“Si seguimos pensando que la minería es una actividad que genera empleo de manera masiva estamos errando, y en algunos de los casos genera excedentes como la minería privada y no así la estatal (…). En la actualidad, la minería formal es incapaz de crear fuentes de empleo, por lo mismo, muchos se dedican a la minería informal”, afirmó a ANF.
El investigador señaló que, en las actuales circunstancias, de los tres actores mineros: estatal, privado y cooperativista, el último sigue sin pagar el impuesto a las utilidades y eso no se ha modificado.
“Muchas de las empresas estatales han venido atravesando problemas lo que ha derivado en que no generen impuestos a las utilidades, a esto se suma que han tenido problemas en sus costos que en muchos casos ha derivado en despidos como es el caso estatal del Mutún, la operación nunca se concretó con la Jindal, se dilató la firma con la china y se optó por despedir a la gente, casos así se han dado muy seguido”, mencionó.
En el caso de la Empresa Minera Huanuni citó el anuncio reciente de que 500 trabajadores deben pasar al servicio pasivo porque la planilla es un problema para la empresa y no han podido superarlo.
“Las condiciones laborales en el sector minero son muy difíciles en este momento porque se está atravesando una crisis por falta de planificación en el sector y por tanto es muy difícil que se generen nuevas fuentes de empleo en el sector minero estatal”, sostuvo.
Clara muestra de esto dijo es la mina Huanuni, donde hay un grupo de jóvenes desocupados, oriundos de Huanuni, que exigen fuentes de empleo en esta empresa, sin embargo, el gerente anunció que requieren retirar hasta 500 trabajadores, mientras que el ingenio Lucianita todavía no tiene fecha de funcionamiento.
“En varios casos, la falta de fuentes de empleo en regiones mineras como Huanuni, Llallagua y Porco, derivan en que desocupados se dediquen el ilícito del jukeo (robo de minerales), y en muchos casos, con fatales consecuencias”, aseveró.
Zaconeta dijo que varias operaciones mineras privadas se han reducido y otras han optado por la terciarización de los servicios, y es lo que afecta. “Sabemos de empresas que prestan servicios a las mineras y llegan a conflictos y se presentan otros problemas de incumplimiento de beneficios, salarios, hay varios casos y no hay quien controle”, dijo.
La terciarización, como un mecanismo de ahorro en los costos de operación y desvinculación laboral según el investigador es lo más frecuente, desde las mineras más grandes hasta las más pequeñas. “Cómo podemos entender que trabajadores de la minera San Cristóbal, modelo de empresa minera tenga a sus trabajadores disconformes y movilizados”, cuestionó.
Cooperativas, las más vulnerables
En cuanto al sector cooperativo dijo que es aún más complejo porque no se tienen cifras definidas pues las más actualizadas datan de 2015 cuando el Ministerio de Minería y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) registró a 135.529 trabajadores en el sector mineros, de los cuales 121 mil eran cooperativistas, 1.900 estaban en la minería chica, 4.700 en la mediana minería y 7.575 en la estatal.
“Sabemos que hay muchas operaciones ilegales que todavía se amparan bajo la coraza de la minería cooperativizada, y es fácil darse cuenta que la minería privada no está generando nuevos empleos porque no se han desarrollado nuevos proyectos, no hay nuevas inversiones lo que hace pensar que eso no ha cambiado en la última década”, señaló.
El Cedla identificó al sector cooperativista como el más vulnerable en términos laborales por los constantes decesos de trabajadores como consecuencia de la intoxicación de gases de interior mina, por la falta de seguridad industrial.
“En el cerro Rico, en las minas más pequeñas se puede pensar que se está en el siglo pasado, incluso a finales de 1800, donde se ve gente trabajando con combo y cincel, otras avanzaron un poco más y cuentan con compresoras u otros equipos, pero al no existir una relación directa nadie está dispuesto a invertir en seguridad industrial, y es el mismo operador, el mismo trabajador minero que se expone a estas condiciones”, mencionó.
Dentro de las cooperativas dijo que comprobó la contratación de “segundas manos”, que llegan a ser empleados y subempleados de los socios cooperativistas.
“Hacen todo lo posible por abaratar los costos, que implica no disponer de las medidas de seguridad industrial, que no tienen cómo protegerse de los gases en interior mina o cuando se les cae algo en la cabeza”, dijo.
Consideró que hay un panorama muy adverso en la minería, que al ser primaria y no haber desarrollado una industria como tal, sigue dependiendo de los precios internacionales.
El investigador Alfredo Zaconeta afirmó que las condiciones laborales de los trabajadores mineros empeoraron, porque mientras la minería privada se flexibilizó al punto de terciarizar varios de sus servicios, la estatal se achicó y la cooperativa optó por el subempleo o la informalidad sin seguridad industrial.
/JMC/
