Las personas con discapacidad que llegaron desde Venezuela a Bolivia enfrentan un camino pedregoso para poder atender sus necesidades de salud dentro de un sistema de apenas dos años de existencia que plantea retos semejantes a la ciudadanía boliviana.

El sacerdote Freddy Quilo señala en un mapa la ruta de los migrantes venezolanos hacia Bolivia.

Cuerpos helados o descompensados por el frío y la altura del altiplano; estómagos con desnutrición severa por la falta de comida; pies ampollados por extenuantes recorridos terrestres. El sacerdote Freddy Quilo, director del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), ha visto todo eso entre las oleadas de venezolanas y venezolanos que han viajado casi 5.800 kilómetros desde su país hasta Bolivia.

El sacerdote, sin embargo, califica de “vulnerables entre los vulnerables” a algunos de ellos. “Son las personas con discapacidad”, dice el religioso. Quilo habla para este trabajo en las oficinas del SJM en El Alto, ciudad que constituye una encrucijada prácticamente obligada para quienes llegan o se marchan del territorio boliviano. Desde allí les ha brindado asistencia con su equipo, mientras van en grupo o apoyados por terceros para desplazarse. “Les ha tocado lo más duro de la migración, porque no pueden valerse por sí mismos”.

Una encuesta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) proyectó en 2021 que al menos 1,5 por ciento del total de quienes migran desde Venezuela a Bolivia presentan alguna condición de discapacidad sensorial o motora. No constituyen una mayoría entre las casi 19.000 personas con ese origen que están en el país, pero encarnan una de las facetas más complejas de la migración venezolana que se ha diseminado por el continente y el territorio boliviano en el último lustro.

Solo tres de cada diez migrantes de procedencia venezolana permanecen en Bolivia, que ha servido principalmente como un territorio de tránsito, según datos del SJM. De paso o no, muchos viajan con la expectativa de encontrar asistencia para sobrellevar condiciones de salud que consideran no son atendidas en Venezuela, ante la falta de médicos, la escasez o los elevados costos de las medicinas y el colapso de la salud pública. Todo, en el contexto de la crisis humanitaria más grave de la región según la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), caracterizada por la hiperinflación más alta del mundo y la salida de más de 4,9 millones de individuos que buscan horizontes en el continente.

Un mapa de Venezuela cuelga en las oficinas del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en la ciudad de El Alto.

En Bolivia, sin embargo, los migrantes venezolanos con discapacidades enfrentan obstáculos cotidianos para lograr la asistencia que persiguen. Desde septiembre pasado, el Estado boliviano facilitó la adscripción de extranjeros al Sistema Único de Salud (SUS), un servicio público creado en 2019 y que atraviesa dificultades por la falta de infraestructura, tecnología, médicos y fármacos.

La atención aprobada está dirigida específicamente a grupos vulnerables de migrantes: no solo personas con discapacidad, sino niños y niñas menores de cinco años, adultos mayores de 60 años y mujeres durante su embarazo, hasta seis meses después del parto o en necesidad de atención sexual y reproductiva.

La medida no ha logrado en la práctica su cometido de garantizar la atención plena, de acuerdo con fuentes consultadas para este trabajo. La ignorancia de los funcionarios con respecto a la obligación de atender a los extranjeros y la condición de que se les brinde servicio solo a quienes tienen documentación en regla se han convertido en obstáculos prácticos, en especial porque 65 por ciento de los venezolanos tiene estatus migratorio irregular de acuerdo con la OIM. Voceros del SUS, no obstante, consideran que se trata de un proceso que irá mejorando con el tiempo.

Pese al grado de vulnerabilidad, en Bolivia la política oficial es la de no conceder estatus de refugiado a ningún venezolano o venezolana, como confirmó Claudia Barrionuevo, directora de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) a este equipo. “Son migrantes económicos”, dijo y descartó que en Venezuela exista emergencia humanitaria alguna. La posibilidad de afiliarse al SUS y las medidas de regularización general, con amnistías económicas parciales para quienes están irregulares, son consideradas las alternativas suficientes.

