Mayaya, comunidad donde los cooperativistas entregan combustible a las empresas chinas. Foto: ANF
La Paz, 20 junio (ANF).- La presencia de gigantes dragas chinas y colombianas en la explotación del oro en los ríos Kaka y Beni del departamento de La Paz ha generado indignación en los municipios de Teoponte y Guanay, además del anuncio de peticiones de informe oral ante el Senado por parte de la oposición. Al respecto, el ministro de Minería, César Navarro dijo que el Gobierno está en fase de saneamiento, y que a la fecha se revirtieron a nivel nacional 400 áreas.
“Ya hemos hecho varias verificaciones, hay detenidos, hay denuncias. Y parte de este proceso es que hemos revertido cerca de 400 áreas en todo el país (…). Estamos trabajando concesiones otorgadas en décadas y de hecho hemos saneado, estamos respetando los derechos preconstituidos de los actores mineros”, señaló tras participar de la reunión del gabinete.
Dijo que aquellas cuadrículas que no cuenten con la titularidad del derecho minero serán revertidas (…). Sin embargo no precisó qué sucederá con aquellos casos en los que las cooperativas mineras que cuentan con la titularidad del derecho minero terminan entregando a los capitales extranjeros sus áreas de explotación minera, tal como sucede en Teoponte y Guanay.
“Es parte de la verificación de todas las áreas en Pando, Beni y norte de La Paz; acciones estatales que debemos tomar, para ello son las inspecciones periódicas que se están haciendo desde la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que está haciendo el Servicio Geológico Minero (Sergeomin) en coordinación con la Gobernación y los municipios (…), es un proceso, no es de un día”, dijo.
Una investigación periodística de ANF reveló que las cooperativas auríferas que cuentan con derechos mineros sobre los ríos Kaka y Beni entregaron a empresas chinas y colombianas sus áreas de explotación. Las foráneas garantizan gigantes dragas, tecnología y maquinarias y se llevan entre el 70 y 80% de las ganancias, mientras que los titulares garantizan el combustible subvencionado para que operen los “dragones”.
Al respecto, el especialista y asesor jurídico en temas mineros, Ramiro Paredes señaló que sólo tres a cuatro cooperativas que pertenecen a la Federación Regional La Paz de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), que explotan oro en los ríos Kaka y Beni, cuentan con contratos con empresas chinas. Sin embargo defendió la legalidad de sus alianzas, en el marco de “contratos de servicios”.
En una carta firmada el 11 de julio de 2017, el director de la AJAM, Erik Ariñez en respuesta a la solicitud de informe del Ministerio de Minería señala: “la AJAM no suscribió ningún contrato administrativo minero con empresas de nacionalidad china”, lo cual demuestra que la presencia china se debe a sus alianzas directas con las cooperativas.
Sin embargo en el mismo detalle de la AJAM sobre las autorizaciones transitorias especiales por cuadrículas antes conocidas como “concesiones”, figura Jin Kang como actor productivo minero de las áreas Amalia y Oriente II por un total de 19 cuadrículas. Cada cuadrícula mide 25 hectáreas.
En una búsqueda en Internet, se puede apreciar que Jin Kang es una empresa minera con sede en la ciudad de Cochabamba y especializada en prospeccion, exploración, explotación, concentración, fundición, comercialización y exportación de minerales y metales e importación de maquinaria. Cuenta con la matrícula de comercio no actualizada 00178407.
En el informe de la AJAM se establece que en Teoponte se emitieron cuatro autorizaciones transitorias especiales por pertenencias (ex concesiones), 29 autorizaciones transitorias especiales por cuadrícula, 52 contratos mineros que datan de antes de la Ley 535, 13 áreas mineras en trámite, un área en trámite administrativo en aplicación a la ley 403, y cuatro áreas reservadas para el Estado.
No sólo eso, la circular 0002/2018 del 5 de abril de 2018 de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) advierte a sus afiliados que 327 cooperativas auríferas que operan en el departamento de La Paz no presentaron su documentación ante la AJAM para su control y fiscalización, mientras que otras 142 presentaron de manera parcial, aun así operan.
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