Activistas aseguran que el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo no se negocia. Foto:ANF
La Paz, 22 de marzo (ANF).- La Campaña 28 de Septiembre que aglutina a colectivos feministas, organizaciones e instituciones de mujeres demandó la despenalización total del aborto y se pronunció por la derogatoria de los artículos que regulan el aborto impune y que criminalizan a las mujeres que abortan por decisión propia en el nuevo Código del Sistema Penal.
En conferencia de prensa, las activistas de esa articulación, aseguraron que la ampliación de las causales del aborto impune en la propuesta de modificaciones de la norma penal no es suficiente ante la magnitud de la problemática del aborto inseguro que “pone en riesgo permanente la salud y la vida de las mujeres, especialmente de las más pobres”.
Sostienen que el artículo 157 incorporado en la propuesta de reformas no garantiza el derecho a la vida y el derecho a decidir de las mujeres y, al contrario “las criminaliza debido a que mantiene la orden de persecución” contra quienes decidan abortar.
Señalan que la propuesta vulnera varios artículos constitucionales, como el 14 que establece el derecho a no ser discriminado, el 15 que asegura el derecho a una vida sin violencia, sin tortura ni tratos crueles y, el 18 que reconoce el derecho a la salud sin exclusión ni discriminación.
A la par que se conocía el pronunciamiento de esta articulación de activistas feministas, y de organizaciones e instituciones que promueven el derecho a decidir de las mujeres, la Asociación Boliviana de educación Católica (ABEC) difundió un comunicado en el que aboga “por el derecho fundamental a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.
La asociación que aglutina a todas las obras de educación de la Iglesia Católica en Bolivia, asegura que la prevención del aborto será posible con “la enseñanza para el respeto a la vida y una educación para el amor”.
Pero según la Campaña 28 de Septiembre, en el debate de las reformas penales planteadas por el gobierno se está violando el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, relativo al principio de laicidad, “que establece que no debe haber intromisión de ninguna iglesia en las políticas públicas”.
La activista Patricia Brañez dijo a ANF que la legislación “no puede basarse en argumentos que apelen a la fe, sino en evidencias científicas, jurídicas y sociales que a esta altura han demostrado fehacientemente que la despenalización del aborto contribuye a disminuir la mortalidad de las mujeres”.
Dijo que muchos sectores confunden con sus erróneas interpretaciones de las reformas planteadas, “como el Colegio Médico que alertó sobre un supuesto desconocimiento de la objeción de conciencia, cuando ese derecho está garantizados a los proveedores de salud a nivel individual”.
Sostuvo que desde el activismo se exige “educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro para no morir”.
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