Opinión

11 de septiembre de 2017 10:06

Las elecciones judiciales, el poder político y la ética del candidato


El 2015, tras la renuncia del magistrado Jorge Von Borries a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el magistrado -recientemente autoidentificado como indígena originario campesino- Pastor Segundo Mamani Villca fue elegido como su sucesor.

Durante su presidencia, Mamani Villca no destacó precisamente por la actividad judicial, al contrario, fue públicamente reconocido por haberse declarado admirador del Presidente Evo Morales Ayma, en un acto público en Sucre donde expresó: “Me alegro que hoy esté nuestro presidente de los bolivianos Evo Morales y admiro la gestión que él ha desempeñado esta última década, sólo una persona de la talla como él puede hacer una verdadera revolución en el campo de la justicia en un trabajo conjunto entre los tres Órganos del Estado”. El jurista también consideró necesario abrir la Constitución Política del Estado y fue criticado con dureza. 

La Asamblea Legislativa seleccionó a Mamani como aspirante de entre seis candidatos al TCP por Potosí. Obtuvo una nota de 70, la cuarta más alta de la lista de ese departamento, los políticos justificaron la elección de Mamani y señalaron que cumplía con todos los requisitos para ser postulado, todo esto a pesar de las observaciones hacia el candidato. 

Pero ¿qué puede estar mal en que un Presidente del Supremo Tribunal y actual candidato al TCP declare su amor eterno a la primera autoridad política de un país? ¿Acaso los jueces no tienen derecho a expresar su admiración hacia un político? 

Ante las críticas, el Presidente del Senado José Alberto Gonzales dijo que, como cualquier ciudadano, en tanto no haya una sentencia ejecutoriada o alguna denuncia que ponga en tela de juicio su ética o moral, Mamani Villca no puede ser apartado de la carrera electoral. El primer postulado de Gonzales en apego estricto a la ley, es correcto, porque no existe una sentencia ejecutoriada contra el candidato. Sin embargo, en el campo de lo ético y moral habría que analizar los hechos con mayor cuidado. 

La ética tiene como centro de atención las acciones humanas, lo bueno o malo del comportamiento humano; no es coactiva puesto que no impone castigos legales porque sus normas no son leyes, en todo caso, ayuda a la justa aplicación de las normas legales en un Estado de derecho pero en sí misma no es punitiva sino que promueve una autorregulación.

Una sentencia ética vendría a ser una declaración moral que elabora aseveraciones y precisa lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. en lo referente a una acción, una decisión o una omisión. Por tanto, cuando alguien aplica una sentencia ética sobre otro, está haciendo un juicio moral. Se puede decir que la ética determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad, por eso se la define como la ciencia del comportamiento moral. 

Calamandrei escribió que “Los jueces son como los que pertenecen a una orden religiosa. Cada uno de ellos tiene que ser un ejemplo de virtud, si no quieren que los creyentes pierdan la fe”. La ética del juez versa sobre el deber ser en el ejercicio de su profesión, se basa en el cumplimiento a raja tabla de un mínimo de deberes. En ese sentido, el juez deber ser idóneo y excelente, indudablemente imparcial e independiente, esa es su ética, ese debe ser su carácter. 

La idoneidad y excelencia del juez se concretan en condiciones académicas o intelectuales y en valores personales y morales, respectivamente. La  imparcialidad e independencia se traducen en estos mismos valores personales, pero también en la vocación y valentía del juez, la cual se exige para que éste pueda enfrentar las presiones de personas o grupos de poder.

Retornando al candidato a magistrado -como se retorna al botón que basta de muestra para saber cómo serán las elecciones judiciales- e intentar responder las incógnitas hechas líneas arriba. 

Hay al menos tres hechos que ponen en tela de juicio su ética y moral:

1.Admiración por el poder político de turno. Un juez debe ser una persona que no se deje deslumbrar por el poder político, por ninguna clase de poder, la apuesta pública que hizo el candidato menoscabó notoriamente su imparcialidad e independencia como valores de la persona y como parte de su vocación y valentía frente a presiones de grupos de poder.

2.Reciente autoidentificación como indígena. Un juez debe tener la condición de conducirse con serenidad y ponderación, de resolver la situación que se le plantea con equilibrio emocional y con el único fin de hacer valer la justicia. Una mala lectura de la realidad y seguramente de su futuro electorado e incluso del eventual apoyo político que pueda tener el candidato, le hizo autoidentificarse como indígena. El hecho de que sea reciente devela una falta de carácter y equilibrio emocional y, por otro lado, indica un oportunismo desfasado, porque hoy es difícil aceptar que lo indígena sea la reserva moral del país, como en algún momento se pensó.

3.Lobby político. La semana pasada, la prensa evidenció la presencia del candidato Pastor Mamani Villca en la antesala del despacho de la presidenta Gabriela Montaño Viaña. Al respecto, retomo las palabras de Calamandrei, un juez debe ser ejemplo de virtud, perfecto para sus creyentes, éstos somos nosotros, la sociedad, quienes esperamos ética y justicia del futuro juez. Sin embargo, con el hecho in fraganti del candidato, queda claro que no es la sociedad a quien pretende servir, sino al poder político de turno y congraciarse con los objetivos de ese grupo de poder. 
Finalmente, las autoridades no emitieron la sentencia ética que correspondía al candidato oportunamente, porque hay un consenso político nítido para no hacerlo. 

En última instancia, como pregunta: ¿seremos nosotros, los ciudadanos, quienes definiremos en las urnas si el candidato no ético y admirador del poder político, sea nuevamente o no parte de la justicia boliviana? 

Dadas las reglas de juego y aún ganando el voto nulo, el candidato podría ser legalmente parte del TCP, tendría el cargo, pero nunca la ética ni la legitimidad necesarias para ser juez.

Paola Cortés Martinez es abogada, docente investigadora en distintas universidades del país y máster en Derecho Ambiental