Opinión

4 de agosto de 2017 12:00

Unidades de transparencia


Está en el despacho del presidente del Senado, José Alberto Gonzales para la revisión en esa cámara el proyecto de Ley Nr197/2017/2017 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, presentado por el Ministerio de Justicia y Transparencia y tramitado por la Cámara de Diputados. 

Dicho proyecto es un esfuerzo más del Estado Plurinacional ante sus fracasos sucesivos para prevenir delitos contra la administración pública, mientras una de las herramientas más eficientes como el Acceso a la Información Pública no puede convertirse en ley en once años del proceso de cambio.

El documento elaborado bajo el liderazgo de Héctor Arce consta de 30 artículos y varios otros de carácter transitorio para cambiar artículos de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e investigación de fortunas (2010) y la Ley de Participación y Control Social (2013).

El proyecto detalla las atribuciones de las unidades de transparencia que funcionarán en todos los niveles del estado, sus modalidades según la población (municipios menores a 30 mil habitantes), las tareas que deberán cumplir, cómo gestionarán las denuncias, cómo se harán los seguimientos y cómo se llegarán a las posibles sanciones. En una primera mirada, el proyecto parece aplicable y complementario a otras normas.

Sin embargo, llama la atención que los legisladores no hubiesen comentado otros asuntos claves en la prevención de la corrupción. En primer lugar, está la forma de selección de sus responsables. Se dejó de lado la absurda idea de que sea el presidente del Estado Plurinacional el que los designe, pero se da la atribución a la Máxima Autoridad. Justamente este cargo, como todos los de la Administración Pública que no son de libre nombramiento, debería ser ocupado con base a concurso de méritos y previa convocatoria.

Uno de los peores obstáculos del actual gobierno en sus deseos de superar los hechos de corrupción es el desorden en los nombramientos y la desinstitucionalización, contraria a los compromisos adquiridos por Bolivia al firmar las convenciones internacionales contra la corrupción. En la etapa democrática se logró la independencia de las unidades de auditoría interna para que respondan directamente a la Contraloría de la República. La interrupción de esa práctica y la politización del organismo de control son una de las explicaciones por el cúmulo de hechos de corrupción que enlodan actualmente a la administración central. 

El proyecto no prevé niveles de coordinación entre las tareas de auditoría y de transparencia. Mientras siguen las denuncias sobre los daños económicos al Estado.

Por Lupe Cajías 

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