Opinión

8 de mayo de 2017 10:32

La razón se impone a la fuerza


La detención contraria al derecho internacional de funcionarios públicos bolivianos durante un operativo destinado a reprimir el delito de contrabando, ha expuesto en carne  viva la impronta autoritaria  que domina los modelos mentales de muchas autoridades chilenas y que se sintetiza en el tristemente célebre lema nacional que figura en el escudo del país transandino: "Por la razón o la fuerza". 

La prueba más representativa de lo aseverado, es la condena sumaria y pública que realizó la Presidenta Bachelet, quien violando todas las garantías fundamentales al debido proceso y la presunción de inocencia los sentenció públicamente a nuestros connacionales diciendo que: “son nueve personas que están detenidas, que estaban en territorio chileno cometiendo delitos, se habían robado uno, quería robarse nueve camiones con productos”. Desafortunado prejuzgamiento que fue refrendado por el Canciller Heraldo Muñoz que remató señalando: “Quien ingrese a Chile ilegalmente o intente ejercer actos de soberanía en nuestro territorio se va preso”.  

Declaraciones inaceptables que como en los mejores tiempos de la dictadura pinochetista, implicaron una condena sumaria que está siendo aplicada disciplinada y ciegamente por todos  los aparatos judiciales chilenos, quienes no abren ni el más mínimo resquicio para solucionar el impase de manera justa y correcta. 

No obstante, vemos con optimismo que la razón poco a poco se va imponiendo a la fuerza y que dentro de Chile comienzan a levantarse voces autorizadas que con mucha honestidad intelectual - y valentía, hay que reconocerlo - intentan hacer entender a ese aparato inquisitorial que este incidente circunstancial  no es nada más que un hecho que debió ser abordado  desde el comienzo por conducto bilateral, bajo los principios universales de cortesía y reciprocidad internacional y bajo la observancia de las obligaciones que rigen la cooperación entre Estados en la lucha cointentos crímenes transnacionales.

Con ello me refiero específicamente  a las declaraciones del Agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia - Claudio Grossman - quien se comunicó con el subsecretario del Interior de Chile y visitó al pleno de la Corte Suprema de este país para manifestadiles la inquietud del equipo de la defensa de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, en la demanda marítima boliviana, por la "Prolongada detención de nueve bolivianos -dos militares y siete funcionarios de Aduanas (...) Además, manifestó su preocupación por los obstáculos que han enfrentado periodistas bolivianos para el desempeño de sus funciones en Chile" (La Tercera, 22 de abril de 2017). A su vez, el intelectual y embajador chileno José Luis Rodríguez Elizondo, también abogó por la liberación de los nueve bolivianos y criticó la penalización de esta nueva controversia entre Chile y Bolivia, señalando que “Aquí lo que ha pasado a mi juicio es una cosa muy clara, nosotros debimos haber tomado a estos soldados y haberlos puesto en su frontera” (CNN Chile 25 de abril de 2017) 

Declaraciones que seguramente tienen presente que dos veces y en el mismo mes de agosto del año 2016, el Gobierno de Bolivia por su propia iniciativa, actuando de buena fe y respetando las normas básicas de convivencia entre dos,pueblos vecinos, devolvió inmediatamente  primero a un ciudadano chileno que ingresó ilegalmente a territorio boliviano y que fue sorprendido realizando espionaje fotográfico del Puesto Militar Adelantado de los manantiales del Silala y más tarde, a dos carabineros chilenos quienes ingresaron a territorio boliviano y fueron sorprendidos reduciendo a un presunto narcotraficante. 

Por otra parte, estas voces que apelan a la razón también evidencian que la conducta de los poderes de Chile, además de crear una nueva controversia entre ambos Estados - que ciertamente seguirá siendo defendida internacionalmente - no hace más que seguir degradando la ya dañada imagen de un Gobierno que aunque usa en su discurso los valores de paz, amistad, cooperación y respeto del derecho internacional; en los hechos no hace más que penalizar las relaciones entre dos Pueblos que están predestinados a entenderse...no por la fuerza sino por la razón.  

Héctor Arce Zaconeta es abogado, actual Ministro de Justicia de Bolivia.

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