punto de molienda de oro de Moisés trabaja Hernán Chávez, un minero artesanal de Secocha que se dedica a pallaquear, es decir a buscar oro en los restos de piedras que abandonan las operaciones mineras prendidas de las laderas de los cerros. Para llegar allí, los mineros trepan camionetas que muchas veces cargan ANFO o cajas de dinamita.
Chávez señala que nunca compró explosivos. Aun así, para la GREM y la Sucamec, él en 2023 adquirió 7.500 kilos de dinamita y 200.000 metros de mecha por un valor de 100.000 dólares. El minero denunció la falsificación de su firma y huellas digitales ante el Ministerio Público. Está seguro de que la carga tenía intenciones de abastecer la producción de la minería ilegal. “No solo me han perjudicado a mí, sino a varios”, reclama.
La única solución para todo esto, a decir del dirigente Máximo Franco Becker, es liberar la venta y puntos de comercio en las zonas mineras de todo material explosivo. “Así todo el mundo tendrá acceso a la comercialización. Lo que sucede es que los únicos que comercializan son los que fabrican. Ahí hay un monopolio”, sostuvo.