Mientras eso ocurre, organizaciones de la sociedad civil como el SJM se ocupan de atender con los recursos disponibles, en algunos casos a través de convenios con instituciones privadas de salud, las necesidades urgentes de los migrantes. “Pese a los esfuerzos, tenemos problemas en ayudar básicamente en el tema de las especialidades, es una de las mayores limitantes que tenemos, sobre todo si se trata de una enfermedad grave”, señala el subdirector de la Fundación, Munasin Kullakita, Ariel Ramirez.

UNA EXPULSIÓN FORZADA

Las circunstancias existentes en Venezuela impiden una “vida plena” para las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas y agudas. Esa fue una de las conclusiones a las que llegó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de acuerdo con un informe que publicó en 2020. La población con discapacidad representa en 2020 en Venezuela un aproximado de 1,6 millones de personas equivalentes a casi 5 por ciento de la población, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE) basadas en el censo más reciente, de 2011, ejecutado cuando lo peor de la migración no sucedía.

Proyecciones realizadas en 2018 por ACNUR establecen que al menos 11.648 y 24.000 personas con discapacidad salieron de Venezuela con rumbo a Colombia y Perú, respectivamente. En Bolivia, basado en la lógica de la encuesta realizada por OIM, serían no menos de 285 que estarían dentro del grupo con posibilidad de adscribirse y recibir atención directa en los centros del SUS.

El SUS se creó hace dos años y medio con la directiva de que atendiera gratuitamente no solo a la población local sino a migrantes, pero eso no sucedió hasta el presente después de un 2020 de cero prestaciones a migrantes vulnerables, en el contexto de la cuarentena rígida ocasionada por el Covid-19. Retomar la promesa original fue parte de la acción del Estado para honrar el Pacto Mundial de Migraciones que incorpora la temática de la salud. Desde hace dos meses, la OIM y ACNUR junto con el gobierno iniciaron la campaña de registro de migrantes vulnerables al servicio gratuito.

Como resultado de la campaña, el SUS llegó a beneficiar a 5.304 personas, entre migrantes nacionales y externos, de los cuales 1.078 fueron venezolanos. En declaraciones públicas de septiembre pasado, Alejandra Hidalgo, viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, se mostró complacida de las 2.000 adscripciones de extranjeros logradas en la campaña: “Estamos llegando a proteger a una buena parte de la población migrante que también está en estado vulnerable. Vamos a ir complementando con actividades para llegar a un mayor número, es un compromiso que hemos asumido”.

Sin embargo, a pesar de estar inscritos en el SUS, muchas personas de nacionalidad venezolana, con o sin discapacidad, dieron a conocer que no son atendidas en los centros públicos de salud principalmente por la falta de conocimiento de funcionarios que alegan que los extranjeros no deben acceder al seguro público gratuito.

Omayrú Hernández, representante del Equipo Solidario Venezuela, institución de ayuda conformada por migrantes del país caribeño que funciona desde 2019, en Bolivia, considera que más que tratarse de un acto de xenofobia deliberada, lo que existe es desconocimiento de los funcionarios. “Parece que no fuera una política de salud enterarse de las leyes vigentes”, expresa la activista.

Bolívares venezolanos cuelgan junto a comunicados de igualdad e información a migrantes en la cartelera de la oficina del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en El Alto.

La Constitución Política de Bolivia además garantiza la universalidad de la salud. “El migrante tiene todos los derechos y todas las obligaciones que emanan de la constitución. Además, cuenta con la protección de la normativa internacional”, insiste Horacio Calle, jefe de la oficina de la OIM Bolivia. “Toda persona que tiene su regularización migratoria puede acceder al SUS. En el caso de esta campaña hemos privilegiado especificamente a grupos de alta vulnerabilidad. Pero incluso estos grupos vulnerables pueden acceder independientemente de su situación migratoria”, apunta el funcionario.

