Opinión

6 de julio de 2017 10:41

Repsol Reloaded


Hace algunas semanas, la transnacional petrolera Repsol, presidida por Antonio Brufau, se reunió con el Presidente Evo Morales para acordar la extensión de cobertura de la empresa en los principales campos de producción del país. Hablaron de proyectos de interés y Morales le hizo saber a Brufau su satisfacción y confianza. Un trato cordialísimo que hace once años no hubiera sido posible.

Resulta disonante que Evo Morales se abrace con Repsol, transnacional cuyo historial de imposiciones, sumado al provecho obtenido en países latinoamericanos de coyunturas complejas, casi de dominación, y a sus constantes vulneraciones a los derechos humanos y al derecho ambiental, le han dejado como una de las transnacionales menos confiables del continente.

Como apunte legal, después de la llamada nacionalización, de la aplicación de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos y del D.S. N° 28701, la presencia de Repsol en Bolivia no varió; lo que dispuso la citada Ley, fue migrar de contratos, de los de riesgo compartido a los contratos de servicios (que en rigor, no son de servicios; al contrario, son un híbrido entre ésta modalidad y los contratos de asociación). El derecho de valorización de los yacimientos bolivianos, se mantiene en manos de las multinacionales, lo que les permite delimitar y fijar el rumbo de la industria petrolera en Bolivia. Los nuevos contratos han sido creados y concretados en la gestión de Evo Morales.

Repsol posee contratos que le dan la posibilidad de controlar 27 áreas de San Alberto y San Antonio; en dichas áreas se mantienen 43 campos de trabajo, de los cuales 27 son de explotación y el restante de exploración; en conjunto, la compañía tiene en Bolivia el control de 1.378.082 has., que representan el 49% del territorio que hoy se encuentra con operaciones petroleras.

Otro dato vital sobre Repsol, aunque en la actualidad esté sometida a mayor regulación que en los años 90 y haya visto reducidos sus márgenes de beneficio, es que continúa con una gran cantidad de control sobre sectores estratégicos. La realidad muestra que hay una especie de “pacto táctico” de Repsol en Bolivia, como también sucede en Ecuador y en Venezuela.

Esta nueva “sintonía” entre el gobierno boliviano y Repsol, representa una nueva alianza con las corporaciones extractivas, justificada en las inversiones realizadas por el país; pero si los réditos para las corporaciones resultasen menores a lo esperado, estas optarían por presionar para incrementar incentivos y facilidades para su actividad; este es precisamente el escenario económico y legal actual.

Repsol, consciente de su relación de dominio, utiliza esa “alianza” para modificar el marco normativo a su favor, pues expande sus fronteras extractivas y aumenta sus incentivos y rebajas fiscales; la vigencia del D.S. N° 2366 del 20 de mayo de 2015, permite el libre ingreso de las petroleras en áreas protegidas, con argumentos falaces, como la reducción de la pobreza dentro de las áreas de extracción y la gestión integral de la vida, y la Ley N° 767 del 11 de diciembre de 2015, que destina parte del IDH a incentivos para las empresas transnacionales, consolida un trato por demás beneficioso para Repsol, incluso más generoso que la del gasolinazo1. Todo esto ha mejorado la situación de Repsol, y es parte de una lógica de regulación del gobierno, basada en la flexibilización de la normativa ambiental.

El 2 de julio, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, afirmó: “Los ingresos por hidrocarburos tienen cada vez menos peso”. El subtexto de esta frase implica, o que los hidrocarburos lleguen a ser mucho menos importantes, o que el gobierno intente cambiar la matriz energética y apueste por alternativas menos dañinas. En todo caso, no hace falta ser economista, ni bloqueador de carreteras, para darse cuenta que esa información debe traducirse en un vuelco del marco legal actual de actividades hidrocarburíferas, compuesto por normas de flexibilización económica y ambiental.

Es paradójico, que Repsol tenga esta reactivación, muy a pesar de los procesos judiciales pendientes a los que debe responder. El tiempo dirá si el gobierno tuvo la razón o no.

Paola Cortés Martinez es abogada, docente investigadora en distintas universidades del país y máster en Derecho Ambiental.


NOTAS:

1 Carlos Arze Vargas, CEDLA - Grupo sobre Política Fiscal y de Desarrollo, 2015.