La Paz, 22 de agosto (ANF).- La Policía Boliviana ordenó el repliegue de los uniformados que están destinados en el municipio de Achacachi después de que los pobladores de esa región del altiplano paceño determinaron radicalizar sus medidas de presión, mientras los fiscales que investigan los hechos de violencia de febrero y los presuntos actos irregulares del alcalde Edgar Ramos también decidieron no ingresar todavía a esa población.
“Teníamos información de que ciudadanos enardecidos querían realizar una toma de la Policía en Achacachi y por razones de seguridad los policías (ahora) están replegados”, dijo el comandante de la Policía Boliviana, general Abel de la Barra.
Por su parte, el fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, dijo que el Ministerio Público también atraviesa problemas en su tarea investigativa dentro del municipio de Achacachi en medio de los conflictos que persisten en esa localidad.
“El Ministerio Público ha tenido muchos tropiezos para ingresar a realizar registros y solicitar documentación a la Alcaldía de Achacachi porque como ustedes saben, a la fecha, la Alcaldía sigue cerrada, (por tanto) realizar un registro del lugar implicaría poner en riesgo la vida de los fiscales”, alertó Blanco.
El conflicto en la población de Achacachi se agravó en las últimas horas porque tres de sus vecinos fueron enviados a la cárcel con detención preventiva, acusados de ser parte de los violentos hechos de saqueo y quema de viviendas del 14 y 15 de febrero pasado.
Al momento en Achacachi se registran varios puntos de bloqueo de vías en demanda de la liberación de los detenidos y según el presidente del Comité Cívico de Achacachi, Elsner Larrazábal, las protestas continuarán porque los manifestantes consideran que la justicia actúa sólo en contra de los vecinos y no asume ninguna acción contra la presunta administración irregular del alcalde Ramos.
Por eso incluso el día de ayer en un cabildo “se ha determinado dar 72 horas a estos señores del Juzgado del Tribunal de Achacachi para que recojan sus cosas (y se vayan), nosotros no queremos este tipo de justicia (…), después de las 72 horas nosotros vamos a tapiar todo el juzgado, a partir de hoy rige la justicia comunitaria en Achacachi”, sentenció Larrazábal.
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