Los rechazos desmotivan a los pacientes que deben sumar el peso de ser extranjeros a su condición de discapacidad. Si logran la atención, es probable que se encuentren con farmacias desabastecidas para acceder a los medicamentos gratuitos y tengan que comprar en la calle, si es que tienen dinero dado la falta de empleo que incide en la comunidad o de acceso a ayudas sociales estatales para las personas con discapacidad, que priorizan a los nacionales exclusivamente. A todo se suma la calidad del trato médico que ha sido cuestionada incluso por los propios bolivianos.

Así les sucedió a personas cuyas historias fueron documentadas para este trabajo. Carlos no pudo comprar la receta de fármacos especializados para su hipertensión y diabetes. Priorizó la comida y la renta. Deysi tuvo problemas para hacer atender a su hijo de seis años –con cuadro sicomotor severo– cuando se rompió la frente con una caída. En el hospital público de segundo nivel le exigían el documento de identidad del niño. No tiene. No lo atenderían. Deysi esperó varias horas con el niño ensangrentado. La médica de turno le dijo que lo atenderá solo si paga todos los costos.

No es algo aislado. El estudio “Discapacidad y Movilidad Humana” del ACNUR y RIADIS (Red Latinoamerica de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias) publicado en abril de este año señala que en general las personas migrantes con discapacidad sufren una “doble discriminación” por ser extranjeras y con discapacidad, hecho que más ocurre en el caso de niños.

Pese a todo, Omayrú Hernández no deja de saludar la importancia de la medida del Estado boliviano. Considera que a pesar de las limitaciones del SUS, la posibilidad de recibir atención en el sistema representa un avance importante para los migrantes más vulnerables que antes no accedían a nada. “Es muy importante saber que existen iniciativas coordinadas para crear marcos legales dirigidos a la universalidad del derecho a la salud. Hoy muchos migrantes que están en condiciones vulnerables están siendo atendidos por el SUS, no se llega a un término óptimo como se esperaría, pero hay que dejar en claro que hay bolivianos que tampoco pueden acceder a ese tipo de apoyo como deberían”, reflexiona.

UNA REALIDAD DE MAYOR ALCANCE

Las personas con discapacidad en Bolivia también cargan su propia corona de espinas. Son casi 96.000, de acuerdo con datos del Registro Único Nacional de la Persona con Discapacidad y del Instituto Boliviano de la Ceguera. Según esas estadísticas 66 por ciento, es decir, dos tercios, tiene discapacidades consideradas graves o muy graves. En un informe del año 2019 la Defensoría del Pueblo señaló que el Estado boliviano ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de la población con discapacidad, pero aún existen demandas en diferentes frentes como el de las fuentes laborales dignas, la educación inclusiva en todos los niveles y el acceso a la salud con trato preferente.

En un sentido semejante apuntó en 2016 el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Entonces expresó su preocupación por varios temas: la inexistencia de protocolos de atención, la ausencia de equipo y facilidades para accesibilidad en instalaciones físicas, la ausencia de entornos del uso de lengua de señas, la falta de capacitación del personal de salud acerca de los derechos que asisten a esa población vulnerable, la persistencia de gestos de la discriminación al negarles parcial o totalmente los servicios y tratamientos médicos; y la falta de políticas concretas para prevenir la aparición secundaria de nuevas discapacidades o el agravamiento de las ya existentes en personas con algún padecimiento previo.

El SUS apunta a responder otras inquietudes manifestadas entonces por el comité con respecto a la atención universal en salud. Pero, Edwin Soto, especialista en temas de discapacidad, afirma que el Estado tiene cuatro años en deuda. “En el tema salud no tenemos la accesibilidad como debería ser y señala la Constitución. Si vamos a los centros de salud prácticamente las personas tienen que esperar y los médicos y enfermeras no están capacitados”. Para el especialista, prima aún una visión asistencialista. “Seguimos viendo a las personas con discapacidad como pobrecitas o inútiles, porque prácticamente no se los involucra dentro de estas políticas y normativas y se requieren justamente de planes y proyectos de largo plazo”.

