La Paz, 9 abril (ANF).- El Gobierno anunció la reversión de más de 3.700 viviendas de carácter social, supuestamente abandonadas o porque no cumplen la función para la cual fueron otorgadas. Los beneficiarios presentaron denuncias en contra de la Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda) por presuntos abusos de poder y vulneración de derechos propietarios.
“Estamos aplicando la Ley 850 de reversión del beneficio de vivienda social, hemos relevado a más de 3.700 soluciones habitacionales en todo el país, verificando la condición de uso de las familias beneficiadas con proyectos del programa de vivienda social y solidaria, estamos en buen tramo avanzado, tendremos unos datos más concretos para informarles en un par de semanas”, señaló el viceministro, Javier Delgadillo.
Sin embargo, dijo que lo que falta es que el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (Fondesif) que está a cargo del fideicomiso reporte la cancelación de los contratos. “En todo caso es para que esas viviendas que han sido identificadas como abandonadas o como mal usadas pasen a propiedad de la Agencia Estatal de Vivienda, están en todo el país distribuidas”, dijo.
Por otra parte, los beneficiarios del distrito nueve del municipio de Achocalla del departamento de La Paz denunciaron que el 25 de octubre del año pasado fueron notificados con una resolución de contrato fechada el 17 del mismo, en la que se añade una carta con el cite 0127/2017 del 5 de octubre emitida por la (Aevivienda), sin dar la posibilidad a los vecinos de la Urbanización Amachuma demostrar el uso social de las viviendas.
En una carta dirigida a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), los representantes de los beneficiarios afectados señalan que después de una evaluación exhaustiva fueron aprobados y admitidos para ser beneficiarios del Programa de Vivienda Social Solidaria (PVS) del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas.
Sin embargo, denuncian que el proyecto derivó en un proceso penal en contra de los representantes de la empresa ejecutora Jorge Antonio I. y Claudio L.Q. por los cobros irregulares, mala calidad de la obra e incumplimiento en la entrega del proyecto habitacional. Los firmantes señalan que terminaron de construir las viviendas con sus recursos.
“¿Cómo pueden querer quitarnos las viviendas, si no se nos ha realizado la entrega provisional o definitiva de nuestras viviendas?,¿Cómo puede querer aplicar la ley 850, si no se ha cumplido con lo que señala en su reglamento en su artículo cuarto aprobado mediante resolución administrativa 125/2017 del 25 de agosto de 2017”, cuestionan los afectados.
De acuerdo a datos oficiales de Aevivienda, hasta la fecha se entregaron 46.923 soluciones habitacionales en el periodo 2012-2016.
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