La Paz, 8 de marzo (ANF).- La vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Virginia Crespo, que fue denunciada por favorecer con un amparo a la empresa china CAMC, pidió al Juzgado Primero Anticorrupción anular la imputación que pesa en su contra.
La abogada de la investigada, Mónica Ramírez, dijo que se presentó ese pedido porque el Ministerio Público no fundamentó de manera correcta su acusación y ni siquiera identificó con claridad el acto ilegal que su defendida supuestamente cometió.
"Estamos presentando un incidente contra la nulidad de la imputación formal, (pero) ya se han promovido otros incidentes más y se tendrá que resolver todo en conjunto" antes de la audiencia cautelar, indicó Ramírez.
Agregó que la Fiscalía hace una interpretación fuera de contexto judicial de la resolución que emitió en su momento Crespo, como presidenta de la Sala Penal Primera.
"En ese entendido hemos planteado los incidentes, entendemos que la nueva audiencia de medidas cautelares se va a desarrollar a partir (de este mes) y lógicamente vamos a estar presentes, para (que) dentro de las reglas del debido proceso, la presunción constitucional de inocencia, se pueda demostrar primero (o) resolver la nulidad de la imputación formal por estas incongruencias", remarcó.
Anteriormente el Ministerio Público solicitó en su imputación la detención preventiva de los vocales del TDJ de La Paz, Virginia Crespo y Willy Arias, por presuntamente haber favorecido en un amparo constitucional a la empresa china.
Ambos vocales fueron procesados por los delitos de incumplimiento de deberes y prevaricato. En la audiencia de medidas cautelares se definirá su situación jurídica.
El 2015, la empresa china CAMC -en la que Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, era gerente comercial- presentó un amparo constitucional para dejar sin efecto la ejecución de las boletas de garantía del proyecto de la vía férrea Montero -Bulo Bulo, Tramo I.
El recurso fue admitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que luego falló en favor de CAMC.
Luego el 2016, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) denegó la solicitud de la empresa china CAMC, dando vía libre a la ejecución de la boleta de garantía a las entidades bancarias BISA SA y Banco Nacional de Bolivia SA; en consecuencia el Ministerio de Obras Pública interpuso una demanda penal contra los mencionados vocales.
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