Carlos Mariaca Álvarez, exdirigente de la Confederación Boliviana de la Persona con Discapacidad, corrobora el punto: refiere que toda la normativa que consiguieron a favor de la comunidad fue gracias a protestas y medidas de presión. “Sin embargo, lamentablemente las leyes solo tienen valor nominal y luchamos permanentemente para que el Estado y la sociedad nos acepten como personas sujetas de derechos y no nos vean desde una óptica paternalista y con prejuicios lacerantes que nos devalúan”.

La solución del SUS para Mariaca Álvarez es insuficiente en su criterio. “Nos metieron en una bolsa que es muy básica para las necesidades de las personas con discapacidad que requieren atención constante”. Ellos al igual que los demás asegurados, deben asumir todo el proceso burocrático sin excepción para proveerse de atención especializada: “Cuando ya tenemos una deficiencia debemos estar en constante atención, rehabilitación, terapias, todo, entonces por qué cada vez que necesitamos ir al médico tenemos que ir por grados: primero a una posta sanitaria, de la posta al hospital y del hospital al especialista ¡¡¡miércoles!!! Eso no solo involucra una burocracia, involucra gastos, tiempo, porque nosotros no vamos solos, vamos con familiares y a veces nos toma tres a cuatro días llegar finalmente al especialista”. Es una carrera de obstáculos, para lograr algo que debería ser más directo.

LA AYUDA DE LA SOCIEDAD

Los resquicios dejados por el Estado Boliviano son llenados por organizaciones de la sociedad civil con recursos limitados. El Equipo Solidario Venezuela, con sede en Santa Cruz, es una de esas instituciones que asiste con ayuda humanitaria a sus compatriotas y a la población en general.

Omayrú Hernández afirma que las actividades del equipo han impactado desde 2019 a más de 2.500 personas, con un alto porcentaje en migrantes venezolanos, así como de otros grupos de la población en condiciones de vulnerabilidad. Desde entonces, la institución ha atendido aproximadamente a 350 personas con discapacidad permanente o temporal: 45 por ciento con discapacidad física; 40 por ciento con discapacidad sensorial; y 15 por ciento con discapacidad intelectual.

Organizaciones como el Servicio Jesuita a Migrantes, la Fundación Scalabrini, Munasin Kullakita y Cáritas también aportan en el mismo sentido. Están entre los primeros en recibir a los migrantes y socorrerlos con atención médica general, albergue, comida, abrigo y asesoría jurídica por un tiempo limitado. También destinan pequeños proyectos de emprendimiento para quienes deciden quedarse en Bolivia.

La atención otorgada por estas instituciones se enfoca principalmente en medicina general, con algunas excepciones en atención especializada mediante convenios con instituciones y centros de salud. En casos de emergencia y que requieren mayor intervención, organizaciones como Visión Mundial y Unicef prestan cooperación. Pero son casos puntuales. Hay quienes quedan fuera.

Bolivia deberá desplegar mayores esfuerzos para atender a los migrantes que además de carencias llegan al país cargados de habilidades y saberes y representan una oportunidad de integración y de aporte al país de destino como al de origen.

La presidenta de la Comisión Nacional de Refugiados admitió que la institución no reconoce que exista crisis humanitaria en Venezuela y que deba aplicarse en su caso la Declaración de Cartagena, instrumento que permitiría brindar protección internacional a miles de venezolanos y venezolanas que han abandonado su país. Las implicaciones de esa postura son analizadas por organizaciones multilaterales y no gubernamentales.

El día cuando Edgar -nombre cambiado para mantener su anonimato- ingresó a Bolivia una madrugada de agosto, junto a su esposa y dos hijos, sintió un leve alivio en el pecho. Buscaba la seguridad que su país no le podía brindar.

Compañeros de armas le seguían los pasos en su natal Venezuela, luego de que no regresó a su unidad tras salir de permiso por una semana. Desertó de la Guardia Nacional Bolivariana y fue acusado por traición a la patria.

