Opinión

7 de octubre de 2017 22:33

Freír al pez gordo


Si me preguntan, llamarle “sustracción” a los escándalos de corrupción millonaria es un eufemismo. Junto con el uso indebido de influencias, la legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado y la malversación, el enriquecimiento ilícito es quizás uno de los delitos de corrupción más infame. Un sujeto se vale de su cargo para incrementar desproporcionadamente su patrimonio robándole al Estado y, en consecuencia, a nosotros los ciudadanos. En una semana, hemos conocido no uno, sino 6 hechos de corrupción millonaria, ¿más barato por docena? ¿Quién dijo micro-corrupción? ¡La corrupción en el país está organizada!

El jefe de operaciones de una agencia del Banco Estatal Unión, sustrajo cerca a 40 millones de bolivianos desde diciembre del año pasado, sin que nadie (pero nadie) se diera cuenta. Confiesa que al no haber ningún tipo de control, continuaron el saqueo. Se llevó decenas de millones pero la ASFI registró sólo dos retiros por un monto de 490 mil bolivianos. Hasta el momento, ninguna autoridad nos ha dicho ¿por qué un banco estatal no se percató del latrocinio semanal de entre 80 y 100 mil bolivianos? Según la Fiscalía, el jefe de operaciones del Banco estatal Unión, evadió por lo menos 4 controles para hacerse de los 20 millones: un gerente general de agencia como control rutinario, arqueos a fin de mes, arqueo en bóveda, otra jefatura de agencia que controlaba “minuciosamente” en bóveda, el sistema, el libro diario, actas, etc. además del sistema informático UCRO y auditoría interna. Bien, ninguno de los controles ha funcionado, ¿hay algo más que decir?

El Ministerio de Defensa ha convivido con la corrupción desde 2014; cinco casos identificados y 40 millones de dólares robados. La compra de Barcazas chinas Enabol ocasionó un daño de 28, 6 millones de dólares, la quiebra fraudulenta de la Empresa de Construcciones del Ejército ECE dejó un daño económico de más de 10 millones de dólares, el desvío de fondos a cuentas particulares en favor de una red de corrupción que trabajaba desde el interior del Ministerio, la adquisición de material para la confección de uniformes con sobreprecio y la sustracción de 3 millones de bolivianos, de los cuales lograron recuperar 2,5 millones porque el resto ya había sido destinado a compras por los corruptos. El mismísimo Director Administrativo del Ministerio de Defensa en 2015, Coronel de Ejército, “optó” por NO denunciar la corrupción del caso de 6 millones de bolivianos. 

Es axiomático que el Estado boliviano, aunque inflado, es débil cuando de lucha contra la corrupción se trata. Los casos son varios y la idea de éste texto no es hacer un recuento de corruptos ni un recuento de los daños ocasionados. Como ciudadanas y ciudadanos, tenemos derecho a mostrar indignación y hasta furia por la corrupción, la codicia y los dramáticos costes sociales que derivan de éstas. Es inaceptable que las autoridades responsables, cabezas de sector de las instituciones en las que ocurre la corrupción sistemáticamente, no hayan dimitido a sus cargos.

Quizás es hora de que los políticos oficialistas dejen de jugar a la revolución y se apliquen en el resguardo a las arcas del Estado. Está claro que no han podido ganarle el pulso a la corrupción. El gobierno ha manejado el combate contra la corrupción, más como estrategia de lucha política que como un sincero esfuerzo por atacar ese pernicioso y endémico mal social. Es un tema serio; el Papa Francisco, incluso, criticó duramente a la corrupción, especialmente cuando invade la política, señaló que los corruptos son “el anticristo” y que la corrupción es mucho más que un pecado grave porque el pecado se perdona, pero: “es difícil para un corrupto volver atrás” y citando a Jesús afirmó: “que los tiren al mar con una piedra atada al cuello”.

Es inverosímil que, en éstos y otros casos de corrupción no exista protección de parte de altos cargos o que los “controles” no se hayan hecho de la vista gorda.

Un académico de Harvard, Robert Klitgaard, sostiene que la corrupción obedece a una fórmula: “C=M+D-T”, cuando hay monopolio, hay discrecionalidad y no hay transparencia, hay tentación a la corrupción. Según su análisis, puede esperarse que la corrupción aumente con el grado de ineficiencia en el cual se desarrolla la actividad de las instituciones y destaca el grado de impunidad que exista para que el nivel de corrupción se incremente.

Entonces, lo que se necesita, ante todo, es tener un Estado eficiente, pero principalmente, atacar la sensación perniciosa de que hay impunidad, ya que la cultura de la corrupción se alimenta del sentimiento de impunidad, especialmente de la impunidad a alto nivel, lo que por lo general sucede bajo amparo de cómplices en la justicia. Para que el gobierno no pierda más credibilidad necesita abolir la ineficiencia y ser eficaz en la lucha contra la corrupción.

En Bolvia, como diría Klitgaard, es esencial: “freír al pez gordo”, es decir, castigar a los grandes corruptos, y mucho mejor si el pez gordo proviene del partido en el poder. 

Paola Cortés Martínez es abogada, docente investigadora en varias universidades del país y máster en Derecho Ambiental