Edgar estaba fatigado de las largas jornadas de servicio, que se hacían meses sin ver a su familia, de la corrupción y de las “órdenes abusivas” de sus superiores que implicaban el uso de métodos al margen de la ley para “arrancar confesiones” a sospechosos de un crimen.

Tras estar dos meses clandestino en un área rural, un viernes por la noche abandonó el país junto a su familia, con lo que tenían puesto para no levantar sospechas: cruzó por la región del Arauca, rumbo a Colombia. Su nombre y su foto ya no figuraban en la base de datos de su unidad. Era un civil más. Compañeros de promoción le alertaron que la orden no era solo detenerlo. “Mejor sal del país”, le dijeron.

En Bogotá vendió golosinas para cubrir la alimentación diaria, aunque no faltaron personas caritativas que les proveyeron de abrigo y dinero para el alojamiento. Cruzaron Ecuador en bus en un día gracias a la ayuda de una fundación. Recorrieron la costa peruana hasta Arequipa, en partes a pie y otros en carro. El tramo más dramático fue por los andes hasta llegar a Desaguadero, en la frontera de Perú con Bolivia, que se ha convertido en la mayor ruta de acceso a territorio boliviano.

El frío crudo de invierno y la altura cercana a los 4.000 metros impactó en la salud y el estado emocional de la familia, sobre todo en los niños que se vieron fuertemente afectados, ese sábado a las cuatro de la madrugada cuando cruzaron la frontera hacia Bolivia. Por esa situación, la familia, con destino inicial a Paraguay, optó por quedarse en el país mediterráneo.

Edgar presentó una su solicitud de refugio a la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) en Bolivia con los descargos para demostrar que su vida y la de su familia corren peligro en su lugar de origen. Por ahora dispone de una visa transitoria hasta que se resuelva su situación.

Es optimista de que pueda recibir una noticia afirmativa, pero no le favorecen las estadísticas ni la orientación de la política migratoria del gobierno del presidente Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS). Durante la gestión, que inició en noviembre de 2020, no se ha concedido ni una solicitud de refugio para alguien de nacionalidad venezolana. La postura negativa coincide con la que existió durante los 13 años de gobierno de Evo Morales, líder del mismo partido. En sus tres mandatos, tampoco se aprobó petición alguna de solicitante que haya procedido de Venezuela.

Solo el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que tuvo lugar entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, implicó una excepción. En ese período fueron aprobadas 253 peticiones de refugio, de las cuales 242 fueron para miembros de la comunidad venezolana. La gobernante consideró que ese país atravesaba una crisis humanitaria que justificaba otorgar protección internacional a los solicitantes, tal como lo había recomendado en 2019 la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).

La postura de la actual gestión se hizo explícita, como no había ocurrido en el caso de las de Morales, en una entrevista concedida por Claudia Barrionuevo, presidenta de la Conare, para este trabajo. “Como Gobierno, no aplicamos la Declaración de Cartagena en el caso venezolano, es una política de Estado”, dijo la funcionaria, quien además afirmó que no reconoce una crisis humanitaria en Venezuela y que quienes han abandonado esa nación son esencialmente “migrantes económicos”.

La Declaración de Cartagena, firmada en la ciudad colombiana en 1986, señala que deben ser considerados refugiados quienes huyen de su país porque su vida, seguridad o libertad están bajo amenaza por “la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. A pesar de que no es vinculante, la mayoría de los países en América Latina, incluido Bolivia, la incorporaron en sus normativas internas sobre el refugio.

La declaración amplió los matices del concepto de establecidos en instrumentos precedentes como la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, que aluden principalmente a las personas que corren peligro en su lugar de origen por “motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos social u opiniones políticas”, coordenadas que tampoco han llevado a aprobar petición alguna en los gobiernos del MAS. “Siempre cabe la posibilidad de que algún ciudadano venezolano solicite y califique como refugiado”, expresa Barrionuevo para matizar sus palabras.

ACNUR ha insistido en que los supuestos de la Declaración de Cartagena se cumplen con nitidez en el caso venezolano. La institución multilateral ya catalogó la de Venezuela como la “mayor crisis humanitaria de la región”. La inflación más alta del mundo, un sistema de salud pública colapsado, crímenes de organismos oficiales bajo la lupa de la Corte Penal Internacional se han combinado, entre otras variables, para expulsar a más de 6 millones de personas.

Para Nicolás Maduro y sus partidarios la situación ha sido incubada por las sanciones de Estados Unidos, a las que denuncia como un bloqueo. Una perspectiva semejante es la que maneja Barrionuevo que desde la Conare afirmó en la entrevista que la migración venezolana ha sido resultado “de un bloqueo terrible que está viviendo ese país desde hace varios años”. “Cualquier elemento que signifique bloqueo a un Estado para que su sociedad entre en crisis no es algo que vamos a compartir”, afirmó. “Nosotros no podemos atacar a un Estado y promocionar eso”, añadió en referencia al término crisis humanitaria.

Las afinidades entre los gobiernos de Caracas y La Paz tienen antecedentes en el acuerdo estratégico que crearon el fallecido Hugo Chávez y Evo Morales y que sus sucesores mantuvieron, en el presente Maduro y Arce, a través de la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Las relaciones supusieron, entre otras cosas, financiamiento de programas sociales en Bolivia en los días del auge petrolero que favoreció a Chávez y se proyectan al presente con el control del gobierno de Maduro de millonarios activos bancarios y agroindustriales.

DERECHO A LA PROTECCIÓN

“La posición de nuestra oficina es que las personas que abandonan Venezuela lo hacen por razones que están ligadas a necesidades de protección internacional”, dijo para este trabajo Juan Carlos Murillo, representante regional de ACNUR. “El otorgamiento del refugio es un acto pacífico, humanitario, que no debe generar tensión entre Estados”, añadió el vocero, quien considera que la aprobación de solicitudes debe estar precedida de análisis técnicos y no políticos y deben ser resultado de una política de Estado. “Es el reconocimiento de la condición de refugiado, independientemente de la nacionalidad de las personas, independientemente de la administración”.

Para Murillo hay un ejemplo regional: México. Su gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tiene afinidades ideológicas y políticas con Maduro. “Sin embargo el 99% de las personas venezolanas que solicitan la condición de refugiados en ese país son reconocidas bajo la Declaración de Cartagena”, explica.

“La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) distingue claramente entre lo que es una posición política del país de lo que es un análisis técnico con respecto de que si existen o no necesidades de protección (…) Es posible hacer esa distinción sin necesidad de referirse a lo que está sucediendo al interior de Venezuela o sin necesidad de asumir una posición política con respecto a Venezuela”.

Un segundo ejemplo citado por Murillo involucró a funcionarios del gobierno de Evo Morales, cuando renunció en noviembre de 2019 entre protestas, acusaciones de promover un fraude para reelegirse y las presiones militares para que se apartase del poder. En ese contexto, el gobierno argentino de Mauricio Macri, ubicado en la antípoda ideológica del MAS, aceptó dar refugio al ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la ministra de Planificación, Mariana Prado, quienes fueron acogidos en la embajada argentina en La Paz. Otros funcionarios de bajo rango salieron rumbo a Argentina en busca de refugio.

“De la misma forma que Argentina reconoció refugiados bolivianos, Bolivia igualmente puede reconocer refugiados venezolanos si lo estima conforme a su análisis jurídico (…), por ello se trata de un análisis estrictamente técnico jurídico y no de posicionamiento político”, enfatiza Murillo.

Con la llegada de Jeanine Áñez al poder, después de la salida de Evo Morales, el gobierno boliviano dio un giro temporal. Con apenas un mes de ejercicio, la canciller Karen Longaric confirmó que se había decidido aprobar una lista de más de dos centenares de solicitudes de refugio que le había facilitado directamente ACNUR. La mayoría de las personas tenía dos años esperando respuesta de Conare.

Para Barrionuevo, ello no fue más que un “manejo político grosero” entre la agencia de la ONU y el gobierno de Áñez, a quien considera una figura que validó un golpe de Estado contra Evo Morales. “No es un tema de animadversión contra los migrantes venezolanos (…) Más allá de amores y odios, hay que proteger la institución del refugio”.

La presidenta del Conare recurre a un argumento para alegar que las personas de Venezuela son principalmente migrantes económicos: afirma que de las 242 peticiones aprobadas en 2020 para refugio, hay 137 solicitantes que hasta la fecha no recogen su documento de certificación y no se sabe dónde están. Ello demuestra, según su razonamiento, que solo buscaban aprovechar esta condición mientras estuvieran en Bolivia, un país principalmente usado como escala temporal por la migración venezolana. La funcionaria no cree que hayan debido apostar por otros horizontes precisamente por la tardanza que tuvo Conare de responder las solicitudes.

Activistas de la comunidad venezolana opinan que el Estado boliviano podría tener una perspectiva más realista de la situación si sus funcionarios asumieran que existe una crisis humanitaria en Venezuela. “Implica un gran paso para dar acogida a cualquier migrante, porque ya veríamos la migración de una manera más amplia, más real y quizá hasta más humana”, dice Omayrú Hernández, del Equipo Solidario Venezuela, una ONG con sede en la ciudad oriental de Santa Cruz. “Solicitar refugio es apegarse a convenios internacionales y a una ley que existe en Bolivia”, añade la vocera de la institución.

Sin embargo, el trámite es especialmente cuesta arriba para venezolanos y venezolanas, según fuentes consultadas para este trabajo que indican que la Conare pone trabas a la recepción de las cartas de petición de refugio. “Ha pasado que no han querido recibirlas. En realidad, ya desde la ventanilla les han rechazado, ni siquiera la han analizado y le rechazaron la nota”, dice Ariel Ramírez, subdirector de la Fundación Munasin Kullakita que ofrece asesoría legal a los migrantes que expresan su interés por solicitar refugio. Por estas negativas, refiere, muchos migrantes prefieren no enviar cartas porque “ya saben que directamente les van a rechazar y prefieren ver otras opciones”.

Lo dicho es corroborado por Alexandra Miranda, coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana de Cáritas Bolivia, otra entidad que entre sus prioridades tiene la atención a migrantes. “Actualmente no hay mucho problema e inconveniente para las personas que vienen de otras nacionalidades, pero sí para la población venezolana está siendo un poco difícil presentar sus cartas a la Conare”.

La posición del Estado resulta perjudicial para la situación migratoria de la población venezolana y acarrea mayor informalidad, irregularidad y vulnerabilidad, según el subdirector de Mullasin Kullakita. “Los expone a sufrir distintas situaciones de exclusión, a ser víctimas de cualquier tipo de delitos, a delinquir o a ser objeto de explotación laboral o sexual para generar recursos”.

El representante de la Fundación Scalabrini, Ildo Griz, matiza al afirmar que más allá del no reconocimiento de la crisis humanitaria no ha impedido esfuerzos para facilitar la integración. “Está la visa con amnistía para la regularización migratoria, el acceso a servicios públicos, especialmente de salud, a la educación de los niñas y niñas en los colegios públicos”. La dimensión reducida de la población venezolana hace que no representen una carga especialmente pesada.

UNA CARA REGULARIZACIÓN

Ariel Ramírez opina que el mayor problema de la población venezolana migrante es la falta de documentación. Según la proyección de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para 2021, en Bolivia hay 18.940 migrantes venezolanos: 65 por ciento se encuentra en situación irregular. Más allá de las negativas a otorgar refugios, el gobierno de Arce ha tomado otras medidas que apuntan a resolver el problema de la regularización.

El instrumento básico para lograrlo es el Decreto Supremo 4576 emitido el 25 de agosto de 2021. Según Barrionuevo, su emisión hizo desplomar el número de peticiones de refugio que pasaron de ser 926 el año pasado a 40 hasta octubre de este año. “Demuestra que es un problema de regularización”, señala más allá de las pistas que indican que la cifra también es por una política de desestímulo de Conare a las solicitudes.

El decreto abrió una compuerta de regularización excepcional a través de la eliminación de algunos requisitos y la reducción del costo hasta un 50 por ciento a las personas extranjeras que ingresaron al país hasta un día antes de la emisión de la norma. El gobierno estima beneficiar a unas 3.500 personas. La medida es saludada por Omayrú Hernández, que admite que la eliminación de cobro de multas y los costos arancelarios bajos ayudan.

Sin embargo, la activista recordó que la comunidad venezolana está expuesta a dificultades singulares asociadas a la situación de su país de origen. “Hay entretelones que para cualquier otro extranjero no deberían presentar mayor problema, pero para el venezolano sí por la complejidad de las instituciones en Venezuela”.

Aparte de los pagos contemplados en el Decreto Supremo están los que se deben hacer para cumplir los requisitos. Legalizar una partida de nacimiento de un niño o una niña en Venezuela puede costar 80 dólares sin contar el envío que es de 50 más, dice Hernández. Y apostillar el documento en la embajada venezolana en La Paz cuesta 50 dólares, aunque para los niños es gratuito. Sacar el pasaporte venezolano en la sede diplomática cuesta 200 dólares y si es una renovación son 100 dólares. El trámite no depende siquiera de la embajada en Bolivia, sino de la oficina nacional de extranjería en Venezuela, institución que tiene procesos muy engorrosos y que toman tiempo.

En Bolivia, cumplir con otros requisitos como el de la certificación de Interpol parecen sencillos, pero resultan complicados. “Piden un contrato de arrendamiento del lugar donde habitas y por lo general quien arrienda se niega a dar un contrato de alquiler. Solicitan además la copia de la cédula de identidad del dueño y que todo esté notariado, lo cual es muy difícil”, repasa la vocera de la ONG.

Otros problemas se presentan en las instituciones de donde se deben obtener los requisitos. La mayoría, a diferencia de la Dirección General de Migración, no acepta los documentos vencidos. “Si no tienes un documento vigente para tramitar estos requisitos, no lo logras”.

En esas condiciones, dice, tomando en cuenta los requisitos que deben ser pedidos tanto en Venezuela como en Bolivia, estima que de unas 100 familias que quieren regularizarse, solo 4 ó 5 cuentan con todos los documentos para acceder al decreto sobre todo si tienen niños y quieren regularizarlos. “Cumplir el decreto no es tan fácil como se ve”, concluye la integrante de Equipo Venezuela.

UN PERFIL CAMBIANTE

La Organización Internacional de Migraciones (OIM) cree que Bolivia cambia su perfil con respecto a la migración venezolana: “Se constituye ya en un país de destino y no en un país de tránsito de la migración, solamente”. Omayrú Hernández coincide que la comunidad venezolana ha ido aumentando. La xenofobia y los conflictos políticos en países de la región han empujado a más personas al territorio boliviano. Además, la cuarentena rígida del año pasado por el Covid 19 hizo que otras decidieran quedarse.

Los que permanecen se dirigen principalmente a La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, por las oportunidades de empleo. Los que siguen se dirigen fundamentalmente a Chile a través de Pisiga. Desde allí cruzan la frontera utilizando pasos no autorizados, a menudo guiados por traficantes de personas.

El experto en temas migratorios, Alfonso Hinojosa, identifica que Bolivia, como muchos países de la región, aplica una lógica de seguridad nacional. “Pero no solo hay que discutir sino operacionalizar la idea de que a los migrantes les asisten derechos y si están en tránsito igual”. Dijo además que la actual normativa no alcanza para atender el fenómeno migratorio complejo y las autoridades prefieren ver a un costado, sobre todo a los que van de paso.

El arribo de migrantes venezolanos a Bolivia continúa en ascenso, ya no solo como región de paso, sino como país de destino con las condiciones de seguridad y oportunidades para quedarse, y retomar sus vidas que en su tierra natal se fueron acabando.